El pedido fue presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación. La letrada solicitó una evaluación preventiva del riesgo y la adopción de medidas para resguardar su integridad, la de su hijo y la de las personas de su círculo familiar y laboral. También pidió que sus datos personales y los de sus allegados permanezcan bajo estricta confidencialidad.
La presentación se produjo después de que uno de los inversores vinculados al expediente cuestionara el pedido de sobreseimiento del presidente Javier Milei, Davis y los demás acusados, al señalar que no se había convocado previamente a la abogada ni a otros posibles testigos propuestos para impulsar la investigación.
Según explicó la letrada, la difusión de su apellido en ese planteo volvió a vincularla públicamente con una causa de fuerte exposición política e institucional. Afirmó que, desde que el caso tomó estado público en febrero de 2025, atravesó distintas situaciones que afectaron su tranquilidad y modificaron aspectos de su vida cotidiana.
Entre los episodios relatados, mencionó un hecho ocurrido cuando la investigación comenzaba a adquirir mayor repercusión. Según su testimonio, una persona se presentó a unos 100 metros de su vivienda, afirmó pertenecer a los servicios secretos y le transmitió una advertencia para que se cuidara. La persona también habría demostrado conocer su domicilio, circunstancia que la llevó a abandonar esa residencia.
La abogada destacó que no se trató de una comunicación telefónica ni de un mensaje anónimo, sino de un encuentro presencial en el que, según sostuvo, quedó expuesta información de su esfera privada que no debía ser de conocimiento público.
En el escrito también describió un episodio que habría involucrado a un colaborador de su estudio jurídico mientras ella asesoraba a Davis en asuntos legales en el país. De acuerdo con su relato, al menos cinco personas abordaron al empleado y lo trasladaron a un salón reservado de un hotel de Retiro, donde dijeron ser integrantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Durante ese encuentro, las personas habrían formulado preguntas sobre la abogada, su relación profesional con Davis y su vínculo con el Presidente. También consultaron sobre las actividades del empresario estadounidense en la Argentina, los lugares que había visitado y las reuniones que habría mantenido con funcionarios nacionales y personas del ámbito privado.
Otro de los temas abordados fue la posible firma de documentos durante los viajes de Davis al país. Según la presentación, los interlocutores buscaron conocer si existían esos papeles y quiénes podían tener sus originales o copias.
La reunión habría ocurrido durante la segunda quincena de marzo de 2025, y los detalles del episodio trascendieron al mes siguiente. Sin embargo, la abogada aclaró que no puede confirmar que las personas involucradas pertenecieran efectivamente a los organismos de inteligencia que dijeron representar. En ese sentido, evitó atribuirles una identidad institucional que no está en condiciones de acreditar, aunque aseguró que el encuentro tuvo lugar.
La presentación también hizo referencia a hackeos y accesos no autorizados a sus redes sociales. La letrada señaló que algunos de esos episodios habían sido documentados y tuvieron repercusión pública, pero no responsabilizó a una persona determinada ni afirmó que, por sí solos, demostraran la existencia de una amenaza actual. Su planteo apunta a que todos esos antecedentes sean evaluados en conjunto.
En otro tramo del escrito, la abogada manifestó preocupación por tener que solicitar protección ante autoridades judiciales cuya actuación en la causa también es objeto de cuestionamientos. En particular, aludió a las críticas relacionadas con un presunto favorecimiento de la situación procesal del Presidente y sostuvo que ese contexto incrementa su vulnerabilidad y hace necesario extremar las medidas de confidencialidad.
También expresó inquietud por el clima de confrontación pública alrededor del caso. Como antecedente, mencionó declaraciones de Milei durante un acto realizado el 23 de octubre de 2026, en el que el mandatario se refirió a periodistas que habían cubierto la investigación y afirmó que eran personas que debían “quemarse en la hoguera”.
Aunque la abogada no fue nombrada en ese discurso, sostuvo que las expresiones le generaron preocupación por el contexto de exposición pública en el que se encuentra. De todos modos, aclaró que no considera que esas palabras constituyan, por sí mismas, una amenaza dirigida contra ella ni atribuyó al Presidente una intención específica respecto de su persona.
Las consecuencias sobre su vida cotidiana también forman parte del pedido. La letrada afirmó que dejó su anterior vivienda y que actualmente reside de manera temporal en un departamento de bajo perfil en la Ciudad de Buenos Aires, con seguridad permanente. Solicitó que la dirección se mantenga reservada y que cualquier información adicional necesaria para evaluar su situación sea presentada bajo confidencialidad.
En cuanto a su hijo, mayor de edad y residente en la provincia de Buenos Aires, advirtió que la divulgación de datos sobre su domicilio, vehículo, actividades deportivas o desplazamientos podría exponerlo, pese a que no tiene participación en los hechos investigados. Según explicó, limitó los encuentros personales con él por temor a que sus propios movimientos permitieran identificarlo o reconstruir sus rutinas. No obstante, aclaró que no tiene conocimiento de que su hijo esté siendo seguido.
La solicitud también incluye a su hermano, abogado que trabaja con ella en el estudio jurídico. La letrada pidió que su vínculo familiar y profesional sea considerado en la evaluación preventiva, aunque precisó que no denunció amenazas concretas contra él.
Finalmente, requirió que la Justicia disponga una evaluación técnica urgente del riesgo, determine las medidas de protección que considere adecuadas y preserve la información que pueda facilitar la localización de ella o de sus familiares. También pidió que, si se identifican necesidades inmediatas de resguardo, las medidas correspondientes no queden supeditadas a la finalización de esa evaluación.
