El programa está destinado exclusivamente a los empleados que integran la planta permanente. Sin embargo, la presentación de una solicitud no garantiza la incorporación al régimen, ya que cada caso deberá ser evaluado y aprobado por las autoridades del instituto.
La normativa establece una serie de restricciones para acceder al beneficio. Quedarán excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, tengan procedimientos disciplinarios en curso, hayan iniciado los trámites jubilatorios o presentado su renuncia. Tampoco podrán participar los trabajadores mayores de 65 años ni quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de esas acciones judiciales.
El incentivo económico consistirá en una gratificación extraordinaria por única vez, que se abonará junto con la liquidación final de haberes. El cálculo dependerá de la edad que tenga cada empleado al 13 de noviembre de 2026 y de su antigüedad reconocida dentro de la planta permanente.
Para los trabajadores de hasta 63 años inclusive, el monto equivaldrá al 100% de la remuneración mensual habitual por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, con un límite máximo de 24 sueldos.
En el caso de quienes tengan 64 años, se mantendrá el mismo porcentaje por año trabajado, aunque el tope de la compensación será de 12 remuneraciones mensuales.
Un aspecto importante del régimen es que la antigüedad se computará exclusivamente desde el ingreso formal a la planta permanente del INV. Por lo tanto, no se reconocerán los períodos anteriores en los que los trabajadores hayan prestado servicios como becarios, personal transitorio o contratados bajo el artículo 9 de la Ley 25.164.
Tampoco se incluirán períodos de empleo en la administración pública por los que el trabajador ya haya recibido una indemnización en el marco de otro programa de retiro.
Para determinar la remuneración que servirá de base al cálculo, se considerarán únicamente los conceptos habituales y permanentes de carácter remunerativo. Quedarán excluidos el aguinaldo, las asignaciones familiares, los viáticos, los gastos de movilidad, los adicionales por guardería y cualquier otro pago extraordinario o eventual.
El esquema de pago dependerá del monto total de la gratificación. Cuando no supere los $40 millones, se abonará en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores a la desvinculación.
Si la compensación supera ese importe, el pago se dividirá en tres etapas: una primera cuota de hasta $40 millones, una segunda de hasta $30 millones y una última correspondiente al saldo restante.
La implementación del programa también tendrá consecuencias sobre la estructura administrativa del organismo. Los cargos presupuestarios de los empleados que se desvinculen serán eliminados, con excepción de las vacantes correspondientes a funciones ejecutivas contempladas en la estructura orgánica vigente.
Los interesados tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 inclusive para presentar sus solicitudes mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La documentación deberá incluir una nota formal, el Certificado de Antecedentes Penales y declaraciones juradas que acrediten la inexistencia de litigios o sumarios patrimoniales.
Una vez finalizado el período de inscripción, el Departamento de Administración de Recursos Humanos dispondrá de 15 días hábiles para elaborar un informe técnico sobre la admisibilidad de las solicitudes. Posteriormente, la Presidencia del organismo tendrá otros 30 días hábiles para emitir la resolución definitiva.
Por último, quienes acepten el retiro voluntario tendrán una restricción para regresar al Sector Público Nacional durante los cinco años posteriores a su desvinculación. La prohibición alcanza a cualquier modalidad de empleo o contratación estatal, aunque contempla una excepción para quienes desempeñen cargos docentes en universidades nacionales.
El programa está destinado exclusivamente a los empleados que integran la planta permanente. Sin embargo, la presentación de una solicitud no garantiza la incorporación al régimen, ya que cada caso deberá ser evaluado y aprobado por las autoridades del instituto.
La normativa establece una serie de restricciones para acceder al beneficio. Quedarán excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, tengan procedimientos disciplinarios en curso, hayan iniciado los trámites jubilatorios o presentado su renuncia. Tampoco podrán participar los trabajadores mayores de 65 años ni quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de esas acciones judiciales.
El incentivo económico consistirá en una gratificación extraordinaria por única vez, que se abonará junto con la liquidación final de haberes. El cálculo dependerá de la edad que tenga cada empleado al 13 de noviembre de 2026 y de su antigüedad reconocida dentro de la planta permanente.
Para los trabajadores de hasta 63 años inclusive, el monto equivaldrá al 100% de la remuneración mensual habitual por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, con un límite máximo de 24 sueldos.
En el caso de quienes tengan 64 años, se mantendrá el mismo porcentaje por año trabajado, aunque el tope de la compensación será de 12 remuneraciones mensuales.
Un aspecto importante del régimen es que la antigüedad se computará exclusivamente desde el ingreso formal a la planta permanente del INV. Por lo tanto, no se reconocerán los períodos anteriores en los que los trabajadores hayan prestado servicios como becarios, personal transitorio o contratados bajo el artículo 9 de la Ley 25.164.
Tampoco se incluirán períodos de empleo en la administración pública por los que el trabajador ya haya recibido una indemnización en el marco de otro programa de retiro.
Para determinar la remuneración que servirá de base al cálculo, se considerarán únicamente los conceptos habituales y permanentes de carácter remunerativo. Quedarán excluidos el aguinaldo, las asignaciones familiares, los viáticos, los gastos de movilidad, los adicionales por guardería y cualquier otro pago extraordinario o eventual.
El esquema de pago dependerá del monto total de la gratificación. Cuando no supere los $40 millones, se abonará en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores a la desvinculación.
Si la compensación supera ese importe, el pago se dividirá en tres etapas: una primera cuota de hasta $40 millones, una segunda de hasta $30 millones y una última correspondiente al saldo restante.
La implementación del programa también tendrá consecuencias sobre la estructura administrativa del organismo. Los cargos presupuestarios de los empleados que se desvinculen serán eliminados, con excepción de las vacantes correspondientes a funciones ejecutivas contempladas en la estructura orgánica vigente.
Los interesados tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 inclusive para presentar sus solicitudes mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La documentación deberá incluir una nota formal, el Certificado de Antecedentes Penales y declaraciones juradas que acrediten la inexistencia de litigios o sumarios patrimoniales.
Una vez finalizado el período de inscripción, el Departamento de Administración de Recursos Humanos dispondrá de 15 días hábiles para elaborar un informe técnico sobre la admisibilidad de las solicitudes. Posteriormente, la Presidencia del organismo tendrá otros 30 días hábiles para emitir la resolución definitiva.
Por último, quienes acepten el retiro voluntario tendrán una restricción para regresar al Sector Público Nacional durante los cinco años posteriores a su desvinculación. La prohibición alcanza a cualquier modalidad de empleo o contratación estatal, aunque contempla una excepción para quienes desempeñen cargos docentes en universidades nacionales.













