El esquema que evalúa el Gobierno contempla mantener una referencia de aumentos del 2% mensual para las negociaciones paritarias y complementarla con sumas fijas o bonos. El objetivo sería que los salarios brutos correspondientes a las categorías de menores ingresos alcancen un piso de $1.070.000, equivalente a unos $860.000 de salario neto.
Desde el sector sindical, sin embargo, cuestionaron que la propuesta presentada hasta el momento no refleja ese objetivo. Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la CGT, sostuvo que la oferta concreta fue llevar el salario mínimo a $468.000 en abril del próximo año y anticipó que las centrales no la aceptarían.
La decisión de la CGT y las dos CTA se produjo luego de una reunión preliminar en la que el sector empresario propuso incrementos de 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre, con ajustes posteriores hasta abril.
En paralelo, las tres centrales sindicales plantearon que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) llegue a $993.000 hacia fin de año.
Actualmente, el salario mínimo se ubica en $376.600 mensuales. En tanto, la canasta básica para una familia tipo alcanza los $1.500.000, mientras que el umbral de indigencia se encuentra en torno a los $700.000 por hogar.
La posibilidad de elevar el piso salarial mediante bonos o sumas fijas se conoció después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara una línea de créditos hipotecarios respaldada por recursos de la ANSES y se refiriera a la necesidad de avanzar en materia de justicia social.
Ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno analiza implementar un mecanismo que permita garantizar un piso de ingresos para las categorías comprendidas en los convenios colectivos. La alternativa bajo estudio contempla utilizar bonos o sumas fijas no remunerativas para complementar los incrementos definidos en las negociaciones paritarias.
Desde el Ejecutivo sostienen que la discusión sobre ese piso debería desarrollarse en las negociaciones particulares de cada sindicato con las empresas comprendidas en los respectivos convenios colectivos y no necesariamente a través del salario mínimo.
Otro de los puntos de conflicto fue la modalidad de la reunión. Desde el Gobierno cuestionaron la negativa sindical a participar de una instancia por videoconferencia y plantearon que un encuentro presencial podía favorecer la movilización de trabajadores.
La representación oficial en la reunión quedó a cargo de la subsecretaria de Relaciones de Trabajo, Claudia Testa, sin participación de funcionarios de mayor jerarquía.
Sin consenso en el Consejo del Salario, queda ahora en manos del Gobierno la definición sobre el nuevo monto del salario mínimo y el eventual mecanismo para establecer un incremento mediante decreto.
El esquema que evalúa el Gobierno contempla mantener una referencia de aumentos del 2% mensual para las negociaciones paritarias y complementarla con sumas fijas o bonos. El objetivo sería que los salarios brutos correspondientes a las categorías de menores ingresos alcancen un piso de $1.070.000, equivalente a unos $860.000 de salario neto.
Desde el sector sindical, sin embargo, cuestionaron que la propuesta presentada hasta el momento no refleja ese objetivo. Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la CGT, sostuvo que la oferta concreta fue llevar el salario mínimo a $468.000 en abril del próximo año y anticipó que las centrales no la aceptarían.
La decisión de la CGT y las dos CTA se produjo luego de una reunión preliminar en la que el sector empresario propuso incrementos de 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre, con ajustes posteriores hasta abril.
En paralelo, las tres centrales sindicales plantearon que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) llegue a $993.000 hacia fin de año.
Actualmente, el salario mínimo se ubica en $376.600 mensuales. En tanto, la canasta básica para una familia tipo alcanza los $1.500.000, mientras que el umbral de indigencia se encuentra en torno a los $700.000 por hogar.
La posibilidad de elevar el piso salarial mediante bonos o sumas fijas se conoció después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara una línea de créditos hipotecarios respaldada por recursos de la ANSES y se refiriera a la necesidad de avanzar en materia de justicia social.
Ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno analiza implementar un mecanismo que permita garantizar un piso de ingresos para las categorías comprendidas en los convenios colectivos. La alternativa bajo estudio contempla utilizar bonos o sumas fijas no remunerativas para complementar los incrementos definidos en las negociaciones paritarias.
Desde el Ejecutivo sostienen que la discusión sobre ese piso debería desarrollarse en las negociaciones particulares de cada sindicato con las empresas comprendidas en los respectivos convenios colectivos y no necesariamente a través del salario mínimo.
Otro de los puntos de conflicto fue la modalidad de la reunión. Desde el Gobierno cuestionaron la negativa sindical a participar de una instancia por videoconferencia y plantearon que un encuentro presencial podía favorecer la movilización de trabajadores.
La representación oficial en la reunión quedó a cargo de la subsecretaria de Relaciones de Trabajo, Claudia Testa, sin participación de funcionarios de mayor jerarquía.
Sin consenso en el Consejo del Salario, queda ahora en manos del Gobierno la definición sobre el nuevo monto del salario mínimo y el eventual mecanismo para establecer un incremento mediante decreto.
