Los datos provienen del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el informe, “se estima que la carga mensual asociada a los servicios de la deuda de las familias representó 24,1% de la masa salarial en abril (16,9% de la masa salarial amplia y 4,6% del PIB)”, cifra que supera ligeramente la registrada en el último informe de este tipo.
De acuerdo con una consultora especializada, este fenómeno está estrechamente relacionado con la caída de los ingresos de millones de habitantes. El informe señaló que “la fuerte caída del ingreso real registrado y disponible de 14,5 millones de personas en lo que va de la gestión Milei” ha sido un factor clave en el aumento de la morosidad. Adicionalmente, los analistas subrayaron que el deterioro del empleo formal —tanto en el sector público como en el privado— ha sido reemplazado por trabajos en “servicios de baja productividad, principalmente cuentapropista y no registrado”.
La morosidad en el crédito al sector privado se multiplicó casi por cinco en un periodo de 18 meses, elevándose del 2% en noviembre de 2024 al 9,7% en mayo de 2026. En este sentido, el incumplimiento es más pronunciado entre las personas que entre las empresas: la tasa de morosidad en individuos llegó al 16,1%, mientras que en empresas fue del 3,5%. La situación resulta más alarmante en entidades no financieras, donde la morosidad alcanzó el 30,3%, en comparación con el 7,6% en entidades financieras.
En este panorama, el número de deudores en situación irregular ha crecido de manera exponencial. En dos años, los deudores con retrasos aumentaron de 2,4 a 5,8 millones de argentinos. La consultora resaltó que “la población adulta de Argentina alcanza 34,7 millones, de los cuales 20,7 millones —casi 60%— tiene financiamiento formal”. Entre quienes accedieron a crédito, el 28% se encuentra actualmente en mora, una cifra que supera notablemente el ratio entre monto en mora y el total prestado.
La morosidad no se limita exclusivamente al crédito bancario. Se advirtió que los ingresos de los hogares resultan insuficientes para afrontar los gastos corrientes, lo que ha provocado un incremento no solo en la morosidad de los créditos, sino también en los atrasos en el pago de expensas, cuotas de medicina prepaga, clubes y otros compromisos habituales.
El aumento en la carga financiera se produce en un marco de cambios en las condiciones crediticias. Durante este periodo, “la tasa de interés real de créditos a personas se ha vuelto significativamente positiva” y dejó de licuarse por el efecto de la inflación. Además, se incrementó considerablemente en la previa electoral de 2025, en medio de una creciente presión cambiaria. Esta situación llevó a que, en solo 24 meses, la carga de los servicios del crédito a personas en entidades financieras pasara del 8,7% al alrededor de 25% de la masa salarial formal.
El crédito, en particular aquel en pesos destinado a individuos, mostró una disminución desde mediados de 2025, mientras los bancos endurecieron las condiciones para el otorgamiento de financiamiento ante el aumento de la irregularidad en los pagos.
Según el informe, el número de personas que recurrió a préstamos en entidades financieras y no financieras ascendió de 17,1 a 20,7 millones en dos años. Este incremento puede atribuirse a una “mayor inclusión financiera, así como a un auge del consumo o a crecientes dificultades para llegar a fin de mes”.
En este contexto, el crecimiento de personas en mora ha sido predominantemente explicado por quienes solo accedieron a préstamos no bancarios, debido a la dificultad de acceder a créditos tradicionales. “El incumplimiento de quienes tomaron crédito únicamente con entidades no financieras —debido a la dificultad para acceder a préstamos bancarios— supera el 50%”, subrayó el documento.
Las disparidades también se observan en términos generacionales y geográficos. Solo el 40% de los jóvenes de 18 a 29 años cuenta con acceso al crédito formal, y casi el 40% de quienes lo tienen ya enfrenta mora. En el norte del país, el porcentaje de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro y en provincias como Neuquén se sitúa por debajo del promedio nacional.
Como respuesta por parte del sistema financiero, las entidades han comenzado a ofrecer plazos más largos y tasas más bajas para regularizar deudas, aunque la consultora advierte que “no será sencillo sin una mejora significativa en el ingreso disponible de las personas”. La falta de recuperación de la demanda interna y la exclusión de casi 6 millones de personas del acceso a préstamos formales configuran un escenario restrictivo para la economía local.
“Los ingresos insuficientes de las familias no solo inciden en el repago de préstamos formales: los atrasos en expensas, pago de prepagas, cuotas de clubes, etc., también han aumentado. Parecería que el auge del crédito ocultó temporalmente el deterioro de la situación financiera de los agentes económicos. Por lo tanto, revertir la anemia de la demanda interna de los últimos cinco trimestres no será fácil”, concluyó el informe.
