El desarrollo de los criptoactivos ocurre en un escenario regulatorio desigual. Mientras algunos países cuentan con normas específicas, otros tienen regulaciones parciales o todavía no poseen una legislación integral. En general, las criptomonedas no tienen carácter de moneda de curso legal, por lo que su aceptación como medio de pago depende de la voluntad de las partes.
El caso particular es El Salvador, que en 2021 otorgó al bitcoin el estatus de moneda de curso legal. Posteriormente, a partir de compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, modificó ese esquema y está previsto que el bitcoin pierda esa condición en 2025. El país también creó un organismo encargado de supervisar el sector, otorgar licencias y establecer mecanismos de protección para los usuarios.
Más allá de las regulaciones, el conocimiento tecnológico y el acceso a herramientas como billeteras digitales y plataformas de intercambio siguen siendo obstáculos para una expansión más amplia.
En la región, el principal uso de las criptomonedas continúa siendo la inversión, aunque también se utilizan para protegerse de la inflación y enviar remesas. Venezuela es uno de los casos más destacados: las criptomonedas y las stablecoins son utilizadas como alternativa al dólar físico frente a la inflación y la depreciación de la moneda local, especialmente en la economía informal y en operaciones vinculadas con remesas.
En Argentina, los criptoactivos son utilizados como una alternativa para preservar valor frente a la devaluación, aunque su presencia en las operaciones cotidianas todavía es limitada. En Brasil, México y Chile también se emplean para pagos y transferencias internacionales, pero su utilización continúa concentrada en determinados sectores.
Brasil muestra un crecimiento de las stablecoins en los sistemas de pago. Pueden utilizarse para compras de bienes y servicios, mientras que las tarjetas vinculadas con criptoactivos y los procesadores de pagos reducen la exposición de los comercios a la volatilidad. En México, el uso se concentra en algunas operaciones comerciales, inmobiliarias, pago de servicios, remesas e inversiones. Chile, en tanto, registra un mercado más pequeño pero en expansión, principalmente a través de billeteras digitales e inversiones.
En Perú, Costa Rica y República Dominicana, las criptomonedas son adquiridas principalmente como inversión o para preservar valor. En República Dominicana también se utilizan para remesas, pagos y compras. Las estimaciones disponibles registran 123 comercios que aceptan bitcoin y alrededor de 20 cajeros automáticos de criptomonedas.
En materia regulatoria, Brasil, Chile y El Salvador cuentan con algunos de los marcos más desarrollados. Brasil asignó al Banco Central la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, mientras que Chile incorporó a estos prestadores a la Ley Fintech, con requisitos de inscripción, autorización y gestión de riesgos.
Colombia y Argentina presentan esquemas más fragmentados. En Colombia no existe una ley específica y las autoridades sostienen que las criptomonedas no son moneda de curso legal. Argentina tampoco cuenta con una legislación integral y mantiene distintas normas para regular aspectos particulares del sector.
En Perú, la regulación se concentra en la prevención del lavado de activos y la protección de los usuarios, mientras que existe un proyecto de ley pendiente de tratamiento. México también focaliza sus controles en la prevención del lavado de dinero y considera al intercambio de criptoactivos una actividad vulnerable.
Venezuela cuenta con una legislación específica y un sistema de supervisión estatal. Costa Rica exige el registro de los proveedores de servicios vinculados con criptoactivos y la aplicación de controles antilavado. En República Dominicana, en cambio, todavía no existe una legislación específica, una situación que desde el sector es considerada un límite para el desarrollo del mercado.
El desarrollo de los criptoactivos ocurre en un escenario regulatorio desigual. Mientras algunos países cuentan con normas específicas, otros tienen regulaciones parciales o todavía no poseen una legislación integral. En general, las criptomonedas no tienen carácter de moneda de curso legal, por lo que su aceptación como medio de pago depende de la voluntad de las partes.
El caso particular es El Salvador, que en 2021 otorgó al bitcoin el estatus de moneda de curso legal. Posteriormente, a partir de compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, modificó ese esquema y está previsto que el bitcoin pierda esa condición en 2025. El país también creó un organismo encargado de supervisar el sector, otorgar licencias y establecer mecanismos de protección para los usuarios.
Más allá de las regulaciones, el conocimiento tecnológico y el acceso a herramientas como billeteras digitales y plataformas de intercambio siguen siendo obstáculos para una expansión más amplia.
En la región, el principal uso de las criptomonedas continúa siendo la inversión, aunque también se utilizan para protegerse de la inflación y enviar remesas. Venezuela es uno de los casos más destacados: las criptomonedas y las stablecoins son utilizadas como alternativa al dólar físico frente a la inflación y la depreciación de la moneda local, especialmente en la economía informal y en operaciones vinculadas con remesas.
En Argentina, los criptoactivos son utilizados como una alternativa para preservar valor frente a la devaluación, aunque su presencia en las operaciones cotidianas todavía es limitada. En Brasil, México y Chile también se emplean para pagos y transferencias internacionales, pero su utilización continúa concentrada en determinados sectores.
Brasil muestra un crecimiento de las stablecoins en los sistemas de pago. Pueden utilizarse para compras de bienes y servicios, mientras que las tarjetas vinculadas con criptoactivos y los procesadores de pagos reducen la exposición de los comercios a la volatilidad. En México, el uso se concentra en algunas operaciones comerciales, inmobiliarias, pago de servicios, remesas e inversiones. Chile, en tanto, registra un mercado más pequeño pero en expansión, principalmente a través de billeteras digitales e inversiones.
En Perú, Costa Rica y República Dominicana, las criptomonedas son adquiridas principalmente como inversión o para preservar valor. En República Dominicana también se utilizan para remesas, pagos y compras. Las estimaciones disponibles registran 123 comercios que aceptan bitcoin y alrededor de 20 cajeros automáticos de criptomonedas.
En materia regulatoria, Brasil, Chile y El Salvador cuentan con algunos de los marcos más desarrollados. Brasil asignó al Banco Central la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, mientras que Chile incorporó a estos prestadores a la Ley Fintech, con requisitos de inscripción, autorización y gestión de riesgos.
Colombia y Argentina presentan esquemas más fragmentados. En Colombia no existe una ley específica y las autoridades sostienen que las criptomonedas no son moneda de curso legal. Argentina tampoco cuenta con una legislación integral y mantiene distintas normas para regular aspectos particulares del sector.
En Perú, la regulación se concentra en la prevención del lavado de activos y la protección de los usuarios, mientras que existe un proyecto de ley pendiente de tratamiento. México también focaliza sus controles en la prevención del lavado de dinero y considera al intercambio de criptoactivos una actividad vulnerable.
Venezuela cuenta con una legislación específica y un sistema de supervisión estatal. Costa Rica exige el registro de los proveedores de servicios vinculados con criptoactivos y la aplicación de controles antilavado. En República Dominicana, en cambio, todavía no existe una legislación específica, una situación que desde el sector es considerada un límite para el desarrollo del mercado.
