La propuesta contempla realizar sorteos mensuales y devolver una parte del IVA abonado por los consumidores. El planteo consiste en reintegrar el 30% del IVA del 21%, equivalente a un 6,3% del precio. A su vez, se propone que las provincias puedan sumar una devolución vinculada al impuesto sobre los Ingresos Brutos. En una jurisdicción con una alícuota del 5%, por ejemplo, el reintegro sería del 1,5%, con lo que el beneficio total alcanzaría el 7,8%.
Para evitar un impacto sobre las cuentas públicas, la iniciativa plantea una aplicación gradual, que podría comenzar en supermercados, o bien mediante un sistema de bonos.
La organización sostiene que la informalidad alcanza niveles elevados en el país y considera que el problema debe abordarse junto con la presión tributaria. Su titular señaló que la Argentina se encuentra entre los países con mayores niveles de evasión y planteó la necesidad de avanzar sobre ambos problemas de manera simultánea.
El modelo tomado como referencia es el implementado en Brasil, donde los consumidores reciben parte del impuesto estadual sobre el consumo, conocido como ICMS, y además participan de sorteos periódicos. La devolución alcanza al 30% del impuesto y, según la alícuota aplicada en cada caso, puede representar entre el 5,4% y el 7,5% del precio neto. Los sorteos contemplan premios mensuales de hasta US$50.000 y premios anuales de hasta US$200.000.
El sistema comenzó a aplicarse en la ciudad de San Pablo en 2005, se extendió al conjunto del estado en 2007 y posteriormente fue adoptado por otras jurisdicciones. Su implementación estuvo vinculada con una política impulsada desde la administración tributaria paulista y posteriormente contó con asesoramiento para su posible aplicación en Argentina.
Durante los primeros tres años, el esquema registró un aumento del 22,9% en las ventas formales. Según los datos presentados por la organización, el costo operativo representó el 9,4% del resultado, distribuido entre devoluciones, sorteos y publicidad, mientras que la recaudación neta adicional alcanzó el 13,5%.
El modelo también incorporó un sistema de denuncias de los consumidores. Según los datos difundidos, las denuncias contribuyeron a incrementar en un promedio del 14% la emisión de comprobantes luego de la primera presentación.
Entre las características destacadas del sistema se encuentra su aplicación generalizada en las operaciones de venta al consumidor, con excepción de actividades formalizadas como los servicios bancarios y públicos. También se señala su capacidad para reducir precios, disminuir la competencia desleal, incentivar una mayor participación ciudadana en el cumplimiento tributario y aumentar la recaudación sin subir las alícuotas impositivas.
La organización, que se define como no partidaria, también impulsó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, vigente desde el año pasado, que permite identificar los impuestos incluidos en los comprobantes de compra.
Desde la entidad consideran que la experiencia brasileña y otros antecedentes internacionales podrían servir como referencia para implementar un esquema similar en Argentina, en un contexto de elevada informalidad y restricciones fiscales.
La organización manifestó además su disposición a colaborar con las autoridades nacionales y provinciales en el diseño y la puesta en marcha de un sistema que combine la devolución de impuestos con sorteos destinados a incentivar la formalización de las operaciones.
La propuesta contempla realizar sorteos mensuales y devolver una parte del IVA abonado por los consumidores. El planteo consiste en reintegrar el 30% del IVA del 21%, equivalente a un 6,3% del precio. A su vez, se propone que las provincias puedan sumar una devolución vinculada al impuesto sobre los Ingresos Brutos. En una jurisdicción con una alícuota del 5%, por ejemplo, el reintegro sería del 1,5%, con lo que el beneficio total alcanzaría el 7,8%.
Para evitar un impacto sobre las cuentas públicas, la iniciativa plantea una aplicación gradual, que podría comenzar en supermercados, o bien mediante un sistema de bonos.
La organización sostiene que la informalidad alcanza niveles elevados en el país y considera que el problema debe abordarse junto con la presión tributaria. Su titular señaló que la Argentina se encuentra entre los países con mayores niveles de evasión y planteó la necesidad de avanzar sobre ambos problemas de manera simultánea.
El modelo tomado como referencia es el implementado en Brasil, donde los consumidores reciben parte del impuesto estadual sobre el consumo, conocido como ICMS, y además participan de sorteos periódicos. La devolución alcanza al 30% del impuesto y, según la alícuota aplicada en cada caso, puede representar entre el 5,4% y el 7,5% del precio neto. Los sorteos contemplan premios mensuales de hasta US$50.000 y premios anuales de hasta US$200.000.
El sistema comenzó a aplicarse en la ciudad de San Pablo en 2005, se extendió al conjunto del estado en 2007 y posteriormente fue adoptado por otras jurisdicciones. Su implementación estuvo vinculada con una política impulsada desde la administración tributaria paulista y posteriormente contó con asesoramiento para su posible aplicación en Argentina.
Durante los primeros tres años, el esquema registró un aumento del 22,9% en las ventas formales. Según los datos presentados por la organización, el costo operativo representó el 9,4% del resultado, distribuido entre devoluciones, sorteos y publicidad, mientras que la recaudación neta adicional alcanzó el 13,5%.
El modelo también incorporó un sistema de denuncias de los consumidores. Según los datos difundidos, las denuncias contribuyeron a incrementar en un promedio del 14% la emisión de comprobantes luego de la primera presentación.
Entre las características destacadas del sistema se encuentra su aplicación generalizada en las operaciones de venta al consumidor, con excepción de actividades formalizadas como los servicios bancarios y públicos. También se señala su capacidad para reducir precios, disminuir la competencia desleal, incentivar una mayor participación ciudadana en el cumplimiento tributario y aumentar la recaudación sin subir las alícuotas impositivas.
La organización, que se define como no partidaria, también impulsó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, vigente desde el año pasado, que permite identificar los impuestos incluidos en los comprobantes de compra.
Desde la entidad consideran que la experiencia brasileña y otros antecedentes internacionales podrían servir como referencia para implementar un esquema similar en Argentina, en un contexto de elevada informalidad y restricciones fiscales.
La organización manifestó además su disposición a colaborar con las autoridades nacionales y provinciales en el diseño y la puesta en marcha de un sistema que combine la devolución de impuestos con sorteos destinados a incentivar la formalización de las operaciones.
