La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que los emprendimientos vinculados con la minería, la industria y la infraestructura puedan establecer contacto directo con empresas argentinas que ofrecen bienes y servicios. La propuesta contempla que durante los encuentros se conozcan los cronogramas de inversión y se identifiquen oportunidades comerciales para proveedores locales.
La Unión Industrial Argentina respaldó la medida y planteó que los grandes proyectos pueden generar oportunidades para el entramado productivo nacional. Según los datos difundidos por el Gobierno, el 86% de las inversiones alcanzadas por el RIGI están dirigidas a empresas nacionales y el régimen ya movilizó a más de 1200 proveedores.
El esquema de rondas forma parte de una agenda de integración productiva que también incluye el desarrollo de infraestructura energética. En ese marco, la empresa TGN avanza con el Gasoducto Manuel Belgrano, una obra destinada a transportar gas desde Vaca Muerta hacia el centro, el norte y el litoral del país.
La entidad industrial considera que la disponibilidad de infraestructura y energía a precios competitivos es un elemento necesario para que las inversiones se traduzcan en una mayor capacidad productiva. En ese sentido, señaló que trabaja junto con TGN en alternativas vinculadas con el acceso a la energía y el desarrollo de infraestructura.
El lanzamiento de las rondas se produce mientras la industria manufacturera atraviesa un escenario de contracción. La producción del sector acumula una caída del 2,6% en el año y el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en 58,2% durante julio, último dato disponible.
A esto se suma un debate sobre las condiciones para que los proveedores nacionales puedan participar de los proyectos mineros. Un análisis sectorial advirtió que las exigencias de contenido local previstas por el RIGI pueden superponerse con determinados mecanismos de compras provinciales y generar incertidumbre para las inversiones.
El planteo no apunta a cuestionar la incorporación de proveedores argentinos, sino a señalar que la oferta disponible puede no alcanzar, en algunos casos, la escala, calidad o competitividad requerida por las operaciones mineras. Los proyectos vigentes bajo el RIGI vinculados con ese sector representan inversiones cercanas a los USD 40.000 millones.
En ese contexto, también se propuso revisar los mecanismos de certificación relacionados con seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo, con el objetivo de facilitar que las empresas locales puedan cumplir con los estándares exigidos para convertirse en proveedoras de los emprendimientos.
La agenda industrial incluye además pedidos al Ministerio de Economía para reducir el impacto de los costos fiscales, energéticos y financieros sobre las pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas planteadas figuran la suspensión durante 180 días de los embargos fiscales y una reducción de las tasas de financiación aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La organización industrial tiene previsto reunirse la próxima semana con funcionarios de la Secretaría de Coordinación de Producción y de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento para avanzar en los temas vinculados con la integración productiva.
Mientras tanto, el Gobierno proyecta que los 22 proyectos ya aprobados bajo el RIGI generarán aportes por USD 7737 millones durante 2026 y 2027. Los compromisos de inversión asociados a esas iniciativas alcanzan los USD 47.073 millones hasta 2055, con una estimación oficial de creación de 95.950 puestos de trabajo directos e indirectos.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que los emprendimientos vinculados con la minería, la industria y la infraestructura puedan establecer contacto directo con empresas argentinas que ofrecen bienes y servicios. La propuesta contempla que durante los encuentros se conozcan los cronogramas de inversión y se identifiquen oportunidades comerciales para proveedores locales.
La Unión Industrial Argentina respaldó la medida y planteó que los grandes proyectos pueden generar oportunidades para el entramado productivo nacional. Según los datos difundidos por el Gobierno, el 86% de las inversiones alcanzadas por el RIGI están dirigidas a empresas nacionales y el régimen ya movilizó a más de 1200 proveedores.
El esquema de rondas forma parte de una agenda de integración productiva que también incluye el desarrollo de infraestructura energética. En ese marco, la empresa TGN avanza con el Gasoducto Manuel Belgrano, una obra destinada a transportar gas desde Vaca Muerta hacia el centro, el norte y el litoral del país.
La entidad industrial considera que la disponibilidad de infraestructura y energía a precios competitivos es un elemento necesario para que las inversiones se traduzcan en una mayor capacidad productiva. En ese sentido, señaló que trabaja junto con TGN en alternativas vinculadas con el acceso a la energía y el desarrollo de infraestructura.
El lanzamiento de las rondas se produce mientras la industria manufacturera atraviesa un escenario de contracción. La producción del sector acumula una caída del 2,6% en el año y el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en 58,2% durante julio, último dato disponible.
A esto se suma un debate sobre las condiciones para que los proveedores nacionales puedan participar de los proyectos mineros. Un análisis sectorial advirtió que las exigencias de contenido local previstas por el RIGI pueden superponerse con determinados mecanismos de compras provinciales y generar incertidumbre para las inversiones.
El planteo no apunta a cuestionar la incorporación de proveedores argentinos, sino a señalar que la oferta disponible puede no alcanzar, en algunos casos, la escala, calidad o competitividad requerida por las operaciones mineras. Los proyectos vigentes bajo el RIGI vinculados con ese sector representan inversiones cercanas a los USD 40.000 millones.
En ese contexto, también se propuso revisar los mecanismos de certificación relacionados con seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo, con el objetivo de facilitar que las empresas locales puedan cumplir con los estándares exigidos para convertirse en proveedoras de los emprendimientos.
La agenda industrial incluye además pedidos al Ministerio de Economía para reducir el impacto de los costos fiscales, energéticos y financieros sobre las pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas planteadas figuran la suspensión durante 180 días de los embargos fiscales y una reducción de las tasas de financiación aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La organización industrial tiene previsto reunirse la próxima semana con funcionarios de la Secretaría de Coordinación de Producción y de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento para avanzar en los temas vinculados con la integración productiva.
Mientras tanto, el Gobierno proyecta que los 22 proyectos ya aprobados bajo el RIGI generarán aportes por USD 7737 millones durante 2026 y 2027. Los compromisos de inversión asociados a esas iniciativas alcanzan los USD 47.073 millones hasta 2055, con una estimación oficial de creación de 95.950 puestos de trabajo directos e indirectos.