El pedido fue presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación. La letrada solicitó una evaluación preventiva del riesgo y la adopción de medidas para resguardar su integridad, la de su hijo y la de las personas de su círculo familiar y laboral. También pidió que sus datos personales y los de sus allegados permanezcan bajo estricta confidencialidad.
La presentación se produjo después de que uno de los inversores vinculados al expediente cuestionara el pedido de sobreseimiento del presidente Javier Milei, Davis y los demás acusados, al señalar que no se había convocado previamente a la abogada ni a otros posibles testigos propuestos para impulsar la investigación.
Según explicó la letrada, la difusión de su apellido en ese planteo volvió a vincularla públicamente con una causa de fuerte exposición política e institucional. Afirmó que, desde que el caso tomó estado público en febrero de 2025, atravesó distintas situaciones que afectaron su tranquilidad y modificaron aspectos de su vida cotidiana.
Entre los episodios relatados, mencionó un hecho ocurrido cuando la investigación comenzaba a adquirir mayor repercusión. Según su testimonio, una persona se presentó a unos 100 metros de su vivienda, afirmó pertenecer a los servicios secretos y le transmitió una advertencia para que se cuidara. La persona también habría demostrado conocer su domicilio, circunstancia que la llevó a abandonar esa residencia.
La abogada destacó que no se trató de una comunicación telefónica ni de un mensaje anónimo, sino de un encuentro presencial en el que, según sostuvo, quedó expuesta información de su esfera privada que no debía ser de conocimiento público.
En el escrito también describió un episodio que habría involucrado a un colaborador de su estudio jurídico mientras ella asesoraba a Davis en asuntos legales en el país. De acuerdo con su relato, al menos cinco personas abordaron al empleado y lo trasladaron a un salón reservado de un hotel de Retiro, donde dijeron ser integrantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Durante ese encuentro, las personas habrían formulado preguntas sobre la abogada, su relación profesional con Davis y su vínculo con el Presidente. También consultaron sobre las actividades del empresario estadounidense en la Argentina, los lugares que había visitado y las reuniones que habría mantenido con funcionarios nacionales y personas del ámbito privado.
Otro de los temas abordados fue la posible firma de documentos durante los viajes de Davis al país. Según la presentación, los interlocutores buscaron conocer si existían esos papeles y quiénes podían tener sus originales o copias.
La reunión habría ocurrido durante la segunda quincena de marzo de 2025, y los detalles del episodio trascendieron al mes siguiente. Sin embargo, la abogada aclaró que no puede confirmar que las personas involucradas pertenecieran efectivamente a los organismos de inteligencia que dijeron representar. En ese sentido, evitó atribuirles una identidad institucional que no está en condiciones de acreditar, aunque aseguró que el encuentro tuvo lugar.
La presentación también hizo referencia a hackeos y accesos no autorizados a sus redes sociales. La letrada señaló que algunos de esos episodios habían sido documentados y tuvieron repercusión pública, pero no responsabilizó a una persona determinada ni afirmó que, por sí solos, demostraran la existencia de una amenaza actual. Su planteo apunta a que todos esos antecedentes sean evaluados en conjunto.
En otro tramo del escrito, la abogada manifestó preocupación por tener que solicitar protección ante autoridades judiciales cuya actuación en la causa también es objeto de cuestionamientos. En particular, aludió a las críticas relacionadas con un presunto favorecimiento de la situación procesal del Presidente y sostuvo que ese contexto incrementa su vulnerabilidad y hace necesario extremar las medidas de confidencialidad.
También expresó inquietud por el clima de confrontación pública alrededor del caso. Como antecedente, mencionó declaraciones de Milei durante un acto realizado el 23 de octubre de 2026, en el que el mandatario se refirió a periodistas que habían cubierto la investigación y afirmó que eran personas que debían “quemarse en la hoguera”.
Aunque la abogada no fue nombrada en ese discurso, sostuvo que las expresiones le generaron preocupación por el contexto de exposición pública en el que se encuentra. De todos modos, aclaró que no considera que esas palabras constituyan, por sí mismas, una amenaza dirigida contra ella ni atribuyó al Presidente una intención específica respecto de su persona.
Las consecuencias sobre su vida cotidiana también forman parte del pedido. La letrada afirmó que dejó su anterior vivienda y que actualmente reside de manera temporal en un departamento de bajo perfil en la Ciudad de Buenos Aires, con seguridad permanente. Solicitó que la dirección se mantenga reservada y que cualquier información adicional necesaria para evaluar su situación sea presentada bajo confidencialidad.
En cuanto a su hijo, mayor de edad y residente en la provincia de Buenos Aires, advirtió que la divulgación de datos sobre su domicilio, vehículo, actividades deportivas o desplazamientos podría exponerlo, pese a que no tiene participación en los hechos investigados. Según explicó, limitó los encuentros personales con él por temor a que sus propios movimientos permitieran identificarlo o reconstruir sus rutinas. No obstante, aclaró que no tiene conocimiento de que su hijo esté siendo seguido.
La solicitud también incluye a su hermano, abogado que trabaja con ella en el estudio jurídico. La letrada pidió que su vínculo familiar y profesional sea considerado en la evaluación preventiva, aunque precisó que no denunció amenazas concretas contra él.
Finalmente, requirió que la Justicia disponga una evaluación técnica urgente del riesgo, determine las medidas de protección que considere adecuadas y preserve la información que pueda facilitar la localización de ella o de sus familiares. También pidió que, si se identifican necesidades inmediatas de resguardo, las medidas correspondientes no queden supeditadas a la finalización de esa evaluación.
