La falta de un acuerdo entre ambas áreas mantiene en discusión la posición definitiva del Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada sostienen que la aprobación legislativa no implica una aceptación automática de las modificaciones impulsadas por los propios diputados oficialistas, especialmente si comprometen las cuentas públicas.
Pese a las diferencias, La Libertad Avanza pretende llevar el proyecto al recinto con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales que participaron de las negociaciones. En el oficialismo advierten que reabrir el texto acordado podría debilitar los apoyos parlamentarios y facilitar nuevos intentos de la oposición para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad.
Dentro del Gobierno también hay sectores que consideran necesario sostener el cronograma legislativo y evitar una nueva negociación que altere los acuerdos alcanzados. Sin embargo, algunos artículos vinculados con las prestaciones y las partidas para financiarlas continúan bajo discusión entre los bloques aliados.
El conflicto se originó en torno a una propuesta del oficialismo que no obtuvo una validación integral de las áreas de Economía, Salud y Legal y Técnica. El dictamen consiguió 42 firmas en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, frente a las 36 del texto opositor, pero mantiene disposiciones que entran en tensión con los cambios previstos por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2027.
Para intentar acercar posiciones, el Gobierno realizó una reunión el 29 de septiembre con la participación de Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy. El objetivo fue revisar los aspectos jurídicos, presupuestarios y parlamentarios de la iniciativa. No obstante, las conversaciones posteriores no lograron consolidar una postura común.
Las diferencias quedaron expuestas el 13 de octubre, durante el debate del Presupuesto en Diputados. En esa oportunidad, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció que el Ejecutivo habría preferido una alternativa distinta y dejó en manos del Congreso la resolución legislativa. Al mismo tiempo, aseguró que el proyecto presupuestario contempla recursos para las prestaciones y las pensiones no contributivas por discapacidad, incluso si se aprueba una propuesta diferente de la originalmente planteada por el Gobierno.
Según las cifras expuestas durante el debate, el área económica prevé aproximadamente $7,25 billones para pensiones y cobertura médica, mientras que el costo adicional estimado del nuevo régimen ronda los $600.000 millones, equivalente a cerca del 0,04% del producto bruto interno (PBI).
La discusión no se limita al monto total de los recursos. Uno de los principales puntos de desacuerdo es el mecanismo de actualización de los aranceles del nomenclador y las obligaciones permanentes que asumiría el Estado. El dictamen de mayoría conserva referencias al sistema de actualización vigente, mientras que el Presupuesto 2027 propone cambios que podrían modificar la uniformidad de los valores y habilitar nuevas condiciones para que los financiadores establezcan sus aranceles.
El proyecto también contempla pensiones no contributivas, cobertura sanitaria, compatibilidad con determinados ingresos laborales y un cronograma para cancelar compensaciones adeudadas a prestadores. Los bloques aliados reclaman que estos compromisos cuenten con partidas presupuestarias claramente identificadas y no queden sujetos únicamente a una reglamentación posterior. En las últimas conversaciones se analizaron cambios en las fuentes de financiamiento, en particular en los artículos 5 y 7.
El escenario parlamentario agrega presión a las negociaciones. El oficialismo logró impedir el quórum en una sesión opositora en la que se buscaba debatir la derogación del DNU 70/2023 y la extensión de la emergencia, pero necesita conservar el respaldo de los bloques dialoguistas para avanzar con su propia iniciativa. En ese proceso, el Gobierno ya aceptó disposiciones diferentes de las que había propuesto originalmente.
Si el proyecto obtiene media sanción en Diputados, el Senado podrá introducir modificaciones antes de que concluya el trámite legislativo. En el Ejecutivo consideran que esa instancia podría permitir una revisión de los artículos cuestionados por el área económica, aunque reconocen que las mismas diferencias volverán a plantearse durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
Un eventual veto solo podrá concretarse una vez que el proyecto tenga sanción definitiva de ambas cámaras. Por ahora, el Gobierno no definió formalmente qué artículos podría observar. Además, la Constitución Nacional establece condiciones para la promulgación parcial de una ley: las disposiciones restantes deben ser autónomas y su aplicación no puede alterar la unidad del texto aprobado.
El calendario político también influye en la discusión. El Gobierno busca evitar que el conflicto se profundice antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El itinerario anunciado contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el lunes 9, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. En el Ejecutivo reconocen que la actividad podría dar mayor visibilidad a los reclamos del sector.
De esta manera, el oficialismo enfrenta dos instancias de negociación: conseguir los votos para avanzar con la ley y resolver las diferencias presupuestarias antes de una eventual sanción definitiva. La sesión del 21 de octubre continúa en agenda, mientras Economía mantiene sus objeciones y los bloques aliados reclaman garantías sobre el financiamiento. Por ahora, la Casa Rosada no descarta un veto, aunque tampoco tomó una decisión formal al respecto.
