La posición fue expresada por la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar del Gobierno británico, Uma Kumaran, en un comunicado oficial. La funcionaria señaló que el Reino Unido continuará respaldando a quienes mantengan vínculos comerciales con las islas y que trabajará junto con la administración local para proteger sus intereses.
La disputa se profundizó a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno argentino frente a los proyectos de explotación de hidrocarburos en el área. La administración nacional inició acciones contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con esas actividades, a las que considera ilegales, y posteriormente amplió el alcance de las sanciones.
En paralelo, Milei envió al Congreso un proyecto destinado a actualizar y endurecer las sanciones para quienes exploten recursos naturales en zonas que Argentina considera parte de su territorio.
Desde Londres, Kumaran afirmó que el Reino Unido mantiene su posición de que las islas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales del archipiélago. Esa postura está vinculada con el principio de autodeterminación que el Gobierno británico atribuye a los isleños.
La funcionaria cuestionó además que Argentina utilice organismos y espacios internacionales para intentar obstaculizar las actividades comerciales desarrolladas en las islas. Según señaló, durante las últimas semanas continuaron las advertencias dirigidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios al archipiélago, tanto de manera directa como indirecta, incluido el sector de hidrocarburos.
Kumaran calificó como “inaceptables” los cargos presentados contra empresas e individuos y sostuvo que no cuentan con una justificación legal. También afirmó que las presiones sobre quienes trabajan con las islas no son nuevas y que, pese a ellas, la economía del archipiélago continúa desarrollándose.
En ese marco, el Gobierno británico destacó las oportunidades comerciales que existen en las islas y anticipó que continuará colaborando con sus autoridades para proteger los intereses vinculados con esas actividades y favorecer el crecimiento económico.
El respaldo británico se produce mientras las autoridades isleñas avanzan con proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos. En diciembre de 2025 se informó que las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion habían adoptado la decisión final de inversión para desarrollar el sector norte del yacimiento. El acuerdo también contempló condiciones vinculadas con el régimen impositivo, la seguridad para los inversores y el acceso a las tierras necesarias para llevar adelante el proyecto.
El esquema fiscal aplicado a la actividad petrolera en las islas contempla una regalía del 9% sobre el valor del petróleo producido y un impuesto corporativo del 26% sobre las ganancias ajustadas. Las autoridades locales sostienen que estas condiciones buscan incentivar la exploración y la producción y generar un marco favorable para nuevas inversiones.
La definición de esas condiciones se produjo pocos días después de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. El proceso también coincidió temporalmente con la publicación de una guía británica destinada a empresas interesadas en invertir en las islas.
La disputa sumó además un componente internacional a partir de declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos frente a la cuestión de la soberanía de Malvinas. A fines de agosto, el presidente estadounidense dijo que estaba revisando la postura de su país al ser consultado sobre el archipiélago, aunque no anunció modificaciones concretas.
Estados Unidos mantiene desde 1982 una posición formal de neutralidad respecto de la soberanía de las islas. Por el momento, Trump no comunicó ningún cambio oficial en esa política.
La declaración del mandatario estadounidense fue seguida con atención tanto en Argentina como en el Reino Unido, debido a las dudas que generó sobre la continuidad de la posición histórica de Washington. Mientras tanto, Londres mantiene su respaldo a la administración local de las islas y sostiene que sus habitantes tienen derecho a determinar su propio futuro.
La posición fue expresada por la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar del Gobierno británico, Uma Kumaran, en un comunicado oficial. La funcionaria señaló que el Reino Unido continuará respaldando a quienes mantengan vínculos comerciales con las islas y que trabajará junto con la administración local para proteger sus intereses.
La disputa se profundizó a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno argentino frente a los proyectos de explotación de hidrocarburos en el área. La administración nacional inició acciones contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con esas actividades, a las que considera ilegales, y posteriormente amplió el alcance de las sanciones.
En paralelo, Milei envió al Congreso un proyecto destinado a actualizar y endurecer las sanciones para quienes exploten recursos naturales en zonas que Argentina considera parte de su territorio.
Desde Londres, Kumaran afirmó que el Reino Unido mantiene su posición de que las islas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales del archipiélago. Esa postura está vinculada con el principio de autodeterminación que el Gobierno británico atribuye a los isleños.
La funcionaria cuestionó además que Argentina utilice organismos y espacios internacionales para intentar obstaculizar las actividades comerciales desarrolladas en las islas. Según señaló, durante las últimas semanas continuaron las advertencias dirigidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios al archipiélago, tanto de manera directa como indirecta, incluido el sector de hidrocarburos.
Kumaran calificó como “inaceptables” los cargos presentados contra empresas e individuos y sostuvo que no cuentan con una justificación legal. También afirmó que las presiones sobre quienes trabajan con las islas no son nuevas y que, pese a ellas, la economía del archipiélago continúa desarrollándose.
En ese marco, el Gobierno británico destacó las oportunidades comerciales que existen en las islas y anticipó que continuará colaborando con sus autoridades para proteger los intereses vinculados con esas actividades y favorecer el crecimiento económico.
El respaldo británico se produce mientras las autoridades isleñas avanzan con proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos. En diciembre de 2025 se informó que las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion habían adoptado la decisión final de inversión para desarrollar el sector norte del yacimiento. El acuerdo también contempló condiciones vinculadas con el régimen impositivo, la seguridad para los inversores y el acceso a las tierras necesarias para llevar adelante el proyecto.
El esquema fiscal aplicado a la actividad petrolera en las islas contempla una regalía del 9% sobre el valor del petróleo producido y un impuesto corporativo del 26% sobre las ganancias ajustadas. Las autoridades locales sostienen que estas condiciones buscan incentivar la exploración y la producción y generar un marco favorable para nuevas inversiones.
La definición de esas condiciones se produjo pocos días después de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. El proceso también coincidió temporalmente con la publicación de una guía británica destinada a empresas interesadas en invertir en las islas.
La disputa sumó además un componente internacional a partir de declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos frente a la cuestión de la soberanía de Malvinas. A fines de agosto, el presidente estadounidense dijo que estaba revisando la postura de su país al ser consultado sobre el archipiélago, aunque no anunció modificaciones concretas.
Estados Unidos mantiene desde 1982 una posición formal de neutralidad respecto de la soberanía de las islas. Por el momento, Trump no comunicó ningún cambio oficial en esa política.
La declaración del mandatario estadounidense fue seguida con atención tanto en Argentina como en el Reino Unido, debido a las dudas que generó sobre la continuidad de la posición histórica de Washington. Mientras tanto, Londres mantiene su respaldo a la administración local de las islas y sostiene que sus habitantes tienen derecho a determinar su propio futuro.
