La modificación responde a los planteos realizados por bloques aliados a La Libertad Avanza, que habían expresado reparos sobre el alcance de la iniciativa. El debate había cobrado especial relevancia por la posibilidad de que el régimen alcanzara a funcionarios que ya se habían incorporado al esquema simplificado.
El texto establece que los funcionarios públicos comprendidos por la normativa podrán optar por adherir o permanecer en la modalidad simplificada de declaración jurada de Ganancias para presentar la declaración y realizar el pago correspondiente. Sin embargo, aclara que esa adhesión no implicará la aplicación de las demás ventajas, presunciones y efectos contemplados por el régimen.
La restricción alcanza también a quienes hayan ejercido cargos de funcionarios públicos durante los cinco años anteriores al momento de optar por incorporarse o permanecer en el sistema.
Los cambios se produjeron en medio de discusiones dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich había señalado que se analizaban modificaciones en ese sentido, mientras que desde los bloques vinculados a La Libertad Avanza atribuyeron los ajustes al debate desarrollado en las comisiones. La cuestión también fue discutida en la reciente reunión de la mesa política del oficialismo.
La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca generar mayores incentivos para que los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal. Después del blanqueo de 2024 y del primer régimen de Inocencia Fiscal aprobado en diciembre, el Gobierno decidió ampliar las condiciones para acceder al esquema simplificado.
Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio para ingresar al régimen. También se establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no podrá investigar períodos fiscales anteriores, salvo que exista una diferencia superior al 15% entre los montos declarados y los efectivamente pagados.
El nuevo dictamen no deja definido de manera expresa qué ocurrirá con los funcionarios y exfuncionarios que ya se incorporaron al régimen simplificado y habían quedado alcanzados por sus beneficios. Dentro de los sectores que participaron de la elaboración de los cambios consideran que los funcionarios en esa situación no podrían acceder a las ventajas del nuevo esquema, aunque también existe la posibilidad de que los afectados cuestionen judicialmente su aplicación.
Entre quienes se habían incorporado al régimen se encontraba el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, además de otros funcionarios y colaboradores del área económica.
Otro de los cambios relevantes es la reducción de las multas para las micro, pequeñas y medianas empresas y para determinadas personas físicas. La modificación responde a uno de los reclamos planteados durante el debate sobre el régimen sancionatorio.
La normativa vigente había elevado de manera significativa las multas por demoras en la presentación de declaraciones juradas, entre ellas las correspondientes al IVA y Ganancias. Hasta diciembre pasado, las sanciones para personas físicas habían pasado de $200 a $220.000, mientras que para empresas habían aumentado de $400 a $440.000. En los casos más graves, las multas podían ubicarse entre $5 millones y $10 millones.
Con el nuevo dictamen, cuando el infractor sea una micro, pequeña o mediana empresa, una persona humana, una sucesión indivisa o una entidad sin fines de lucro que no esté comprendida entre los Grandes Contribuyentes Nacionales según las normas de ARCA, las multas previstas en los artículos correspondientes se reducirán automáticamente en un 25%.
La modificación responde a los planteos realizados por bloques aliados a La Libertad Avanza, que habían expresado reparos sobre el alcance de la iniciativa. El debate había cobrado especial relevancia por la posibilidad de que el régimen alcanzara a funcionarios que ya se habían incorporado al esquema simplificado.
El texto establece que los funcionarios públicos comprendidos por la normativa podrán optar por adherir o permanecer en la modalidad simplificada de declaración jurada de Ganancias para presentar la declaración y realizar el pago correspondiente. Sin embargo, aclara que esa adhesión no implicará la aplicación de las demás ventajas, presunciones y efectos contemplados por el régimen.
La restricción alcanza también a quienes hayan ejercido cargos de funcionarios públicos durante los cinco años anteriores al momento de optar por incorporarse o permanecer en el sistema.
Los cambios se produjeron en medio de discusiones dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich había señalado que se analizaban modificaciones en ese sentido, mientras que desde los bloques vinculados a La Libertad Avanza atribuyeron los ajustes al debate desarrollado en las comisiones. La cuestión también fue discutida en la reciente reunión de la mesa política del oficialismo.
La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca generar mayores incentivos para que los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal. Después del blanqueo de 2024 y del primer régimen de Inocencia Fiscal aprobado en diciembre, el Gobierno decidió ampliar las condiciones para acceder al esquema simplificado.
Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio para ingresar al régimen. También se establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no podrá investigar períodos fiscales anteriores, salvo que exista una diferencia superior al 15% entre los montos declarados y los efectivamente pagados.
El nuevo dictamen no deja definido de manera expresa qué ocurrirá con los funcionarios y exfuncionarios que ya se incorporaron al régimen simplificado y habían quedado alcanzados por sus beneficios. Dentro de los sectores que participaron de la elaboración de los cambios consideran que los funcionarios en esa situación no podrían acceder a las ventajas del nuevo esquema, aunque también existe la posibilidad de que los afectados cuestionen judicialmente su aplicación.
Entre quienes se habían incorporado al régimen se encontraba el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, además de otros funcionarios y colaboradores del área económica.
Otro de los cambios relevantes es la reducción de las multas para las micro, pequeñas y medianas empresas y para determinadas personas físicas. La modificación responde a uno de los reclamos planteados durante el debate sobre el régimen sancionatorio.
La normativa vigente había elevado de manera significativa las multas por demoras en la presentación de declaraciones juradas, entre ellas las correspondientes al IVA y Ganancias. Hasta diciembre pasado, las sanciones para personas físicas habían pasado de $200 a $220.000, mientras que para empresas habían aumentado de $400 a $440.000. En los casos más graves, las multas podían ubicarse entre $5 millones y $10 millones.
Con el nuevo dictamen, cuando el infractor sea una micro, pequeña o mediana empresa, una persona humana, una sucesión indivisa o una entidad sin fines de lucro que no esté comprendida entre los Grandes Contribuyentes Nacionales según las normas de ARCA, las multas previstas en los artículos correspondientes se reducirán automáticamente en un 25%.