Los datos provienen del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el informe, “se estima que la carga mensual asociada a los servicios de la deuda de las familias representó 24,1% de la masa salarial en abril (16,9% de la masa salarial amplia y 4,6% del PIB)”, cifra que supera ligeramente la registrada en el último informe de este tipo.
De acuerdo con una consultora especializada, este fenómeno está estrechamente relacionado con la caída de los ingresos de millones de habitantes. El informe señaló que “la fuerte caída del ingreso real registrado y disponible de 14,5 millones de personas en lo que va de la gestión Milei” ha sido un factor clave en el aumento de la morosidad. Adicionalmente, los analistas subrayaron que el deterioro del empleo formal —tanto en el sector público como en el privado— ha sido reemplazado por trabajos en “servicios de baja productividad, principalmente cuentapropista y no registrado”.
La morosidad en el crédito al sector privado se multiplicó casi por cinco en un periodo de 18 meses, elevándose del 2% en noviembre de 2024 al 9,7% en mayo de 2026. En este sentido, el incumplimiento es más pronunciado entre las personas que entre las empresas: la tasa de morosidad en individuos llegó al 16,1%, mientras que en empresas fue del 3,5%. La situación resulta más alarmante en entidades no financieras, donde la morosidad alcanzó el 30,3%, en comparación con el 7,6% en entidades financieras.
En este panorama, el número de deudores en situación irregular ha crecido de manera exponencial. En dos años, los deudores con retrasos aumentaron de 2,4 a 5,8 millones de argentinos. La consultora resaltó que “la población adulta de Argentina alcanza 34,7 millones, de los cuales 20,7 millones —casi 60%— tiene financiamiento formal”. Entre quienes accedieron a crédito, el 28% se encuentra actualmente en mora, una cifra que supera notablemente el ratio entre monto en mora y el total prestado.
La morosidad no se limita exclusivamente al crédito bancario. Se advirtió que los ingresos de los hogares resultan insuficientes para afrontar los gastos corrientes, lo que ha provocado un incremento no solo en la morosidad de los créditos, sino también en los atrasos en el pago de expensas, cuotas de medicina prepaga, clubes y otros compromisos habituales.
El aumento en la carga financiera se produce en un marco de cambios en las condiciones crediticias. Durante este periodo, “la tasa de interés real de créditos a personas se ha vuelto significativamente positiva” y dejó de licuarse por el efecto de la inflación. Además, se incrementó considerablemente en la previa electoral de 2025, en medio de una creciente presión cambiaria. Esta situación llevó a que, en solo 24 meses, la carga de los servicios del crédito a personas en entidades financieras pasara del 8,7% al alrededor de 25% de la masa salarial formal.
El crédito, en particular aquel en pesos destinado a individuos, mostró una disminución desde mediados de 2025, mientras los bancos endurecieron las condiciones para el otorgamiento de financiamiento ante el aumento de la irregularidad en los pagos.
Según el informe, el número de personas que recurrió a préstamos en entidades financieras y no financieras ascendió de 17,1 a 20,7 millones en dos años. Este incremento puede atribuirse a una “mayor inclusión financiera, así como a un auge del consumo o a crecientes dificultades para llegar a fin de mes”.
En este contexto, el crecimiento de personas en mora ha sido predominantemente explicado por quienes solo accedieron a préstamos no bancarios, debido a la dificultad de acceder a créditos tradicionales. “El incumplimiento de quienes tomaron crédito únicamente con entidades no financieras —debido a la dificultad para acceder a préstamos bancarios— supera el 50%”, subrayó el documento.
Las disparidades también se observan en términos generacionales y geográficos. Solo el 40% de los jóvenes de 18 a 29 años cuenta con acceso al crédito formal, y casi el 40% de quienes lo tienen ya enfrenta mora. En el norte del país, el porcentaje de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro y en provincias como Neuquén se sitúa por debajo del promedio nacional.
Como respuesta por parte del sistema financiero, las entidades han comenzado a ofrecer plazos más largos y tasas más bajas para regularizar deudas, aunque la consultora advierte que “no será sencillo sin una mejora significativa en el ingreso disponible de las personas”. La falta de recuperación de la demanda interna y la exclusión de casi 6 millones de personas del acceso a préstamos formales configuran un escenario restrictivo para la economía local.
“Los ingresos insuficientes de las familias no solo inciden en el repago de préstamos formales: los atrasos en expensas, pago de prepagas, cuotas de clubes, etc., también han aumentado. Parecería que el auge del crédito ocultó temporalmente el deterioro de la situación financiera de los agentes económicos. Por lo tanto, revertir la anemia de la demanda interna de los últimos cinco trimestres no será fácil”, concluyó el informe.
