La cooperativa agraria La Parcela denunció este martes que la Agencia Gubernamental de Control porteña clausuró el Mercado de Economía Solidaria del barrio de Palermo en el cual funcionan otras ocho cooperativas que venden alimentos o productos textiles desde hace 15 años.
En diálogo con Télam, una empleada llamada Gabriela señaló que ella y sus compañeros estaban trabajando en el Mercado ubicado en Bonpland 1660 “cuando llegó una inspección que pidió una habilitación que se está solicitando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde hace 12 años”.
“No está habilitado como mercado y cada sector tiene una habilitación provisoria, pero no está habilitado el permiso”, sostuvo la integrante de La Parcela y añadió: “Las cosas que piden las tiene que poner el Gobierno porteño porque el edificio pertenece a ellos”.
“Vamos a sacar los productos a la vereda, va a haber una radio, música y se va a explicar con los papeles en la mano cuál es nuestro problema”, señaló.
Gabriela explicó que “es un mercado de economía solidaria que vende mercaderías del productor al consumidor” y Cedepo, organización a la cual pertenece La Parcela, produce “lácteos, huevos y pollos”.
“Trabajamos con economía familiar”, destacó y subrayó que “cada organización tiene un montón de gente trabajando en huertos, mercado o logística por ejemplo”.
En el mercado funcionan verdulerías, una cooperativa que comercializa productos de cooperativas recuperadas, emprendimientos familiares y cooperativas textiles.
A través de un comunicado, La Parcela resaltó que sostuvieron “un mercado de la economía social y solidaria de la agricultura familiar y la agroecología” y que de esta manera garantizan “cada semana sin interrupción el alimento sano seguro y soberano que tod@s nos merecemos”.
“No tenemos información muy clara, solo un cartel rojo en la puerta. Mañana representantes de las organizaciones se harán presente ante las autoridades” porteñas, se agregó.
En su página de Facebook, el Mercado de Economía Solidaria Bonpland publicó: “Estamos siendo acosados por constantes inspecciones de AGC (Agencia Gubernamental de Control). Desconocemos si hay internas políticas que ponen en disputada este espacio público autogestionado por las cooperativas”.
