Guillermo Tofoni presentó un pedido de recusación contra los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes integran el tribunal junto con Alejandro Slokar.
En el caso de Barroetaveña, el planteo se basa en su vínculo previo con la AFA. El juez integró durante varios años el Tribunal de Ética de la entidad y renunció a ese cargo en diciembre del año pasado. La presentación sostiene que esa participación institucional podría generar dudas sobre su imparcialidad al momento de intervenir en una causa que investiga presuntas maniobras vinculadas con fondos de la asociación.
Elisa Carrió también cuestionó la participación de Barroetaveña y sostuvo que su relación con la AFA no habría sido circunstancial, sino institucional y reciente. En ese marco, solicitó que, si el pedido de apartamiento es rechazado, se consulte al fiscal de Casación, Mario Villar, sobre la intervención previa del magistrado en la entidad.
Además, pidió información sobre las actividades sociales del juez en una estancia ubicada en Villa Rosa, adquirida en 2024 por Real Central S.R.L., sociedad vinculada a la propiedad que forma parte de la investigación.
Tofoni también pidió la recusación de Borinsky y fundamentó su planteo en una intervención previa del magistrado sobre la competencia del expediente. En una declaración realizada en mayo, Borinsky había sostenido que, en el caso analizado, la competencia continuaba dentro del fuero federal.
La discusión sobre el tribunal que debe llevar adelante la investigación cobró relevancia después de que el expediente pasara por distintos juzgados. La causa estuvo bajo intervención de Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y, actualmente, Verónica Straccia, en el fuero Penal Económico.
González Charvay, quien anteriormente se desempeñó como juez federal de Campana, había ampliado durante varios meses el objeto de la investigación. Además de la quinta de Pilar, el expediente incorporó el análisis del movimiento de fondos de una empresa contratada por la AFA para gestionar su recaudación en el exterior.
En junio, la Cámara Nacional en lo Penal Económico decidió apartar a González Charvay del expediente, en medio de cuestionamientos por el avance de la investigación. Desde entonces, la disputa sobre la competencia entre los distintos fueros pasó a ocupar un lugar central en la causa.
Este miércoles se realizará una audiencia ante la Cámara de Casación. Allí presentarán sus argumentos el fiscal Mario Villar y los abogados de Luciano Pantano, quien junto con su madre, Ana Lucía Conte, figura como responsable de Real Central S.R.L., la sociedad a nombre de la cual se encuentra la quinta investigada. No se prevé una resolución inmediata, aunque tampoco se espera que la definición se extienda por un período prolongado.
En paralelo, Elisa Carrió presentó una denuncia relacionada con la propiedad, mientras que Tofoni impulsó en Estados Unidos medidas judiciales destinadas a obtener información sobre movimientos financieros vinculados con la recaudación de la AFA en el exterior.
De acuerdo con la investigación, una empresa contratada para esa tarea habría recaudado al menos US$300 millones para la entidad. También se detectaron transferencias por unos US$57 millones hacia sociedades radicadas en Miami, sobre las que se investiga su actividad y la utilización posterior de esos fondos.
La pesquisa analiza además si parte de ese dinero pudo haber sido utilizado en operaciones posteriores, entre ellas la adquisición de propiedades, vehículos y caballos.
La AFA y la empresa involucrada negaron las acusaciones, mientras que los responsables de las sociedades que recibieron los fondos no realizaron declaraciones sobre la investigación.
Guillermo Tofoni presentó un pedido de recusación contra los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes integran el tribunal junto con Alejandro Slokar.
En el caso de Barroetaveña, el planteo se basa en su vínculo previo con la AFA. El juez integró durante varios años el Tribunal de Ética de la entidad y renunció a ese cargo en diciembre del año pasado. La presentación sostiene que esa participación institucional podría generar dudas sobre su imparcialidad al momento de intervenir en una causa que investiga presuntas maniobras vinculadas con fondos de la asociación.
Elisa Carrió también cuestionó la participación de Barroetaveña y sostuvo que su relación con la AFA no habría sido circunstancial, sino institucional y reciente. En ese marco, solicitó que, si el pedido de apartamiento es rechazado, se consulte al fiscal de Casación, Mario Villar, sobre la intervención previa del magistrado en la entidad.
Además, pidió información sobre las actividades sociales del juez en una estancia ubicada en Villa Rosa, adquirida en 2024 por Real Central S.R.L., sociedad vinculada a la propiedad que forma parte de la investigación.
Tofoni también pidió la recusación de Borinsky y fundamentó su planteo en una intervención previa del magistrado sobre la competencia del expediente. En una declaración realizada en mayo, Borinsky había sostenido que, en el caso analizado, la competencia continuaba dentro del fuero federal.
La discusión sobre el tribunal que debe llevar adelante la investigación cobró relevancia después de que el expediente pasara por distintos juzgados. La causa estuvo bajo intervención de Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y, actualmente, Verónica Straccia, en el fuero Penal Económico.
González Charvay, quien anteriormente se desempeñó como juez federal de Campana, había ampliado durante varios meses el objeto de la investigación. Además de la quinta de Pilar, el expediente incorporó el análisis del movimiento de fondos de una empresa contratada por la AFA para gestionar su recaudación en el exterior.
En junio, la Cámara Nacional en lo Penal Económico decidió apartar a González Charvay del expediente, en medio de cuestionamientos por el avance de la investigación. Desde entonces, la disputa sobre la competencia entre los distintos fueros pasó a ocupar un lugar central en la causa.
Este miércoles se realizará una audiencia ante la Cámara de Casación. Allí presentarán sus argumentos el fiscal Mario Villar y los abogados de Luciano Pantano, quien junto con su madre, Ana Lucía Conte, figura como responsable de Real Central S.R.L., la sociedad a nombre de la cual se encuentra la quinta investigada. No se prevé una resolución inmediata, aunque tampoco se espera que la definición se extienda por un período prolongado.
En paralelo, Elisa Carrió presentó una denuncia relacionada con la propiedad, mientras que Tofoni impulsó en Estados Unidos medidas judiciales destinadas a obtener información sobre movimientos financieros vinculados con la recaudación de la AFA en el exterior.
De acuerdo con la investigación, una empresa contratada para esa tarea habría recaudado al menos US$300 millones para la entidad. También se detectaron transferencias por unos US$57 millones hacia sociedades radicadas en Miami, sobre las que se investiga su actividad y la utilización posterior de esos fondos.
La pesquisa analiza además si parte de ese dinero pudo haber sido utilizado en operaciones posteriores, entre ellas la adquisición de propiedades, vehículos y caballos.
La AFA y la empresa involucrada negaron las acusaciones, mientras que los responsables de las sociedades que recibieron los fondos no realizaron declaraciones sobre la investigación.
