El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida y destacó que el respaldo de la entidad, presidida por Ilan Goldfajn, contribuye a generar condiciones de previsibilidad para atraer capital privado a la infraestructura energética.
Los fondos estarán destinados a los proyectos AMBA I y a la línea de alta tensión que conectará Puerto Madryn con Choele Choel y Choele Choel con Bahía Blanca. Ambas iniciativas integran un programa de 16 obras prioritarias que prevé inversiones superiores a los US$6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión en todo el país.
Según Caputo, las obras permitirán mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y beneficiarán directamente a unos 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas.
El plan cobra relevancia ante la cercanía del verano y el aumento estacional de la demanda, en un contexto marcado por recientes interrupciones del servicio. Uno de los episodios más importantes ocurrió el 19 de septiembre, cuando un apagón afectó a más de 600.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y volvió a poner en evidencia las dificultades de la red eléctrica antes del inicio de los meses de mayor consumo.
Dentro de las iniciativas previstas, AMBA I ocupa un lugar central y ya se encuentra en proceso de licitación. La apertura de las ofertas está programada para el 9 de diciembre, mientras que el proyecto contempla una inversión estimada en US$650 millones.
La propuesta incluye sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, que permitirían responder a los picos de demanda y reducir la posibilidad de interrupciones del suministro. La expectativa oficial es que las primeras unidades entren en funcionamiento antes de diciembre de 2026.
En paralelo, el Gobierno impulsa cambios en el mercado eléctrico mayorista y avanza con la concesión de represas hidroeléctricas ubicadas en siete provincias. También prevé la venta de al menos dos centrales térmicas que actualmente pertenecen a Enarsa, como parte de su estrategia para ampliar la participación privada en el sector.
Los funcionarios de Energía siguen de cerca el avance de las obras, con el objetivo de reforzar la capacidad de transporte eléctrico y mejorar la respuesta del sistema ante los períodos de mayor exigencia. La apuesta oficial es que las inversiones permitan reducir los cortes recurrentes durante el verano y fortalecer la provisión de energía a nivel nacional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida y destacó que el respaldo de la entidad, presidida por Ilan Goldfajn, contribuye a generar condiciones de previsibilidad para atraer capital privado a la infraestructura energética.
Los fondos estarán destinados a los proyectos AMBA I y a la línea de alta tensión que conectará Puerto Madryn con Choele Choel y Choele Choel con Bahía Blanca. Ambas iniciativas integran un programa de 16 obras prioritarias que prevé inversiones superiores a los US$6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión en todo el país.
Según Caputo, las obras permitirán mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y beneficiarán directamente a unos 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas.
El plan cobra relevancia ante la cercanía del verano y el aumento estacional de la demanda, en un contexto marcado por recientes interrupciones del servicio. Uno de los episodios más importantes ocurrió el 19 de septiembre, cuando un apagón afectó a más de 600.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y volvió a poner en evidencia las dificultades de la red eléctrica antes del inicio de los meses de mayor consumo.
Dentro de las iniciativas previstas, AMBA I ocupa un lugar central y ya se encuentra en proceso de licitación. La apertura de las ofertas está programada para el 9 de diciembre, mientras que el proyecto contempla una inversión estimada en US$650 millones.
La propuesta incluye sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, que permitirían responder a los picos de demanda y reducir la posibilidad de interrupciones del suministro. La expectativa oficial es que las primeras unidades entren en funcionamiento antes de diciembre de 2026.
En paralelo, el Gobierno impulsa cambios en el mercado eléctrico mayorista y avanza con la concesión de represas hidroeléctricas ubicadas en siete provincias. También prevé la venta de al menos dos centrales térmicas que actualmente pertenecen a Enarsa, como parte de su estrategia para ampliar la participación privada en el sector.
Los funcionarios de Energía siguen de cerca el avance de las obras, con el objetivo de reforzar la capacidad de transporte eléctrico y mejorar la respuesta del sistema ante los períodos de mayor exigencia. La apuesta oficial es que las inversiones permitan reducir los cortes recurrentes durante el verano y fortalecer la provisión de energía a nivel nacional.
