En la Cámara de Diputados, dirigida por Martín Menem, el oficialismo ha agotado los principales proyectos pendientes de tratamiento. En los últimos dos meses, se logró darle media sanción a la reforma del régimen de Zonas Frías, al Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro”, y a la Ley Hojarasca, además de conseguir la sanción definitiva del pago a un grupo de holdouts.
Así, los diputados libertarios esperaban recibir del Senado proyectos como el de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye mecanismos para acelerar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros, modificaciones a la ley de expropiaciones, una reforma política centrada en la eliminación de las elecciones primarias, la modificación de la ley de etiquetado frontal y una nueva Ley General de Sociedades, que ha generado controversia internacional por las “sociedades automatizadas”.
La titular del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, señaló que fue necesario convocar a un cuarto intermedio debido a la falta de acuerdo con los bloques aliados, especialmente en torno a la extranjerización de tierras. Asimismo, no hay fechas definidas para llevar al recinto el resto de los proyectos, que quedarán pendientes hasta después del receso invernal. Algunos, como la eliminación de las PASO, también enfrentan el rechazo de ciertos gobernadores y fuerzas aliadas como el PRO y la UCR.
Con el objetivo de retomar la iniciativa en el ámbito legislativo, el presidente Milei anunció la semana pasada la presentación de un conjunto de proyectos que buscan garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria.
Según explicaron fuentes oficiales, el lunes podría ser presentado ante la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, y el trabajo en comisión probablemente comenzará una semana después.
Con esta nueva versión de la norma, el Gobierno pretende ampliar el grupo de personas que puedan adherir al régimen. Tal como anticipó Milei, la meta es “volverla universal y más previsible”. Las modificaciones incluyen la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio de la ley actual, permitiendo que más contribuyentes formalicen ahorros no declarados.
“Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. La Ley de Inocencia Fiscal es fundamental porque esos ahorros ocultos significan una pérdida de poder de compra para la población y el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería capitalizarse o transformarse en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían utilizar esos recursos para financiar proyectos de infraestructura y pymes. Se trata de una masa crítica considerable, ya que las estadísticas del Banco Central indican que hay USD 170.000 millones escondidos”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por otro lado, Milei también planea reformar la Carta Orgánica del Banco Central para fortalecer su independencia. Uno de los aspectos más destacados es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central al Tesoro. Los adelantos transitorios, que suelen convertirse en permanentes, han sido históricamente la herramienta clave mediante la cual el Banco Central ha cubierto el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
La reforma de la Carta Orgánica impulsada por el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución, incluyendo “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. El Gobierno busca que el único objetivo sea preservar el valor de la moneda.
Finalmente, Milei destacó que están trabajando en un mecanismo de “shutdown”, similar al estadounidense. Esto implicaría una herramienta para limitar los gastos del Estado más allá de lo presupuestado. “Estamos también elaborando el ‘shutdown’ del Ejecutivo. Cuando se acaba el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó Milei.
En Estados Unidos, un shutdown obliga a las entidades públicas a suspender actividades no esenciales, lo que puede traducirse en el cierre temporal de oficinas, interrupción de programas gubernamentales y licencia obligatoria para parte del personal público. Sin embargo, los servicios esenciales, como seguridad, justicia y atención de emergencias, continúan funcionando, ya que son considerados indispensables para el funcionamiento básico del Gobierno.
Según han indicado fuentes oficiales, tanto la reforma de la Carta Orgánica del BCRA como el proyecto de shutdown quedarán pendientes para agosto, tras el receso invernal.
En la Cámara de Diputados, dirigida por Martín Menem, el oficialismo ha agotado los principales proyectos pendientes de tratamiento. En los últimos dos meses, se logró darle media sanción a la reforma del régimen de Zonas Frías, al Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro”, y a la Ley Hojarasca, además de conseguir la sanción definitiva del pago a un grupo de holdouts.
Así, los diputados libertarios esperaban recibir del Senado proyectos como el de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye mecanismos para acelerar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros, modificaciones a la ley de expropiaciones, una reforma política centrada en la eliminación de las elecciones primarias, la modificación de la ley de etiquetado frontal y una nueva Ley General de Sociedades, que ha generado controversia internacional por las “sociedades automatizadas”.
La titular del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, señaló que fue necesario convocar a un cuarto intermedio debido a la falta de acuerdo con los bloques aliados, especialmente en torno a la extranjerización de tierras. Asimismo, no hay fechas definidas para llevar al recinto el resto de los proyectos, que quedarán pendientes hasta después del receso invernal. Algunos, como la eliminación de las PASO, también enfrentan el rechazo de ciertos gobernadores y fuerzas aliadas como el PRO y la UCR.
Con el objetivo de retomar la iniciativa en el ámbito legislativo, el presidente Milei anunció la semana pasada la presentación de un conjunto de proyectos que buscan garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria.
Según explicaron fuentes oficiales, el lunes podría ser presentado ante la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, y el trabajo en comisión probablemente comenzará una semana después.
Con esta nueva versión de la norma, el Gobierno pretende ampliar el grupo de personas que puedan adherir al régimen. Tal como anticipó Milei, la meta es “volverla universal y más previsible”. Las modificaciones incluyen la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio de la ley actual, permitiendo que más contribuyentes formalicen ahorros no declarados.
“Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. La Ley de Inocencia Fiscal es fundamental porque esos ahorros ocultos significan una pérdida de poder de compra para la población y el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería capitalizarse o transformarse en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían utilizar esos recursos para financiar proyectos de infraestructura y pymes. Se trata de una masa crítica considerable, ya que las estadísticas del Banco Central indican que hay USD 170.000 millones escondidos”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por otro lado, Milei también planea reformar la Carta Orgánica del Banco Central para fortalecer su independencia. Uno de los aspectos más destacados es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central al Tesoro. Los adelantos transitorios, que suelen convertirse en permanentes, han sido históricamente la herramienta clave mediante la cual el Banco Central ha cubierto el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
La reforma de la Carta Orgánica impulsada por el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución, incluyendo “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. El Gobierno busca que el único objetivo sea preservar el valor de la moneda.
Finalmente, Milei destacó que están trabajando en un mecanismo de “shutdown”, similar al estadounidense. Esto implicaría una herramienta para limitar los gastos del Estado más allá de lo presupuestado. “Estamos también elaborando el ‘shutdown’ del Ejecutivo. Cuando se acaba el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó Milei.
En Estados Unidos, un shutdown obliga a las entidades públicas a suspender actividades no esenciales, lo que puede traducirse en el cierre temporal de oficinas, interrupción de programas gubernamentales y licencia obligatoria para parte del personal público. Sin embargo, los servicios esenciales, como seguridad, justicia y atención de emergencias, continúan funcionando, ya que son considerados indispensables para el funcionamiento básico del Gobierno.
Según han indicado fuentes oficiales, tanto la reforma de la Carta Orgánica del BCRA como el proyecto de shutdown quedarán pendientes para agosto, tras el receso invernal.
