El principal punto de conflicto pasa por la posición del PRO, que impulsa modificaciones para atender los reclamos de las pymes bonaerenses. Ante la falta de acuerdo, el oficialismo decidió postergar el avance legislativo mientras continúa negociando con sus aliados. Las diferencias se concentran especialmente en la apertura gradual del mercado del biodiésel y en las condiciones que tendrán las empresas no integradas a la industria aceitera durante la transición.
La iniciativa debía tratarse en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería. Sin embargo, la continuidad de las conversaciones no garantiza que se reúnan las firmas necesarias para emitir dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto. Aunque desde La Libertad Avanza confiaban en conseguir los respaldos, las negociaciones no permitieron asegurar el avance del proyecto.
El debate también expuso diferencias entre las cámaras empresarias. Mientras una parte de la industria considera que debe respetarse el acuerdo alcanzado en el Senado para aprobar la reforma sin nuevas modificaciones, otras entidades reclaman cambios que permitan sostener la actividad de las plantas regionales y evitar una mayor concentración del mercado.
Desde el sector de las grandes empresas de biocombustibles defendieron el texto con media sanción y sostuvieron que es el resultado de negociaciones prolongadas entre los distintos actores de la actividad y el Poder Ejecutivo. Según esa postura, la iniciativa permitiría avanzar hacia un esquema de mayor competencia e inversiones, con un período de adaptación de diez años para las compañías no integradas.
En contrapartida, las pequeñas y medianas empresas regionales advirtieron que el proyecto necesita garantías adicionales para preservar su participación. Entre las propuestas planteadas durante las discusiones figura elevar el corte obligatorio de biodiésel al 12% o al 12,5%, con el objetivo de ampliar la demanda y sostener la producción de las plantas, incluidas las ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en la zona de Bahía Blanca.
Otra de las posiciones empresarias busca compatibilizar la aprobación de la ley con modificaciones que aseguren condiciones mínimas para las firmas no integradas. Desde ese sector señalaron que el texto aprobado por el Senado mejoró respecto de la versión original, aunque todavía podría incorporar cambios. También remarcaron que las reglas deben ser transparentes, equilibradas y previsibles, sin generar enfrentamientos entre las provincias.
Esa postura plantea que las modificaciones no deben impedir el avance legislativo. Si se alcanza un acuerdo para introducir mejoras que no pongan en riesgo la sanción de la norma, serán respaldadas; de lo contrario, consideran que el proyecto debería aprobarse en su redacción actual. El objetivo, sostienen, es preservar la producción, las inversiones y el empleo.
La discusión adquirió relevancia también para los productores de bioetanol, que temen que las diferencias vinculadas con el biodiésel terminen frenando toda la reforma. Desde ese segmento aseguran que el capítulo referido al etanol ya cuenta con consenso y propusieron, como alternativa, separarlo del resto del proyecto para avanzar con su aprobación. Por el momento, esa posibilidad no pasó de una propuesta.
El texto aprobado por el Senado obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos en la votación en general. Establece un régimen de quince años y contempla que, a los doce meses de la sanción de la ley, la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil aumente del 7,5% al 10%, mientras que la de bioetanol en las naftas pase del 12% al 15%.
Para el bioetanol, la iniciativa mantiene una participación de seis puntos porcentuales para el combustible elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis para el producido con maíz.
La controversia sobre las condiciones de competencia y el futuro de las empresas no integradas ya había quedado expuesta durante una reunión informativa realizada la semana anterior. Allí se enfrentaron las posiciones de quienes defendían el acuerdo parlamentario alcanzado y de quienes reclamaban una mayor protección para las pymes regionales.
Desde la industria aceitera cuestionaron la demora en Diputados y señalaron que el proyecto fue producto de concesiones y acuerdos entre los distintos segmentos de la cadena de biocombustibles y el Gobierno nacional. También criticaron a los bloques que, según su interpretación, se oponen a la reforma y vincularon el sistema vigente con un esquema de regulación que consideran excesivamente restrictivo.
Por ahora, la falta de entendimiento mantiene frenado el dictamen y deja en suspenso el tratamiento de una reforma que busca modificar las reglas de producción y comercialización de biocombustibles. El resultado dependerá de las negociaciones entre el oficialismo, sus aliados parlamentarios y los sectores empresarios que reclaman cambios en las condiciones de participación dentro del mercado.
