El intendente de Lanús, Julián Álvarez, informó que se recibieron 38 denuncias por posibles fugas de gas desde el momento de la explosión y que 32 de ellas dieron resultado positivo. Además, detalló que 11 personas permanecían internadas, siete de ellas en estado de gravedad, y que todavía no se había confirmado oficialmente la identidad de la víctima fatal.
Uno de los principales puntos de preocupación para el gobierno municipal es la continuidad de las pérdidas en distintos sectores del distrito. Según explicó el jefe comunal, después del siniestro se habría modificado la presión del gas que circula por una cañería compartida, lo que provocó nuevos inconvenientes en la red. También señaló que recibió una respuesta verbal indicando que la presión se encontraba en el nivel mínimo, aunque cuestionó que no se hubiera entregado una constancia por escrito.
Frente a este escenario, el municipio implementó medidas preventivas y realizó intervenciones junto a los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellas, Álvarez mencionó el corte del suministro en la estación Lanús para evitar nuevos incidentes.
El intendente también puso en discusión las condiciones en las que se desarrollaba la obra que terminó provocando la explosión. Según indicó, los trabajadores contaban con un mapa en el que no figuraba el caño que resultó dañado. Por ese motivo, sostuvo que el operario que realizó la intervención desconocía la existencia de esa instalación subterránea.
En relación con la documentación técnica, explicó que se trataba de registros históricos bajo la órbita del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Asimismo, aclaró que el municipio no tiene competencias sobre el control de las instalaciones internas ni de la red energética.
Álvarez cuestionó que una obra de estas características pudiera quedar en manos de una empresa tercerizada sin los controles correspondientes del organismo regulador. También reclamó que Metrogas asuma su responsabilidad por lo sucedido y por las consecuencias que todavía afectan a los usuarios.
Otro de los aspectos señalados por el jefe comunal fue la diferencia entre el horario del aviso interno del incidente, que habría sido registrado a las 9.44, y los testimonios de vecinos y comerciantes, que ubicaron la presencia de olor a gas desde las 9 de la mañana.
La obra había sido habilitada por etapas y tenía como finalidad ampliar el servicio en Remedios de Escalada, una localidad en la que viven alrededor de 80.000 personas. El intendente también cuestionó las condiciones de supervisión de los trabajos y vinculó el episodio con las políticas de desregulación y reducción de controles estatales implementadas por el Gobierno nacional.
Mientras continúan las evaluaciones sobre los daños, el municipio concentra sus esfuerzos en acompañar a las personas afectadas. Álvarez informó que se encuentran trabajando con 52 damnificados directos, ocho locales comerciales y 29 vecinos de las unidades funcionales del edificio alcanzado por la explosión.
Entre los comercios perjudicados hay una fiambrería, un vivero, una tienda de ropa y un bazar. La asistencia contempla distintas necesidades, como la posibilidad de sostener los ingresos familiares, conseguir alojamientos temporarios y reponer medicamentos que perdieron la cadena de frío como consecuencia del corte de los servicios.
El municipio también mantiene contacto con organizaciones de la comunidad que colaboran con la recolección de ayuda. Entre ellas se encuentran la Fundación Pupi, la Biblioteca Alberdi, el Club Villegas y el Club Roca.
En paralelo, todavía no se cuenta con una valuación definitiva de los daños materiales y personales. El intendente estimó que las pérdidas patrimoniales podrían superar los tres millones de dólares y señaló que será necesario completar pericias médicas, psicológicas y sobre los bienes afectados para determinar el alcance total del perjuicio.
De acuerdo con el relevamiento municipal, hay 29 unidades funcionales con distintos niveles de afectación, además de cuatro viviendas y varios locales comerciales destruidos. Ante esta situación, el gobierno local mantiene conversaciones con el Banco Provincia para avanzar en la posibilidad de habilitar líneas de financiamiento destinadas a los damnificados.
La situación habitacional es otra de las prioridades. El viernes posterior al episodio se habilitó un centro de evacuados en el Club Talleres y, al día siguiente, el municipio comenzó a reunirse con las familias para otorgar asistencia económica directa que les permita alquilar una vivienda de manera transitoria.
El monto y la modalidad de la ayuda se establecen según el nivel de afectación de cada caso. Desde el municipio diferenciaron entre quienes perdieron sus viviendas o locales y aquellos vecinos que residen en edificios cercanos y sufrieron daños de menor magnitud.
Respecto del inmueble alcanzado directamente por las llamas, Álvarez indicó que algunas unidades podrán ser reparadas y que sus habitantes tendrán la posibilidad de regresar una vez que estén dadas las condiciones necesarias.
Por último, el intendente reclamó que Metrogas, la empresa tercerizada y la aseguradora correspondiente se presenten para responder por los daños. Según indicó, hasta el momento el municipio no había recibido la identificación formal de la compañía de seguros que deberá intervenir en los reclamos.
La asistencia inmediata y las tareas para prevenir nuevos incidentes continúan mientras se esperan las pericias que permitan establecer las responsabilidades y dimensionar las consecuencias de la explosión.