La falta de un acuerdo entre ambas áreas mantiene en discusión la posición definitiva del Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada sostienen que la aprobación legislativa no implica una aceptación automática de las modificaciones impulsadas por los propios diputados oficialistas, especialmente si comprometen las cuentas públicas.
Pese a las diferencias, La Libertad Avanza pretende llevar el proyecto al recinto con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales que participaron de las negociaciones. En el oficialismo advierten que reabrir el texto acordado podría debilitar los apoyos parlamentarios y facilitar nuevos intentos de la oposición para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad.
Dentro del Gobierno también hay sectores que consideran necesario sostener el cronograma legislativo y evitar una nueva negociación que altere los acuerdos alcanzados. Sin embargo, algunos artículos vinculados con las prestaciones y las partidas para financiarlas continúan bajo discusión entre los bloques aliados.
El conflicto se originó en torno a una propuesta del oficialismo que no obtuvo una validación integral de las áreas de Economía, Salud y Legal y Técnica. El dictamen consiguió 42 firmas en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, frente a las 36 del texto opositor, pero mantiene disposiciones que entran en tensión con los cambios previstos por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2027.
Para intentar acercar posiciones, el Gobierno realizó una reunión el 29 de septiembre con la participación de Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy. El objetivo fue revisar los aspectos jurídicos, presupuestarios y parlamentarios de la iniciativa. No obstante, las conversaciones posteriores no lograron consolidar una postura común.
Las diferencias quedaron expuestas el 13 de octubre, durante el debate del Presupuesto en Diputados. En esa oportunidad, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció que el Ejecutivo habría preferido una alternativa distinta y dejó en manos del Congreso la resolución legislativa. Al mismo tiempo, aseguró que el proyecto presupuestario contempla recursos para las prestaciones y las pensiones no contributivas por discapacidad, incluso si se aprueba una propuesta diferente de la originalmente planteada por el Gobierno.
Según las cifras expuestas durante el debate, el área económica prevé aproximadamente $7,25 billones para pensiones y cobertura médica, mientras que el costo adicional estimado del nuevo régimen ronda los $600.000 millones, equivalente a cerca del 0,04% del producto bruto interno (PBI).
La discusión no se limita al monto total de los recursos. Uno de los principales puntos de desacuerdo es el mecanismo de actualización de los aranceles del nomenclador y las obligaciones permanentes que asumiría el Estado. El dictamen de mayoría conserva referencias al sistema de actualización vigente, mientras que el Presupuesto 2027 propone cambios que podrían modificar la uniformidad de los valores y habilitar nuevas condiciones para que los financiadores establezcan sus aranceles.
El proyecto también contempla pensiones no contributivas, cobertura sanitaria, compatibilidad con determinados ingresos laborales y un cronograma para cancelar compensaciones adeudadas a prestadores. Los bloques aliados reclaman que estos compromisos cuenten con partidas presupuestarias claramente identificadas y no queden sujetos únicamente a una reglamentación posterior. En las últimas conversaciones se analizaron cambios en las fuentes de financiamiento, en particular en los artículos 5 y 7.
El escenario parlamentario agrega presión a las negociaciones. El oficialismo logró impedir el quórum en una sesión opositora en la que se buscaba debatir la derogación del DNU 70/2023 y la extensión de la emergencia, pero necesita conservar el respaldo de los bloques dialoguistas para avanzar con su propia iniciativa. En ese proceso, el Gobierno ya aceptó disposiciones diferentes de las que había propuesto originalmente.
Si el proyecto obtiene media sanción en Diputados, el Senado podrá introducir modificaciones antes de que concluya el trámite legislativo. En el Ejecutivo consideran que esa instancia podría permitir una revisión de los artículos cuestionados por el área económica, aunque reconocen que las mismas diferencias volverán a plantearse durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
Un eventual veto solo podrá concretarse una vez que el proyecto tenga sanción definitiva de ambas cámaras. Por ahora, el Gobierno no definió formalmente qué artículos podría observar. Además, la Constitución Nacional establece condiciones para la promulgación parcial de una ley: las disposiciones restantes deben ser autónomas y su aplicación no puede alterar la unidad del texto aprobado.
El calendario político también influye en la discusión. El Gobierno busca evitar que el conflicto se profundice antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El itinerario anunciado contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el lunes 9, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. En el Ejecutivo reconocen que la actividad podría dar mayor visibilidad a los reclamos del sector.
De esta manera, el oficialismo enfrenta dos instancias de negociación: conseguir los votos para avanzar con la ley y resolver las diferencias presupuestarias antes de una eventual sanción definitiva. La sesión del 21 de octubre continúa en agenda, mientras Economía mantiene sus objeciones y los bloques aliados reclaman garantías sobre el financiamiento. Por ahora, la Casa Rosada no descarta un veto, aunque tampoco tomó una decisión formal al respecto.