El principal punto de conflicto pasa por la posición del PRO, que impulsa modificaciones para atender los reclamos de las pymes bonaerenses. Ante la falta de acuerdo, el oficialismo decidió postergar el avance legislativo mientras continúa negociando con sus aliados. Las diferencias se concentran especialmente en la apertura gradual del mercado del biodiésel y en las condiciones que tendrán las empresas no integradas a la industria aceitera durante la transición.
La iniciativa debía tratarse en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería. Sin embargo, la continuidad de las conversaciones no garantiza que se reúnan las firmas necesarias para emitir dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto. Aunque desde La Libertad Avanza confiaban en conseguir los respaldos, las negociaciones no permitieron asegurar el avance del proyecto.
El debate también expuso diferencias entre las cámaras empresarias. Mientras una parte de la industria considera que debe respetarse el acuerdo alcanzado en el Senado para aprobar la reforma sin nuevas modificaciones, otras entidades reclaman cambios que permitan sostener la actividad de las plantas regionales y evitar una mayor concentración del mercado.
Desde el sector de las grandes empresas de biocombustibles defendieron el texto con media sanción y sostuvieron que es el resultado de negociaciones prolongadas entre los distintos actores de la actividad y el Poder Ejecutivo. Según esa postura, la iniciativa permitiría avanzar hacia un esquema de mayor competencia e inversiones, con un período de adaptación de diez años para las compañías no integradas.
En contrapartida, las pequeñas y medianas empresas regionales advirtieron que el proyecto necesita garantías adicionales para preservar su participación. Entre las propuestas planteadas durante las discusiones figura elevar el corte obligatorio de biodiésel al 12% o al 12,5%, con el objetivo de ampliar la demanda y sostener la producción de las plantas, incluidas las ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en la zona de Bahía Blanca.
Otra de las posiciones empresarias busca compatibilizar la aprobación de la ley con modificaciones que aseguren condiciones mínimas para las firmas no integradas. Desde ese sector señalaron que el texto aprobado por el Senado mejoró respecto de la versión original, aunque todavía podría incorporar cambios. También remarcaron que las reglas deben ser transparentes, equilibradas y previsibles, sin generar enfrentamientos entre las provincias.
Esa postura plantea que las modificaciones no deben impedir el avance legislativo. Si se alcanza un acuerdo para introducir mejoras que no pongan en riesgo la sanción de la norma, serán respaldadas; de lo contrario, consideran que el proyecto debería aprobarse en su redacción actual. El objetivo, sostienen, es preservar la producción, las inversiones y el empleo.
La discusión adquirió relevancia también para los productores de bioetanol, que temen que las diferencias vinculadas con el biodiésel terminen frenando toda la reforma. Desde ese segmento aseguran que el capítulo referido al etanol ya cuenta con consenso y propusieron, como alternativa, separarlo del resto del proyecto para avanzar con su aprobación. Por el momento, esa posibilidad no pasó de una propuesta.
El texto aprobado por el Senado obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos en la votación en general. Establece un régimen de quince años y contempla que, a los doce meses de la sanción de la ley, la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil aumente del 7,5% al 10%, mientras que la de bioetanol en las naftas pase del 12% al 15%.
Para el bioetanol, la iniciativa mantiene una participación de seis puntos porcentuales para el combustible elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis para el producido con maíz.
La controversia sobre las condiciones de competencia y el futuro de las empresas no integradas ya había quedado expuesta durante una reunión informativa realizada la semana anterior. Allí se enfrentaron las posiciones de quienes defendían el acuerdo parlamentario alcanzado y de quienes reclamaban una mayor protección para las pymes regionales.
Desde la industria aceitera cuestionaron la demora en Diputados y señalaron que el proyecto fue producto de concesiones y acuerdos entre los distintos segmentos de la cadena de biocombustibles y el Gobierno nacional. También criticaron a los bloques que, según su interpretación, se oponen a la reforma y vincularon el sistema vigente con un esquema de regulación que consideran excesivamente restrictivo.
Por ahora, la falta de entendimiento mantiene frenado el dictamen y deja en suspenso el tratamiento de una reforma que busca modificar las reglas de producción y comercialización de biocombustibles. El resultado dependerá de las negociaciones entre el oficialismo, sus aliados parlamentarios y los sectores empresarios que reclaman cambios en las condiciones de participación dentro del mercado.