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, informó que se recibieron 38 denuncias por posibles fugas de gas desde el momento de la explosión y que 32 de ellas dieron resultado positivo. Además, detalló que 11 personas permanecían internadas, siete de ellas en estado de gravedad, y que todavía no se había confirmado oficialmente la identidad de la víctima fatal.
Uno de los principales puntos de preocupación para el gobierno municipal es la continuidad de las pérdidas en distintos sectores del distrito. Según explicó el jefe comunal, después del siniestro se habría modificado la presión del gas que circula por una cañería compartida, lo que provocó nuevos inconvenientes en la red. También señaló que recibió una respuesta verbal indicando que la presión se encontraba en el nivel mínimo, aunque cuestionó que no se hubiera entregado una constancia por escrito.
Frente a este escenario, el municipio implementó medidas preventivas y realizó intervenciones junto a los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellas, Álvarez mencionó el corte del suministro en la estación Lanús para evitar nuevos incidentes.
El intendente también puso en discusión las condiciones en las que se desarrollaba la obra que terminó provocando la explosión. Según indicó, los trabajadores contaban con un mapa en el que no figuraba el caño que resultó dañado. Por ese motivo, sostuvo que el operario que realizó la intervención desconocía la existencia de esa instalación subterránea.
En relación con la documentación técnica, explicó que se trataba de registros históricos bajo la órbita del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Asimismo, aclaró que el municipio no tiene competencias sobre el control de las instalaciones internas ni de la red energética.
Álvarez cuestionó que una obra de estas características pudiera quedar en manos de una empresa tercerizada sin los controles correspondientes del organismo regulador. También reclamó que Metrogas asuma su responsabilidad por lo sucedido y por las consecuencias que todavía afectan a los usuarios.
Otro de los aspectos señalados por el jefe comunal fue la diferencia entre el horario del aviso interno del incidente, que habría sido registrado a las 9.44, y los testimonios de vecinos y comerciantes, que ubicaron la presencia de olor a gas desde las 9 de la mañana.
La obra había sido habilitada por etapas y tenía como finalidad ampliar el servicio en Remedios de Escalada, una localidad en la que viven alrededor de 80.000 personas. El intendente también cuestionó las condiciones de supervisión de los trabajos y vinculó el episodio con las políticas de desregulación y reducción de controles estatales implementadas por el Gobierno nacional.
Mientras continúan las evaluaciones sobre los daños, el municipio concentra sus esfuerzos en acompañar a las personas afectadas. Álvarez informó que se encuentran trabajando con 52 damnificados directos, ocho locales comerciales y 29 vecinos de las unidades funcionales del edificio alcanzado por la explosión.
Entre los comercios perjudicados hay una fiambrería, un vivero, una tienda de ropa y un bazar. La asistencia contempla distintas necesidades, como la posibilidad de sostener los ingresos familiares, conseguir alojamientos temporarios y reponer medicamentos que perdieron la cadena de frío como consecuencia del corte de los servicios.
El municipio también mantiene contacto con organizaciones de la comunidad que colaboran con la recolección de ayuda. Entre ellas se encuentran la Fundación Pupi, la Biblioteca Alberdi, el Club Villegas y el Club Roca.
En paralelo, todavía no se cuenta con una valuación definitiva de los daños materiales y personales. El intendente estimó que las pérdidas patrimoniales podrían superar los tres millones de dólares y señaló que será necesario completar pericias médicas, psicológicas y sobre los bienes afectados para determinar el alcance total del perjuicio.
De acuerdo con el relevamiento municipal, hay 29 unidades funcionales con distintos niveles de afectación, además de cuatro viviendas y varios locales comerciales destruidos. Ante esta situación, el gobierno local mantiene conversaciones con el Banco Provincia para avanzar en la posibilidad de habilitar líneas de financiamiento destinadas a los damnificados.
La situación habitacional es otra de las prioridades. El viernes posterior al episodio se habilitó un centro de evacuados en el Club Talleres y, al día siguiente, el municipio comenzó a reunirse con las familias para otorgar asistencia económica directa que les permita alquilar una vivienda de manera transitoria.
El monto y la modalidad de la ayuda se establecen según el nivel de afectación de cada caso. Desde el municipio diferenciaron entre quienes perdieron sus viviendas o locales y aquellos vecinos que residen en edificios cercanos y sufrieron daños de menor magnitud.
Respecto del inmueble alcanzado directamente por las llamas, Álvarez indicó que algunas unidades podrán ser reparadas y que sus habitantes tendrán la posibilidad de regresar una vez que estén dadas las condiciones necesarias.
Por último, el intendente reclamó que Metrogas, la empresa tercerizada y la aseguradora correspondiente se presenten para responder por los daños. Según indicó, hasta el momento el municipio no había recibido la identificación formal de la compañía de seguros que deberá intervenir en los reclamos.
La asistencia inmediata y las tareas para prevenir nuevos incidentes continúan mientras se esperan las pericias que permitan establecer las responsabilidades y dimensionar las consecuencias de la explosión.













