El pedido fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal que permanece de turno durante el receso judicial. Con esta presentación, el CIN busca evitar que el expediente quede suspendido y que se avance en la resolución de fondo del conflicto, luego de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que ordena al Estado cumplir parcialmente con lo establecido por la ley.
La medida cautelar, que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema a fines de junio, dispuso que el Poder Ejecutivo cumpla con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición salarial del personal docente y no docente de las universidades nacionales, así como a la actualización de las becas estudiantiles. No obstante, las universidades sostienen que esas disposiciones aún no fueron implementadas.
La presentación fue realizada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el escrito, se cuestionó la demora del Estado en cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y con las resoluciones judiciales dictadas en el marco de la causa.
En ese sentido, Bartolacci señaló que, desde la sanción de la norma por parte del Congreso en agosto de 2025, el Poder Ejecutivo no avanzó con su implementación y sostuvo que tampoco dio cumplimiento a la medida cautelar vigente, pese al tiempo transcurrido.
El rector también planteó que el Ejecutivo presentó distintos recursos durante el proceso judicial con el objetivo de demorar el avance del expediente.
Ahora será el fiscal de feria quien deberá emitir un dictamen sobre el pedido de habilitación del receso judicial. Posteriormente, el juez Martín Cormick definirá si la causa continuará tramitándose durante ese período.
Además de exigir el cumplimiento de la medida cautelar, las universidades solicitaron que la Justicia declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno supeditó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la existencia de una fuente específica de recursos.
Si bien en junio el Gobierno suscribió un acta para transferir fondos destinados a salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, el CIN considera que ese compromiso no sustituye el cumplimiento integral de la ley ni de las resoluciones judiciales vigentes.
A fines de junio, la Corte Suprema dejó firme la medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al Estado aplicar de manera inmediata parte de la Ley de Financiamiento Universitario mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El pedido fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal que permanece de turno durante el receso judicial. Con esta presentación, el CIN busca evitar que el expediente quede suspendido y que se avance en la resolución de fondo del conflicto, luego de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que ordena al Estado cumplir parcialmente con lo establecido por la ley.
La medida cautelar, que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema a fines de junio, dispuso que el Poder Ejecutivo cumpla con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición salarial del personal docente y no docente de las universidades nacionales, así como a la actualización de las becas estudiantiles. No obstante, las universidades sostienen que esas disposiciones aún no fueron implementadas.
La presentación fue realizada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el escrito, se cuestionó la demora del Estado en cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y con las resoluciones judiciales dictadas en el marco de la causa.
En ese sentido, Bartolacci señaló que, desde la sanción de la norma por parte del Congreso en agosto de 2025, el Poder Ejecutivo no avanzó con su implementación y sostuvo que tampoco dio cumplimiento a la medida cautelar vigente, pese al tiempo transcurrido.
El rector también planteó que el Ejecutivo presentó distintos recursos durante el proceso judicial con el objetivo de demorar el avance del expediente.
Ahora será el fiscal de feria quien deberá emitir un dictamen sobre el pedido de habilitación del receso judicial. Posteriormente, el juez Martín Cormick definirá si la causa continuará tramitándose durante ese período.
Además de exigir el cumplimiento de la medida cautelar, las universidades solicitaron que la Justicia declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno supeditó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la existencia de una fuente específica de recursos.
Si bien en junio el Gobierno suscribió un acta para transferir fondos destinados a salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, el CIN considera que ese compromiso no sustituye el cumplimiento integral de la ley ni de las resoluciones judiciales vigentes.
A fines de junio, la Corte Suprema dejó firme la medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al Estado aplicar de manera inmediata parte de la Ley de Financiamiento Universitario mientras se resuelve la cuestión de fondo.
