La prohibición de despidos y la doble indemnización hicieron que la litigiosidad laboral esté “menos difundida”, pero “mantuvo su intensidad”, según el último informe del Observatorio Pyme.
Según el relevamiento hecho en octubre pasado, la proporción de empresas afectadas por litigios laborales se redujo en un 40% (se pasó de un 34% de PyME manufactureras involucradas en demandas laborales en 2017 a 20% en 2021, mientras que en PyME de software se bajó del 21% al 13%).
Pero la cantidad de litigios por empresa, en promedio, no bajó. Se mantiene en 3 para las pequeñas firmas industriales y 2 para las de software.
Las empresas más medianas (de 51 a 250 empleados) tienen más litigios que las pequeñas (10 a 50 ocupados). No obstante, las medianas enfrentan aproximadamente 1 demanda cada 20 ocupados, mientras que las pequeñas 1 cada 10. Es decir, que las más chicas tienen un peso mayor.
“Las asimetrías por tamaño juegan en desmedro de las empresas de menor dimensión, en esta problemática también”, dice el trabajo.
¿Cuáles son la principales causas de los litigios? Desacuerdos en las indemnizaciones por despidos y accidentes y enfermedades (carácter laboral o no de las afecciones y/o monto que se reclama como indemnización). Las diferencias salariales son también importantes entre las PyME de software. Son las mismas razones que indicaban las compañías en 2017.
Durante la pandemia, hubo acuerdos laborales en un 40% de las empresas micro, pequeñas y medianas (con diferencias por tamaño, sector y región). Aproximadamente un cuarto de estas firmas, a mediados de junio de 2020, contaba con acuerdos homologados ante la autoridad laboral como mecanismo de ajuste ante el impacto de la pandemia (las suspensiones concertadas estaban permitidas y además en algunos casos con reducción de salarios y cargas sociales).
No obstante, más de un cuarto de las MiPyME que intentaron acordar no lo había logrado y casi la mitad lo había conseguido, pero aún sin homologar ante el Ministerio de Trabajo. Así, un 31% de las empresas de hasta 800 ocupados, de diferentes actividades, dimensiones y localización, tenía algún tipo de riesgo de conflicto laboral.
Las más afectadas resultaban las empresas de menor dimensión (particularmente, entre 10 y 50 ocupados) y del sector de la construcción (45%), seguido por la industria manufacturera (34%).
El documento sostiene que, frente a un 13% de firmas sin acuerdos y un 18% que acordó pero no pudo homologarlo, existe una potencial consecuencia de desvinculaciones y demandas que llegarían a la Justicia laboral, “con un posible impacto en mayores costos, mayor carga laboral del resto del personal y desincentivo a la contratación de nuevos trabajadores, según declaran las empresas”.
