En caso de concretarse esa alternativa, el Presidente daría a conocer los principales ejes de la propuesta antes de enviar el proyecto al Congreso para su tratamiento.
La posibilidad fue evaluada durante un nuevo encuentro de la mesa política del Gobierno, del que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios.
En la Casa Rosada consideran que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central representa uno de los pilares del programa económico del Gobierno y que, además, responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo principal es establecer por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y refuerce la estabilidad de precios.
De acuerdo con los lineamientos que trascendieron, el proyecto propone modificar el artículo que establece los objetivos del Banco Central. La intención oficial es reemplazar el esquema vigente desde 2012, que contempla entre sus funciones la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, por un mandato más concentrado en la preservación del valor de la moneda como prioridad de la autoridad monetaria.
Para avanzar en ese cambio, el Gobierno tomó como referencia la normativa de Perú, un modelo que dentro del oficialismo es considerado exitoso por haber sostenido durante décadas niveles de inflación inferiores al promedio regional.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa apunta a limitar la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional. El proyecto contempla eliminar los adelantos transitorios, restringir el uso de letras intransferibles y establecer mayores límites para la distribución de utilidades de la entidad, salvo en situaciones excepcionales contempladas por la ley.
La reforma también busca reforzar la autonomía del Banco Central frente al Poder Ejecutivo. Para ello, incorpora mecanismos destinados a brindar mayor estabilidad a sus autoridades y establece requisitos más estrictos para su remoción, con el objetivo de evitar que las decisiones monetarias queden subordinadas a las necesidades fiscales del gobierno de turno.
Además, la propuesta incluye un esquema de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que recurran a la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.
En el oficialismo sostienen que el nuevo marco legal permitirá consolidar la baja de la inflación y otorgar mayor previsibilidad al funcionamiento de la economía. Sin embargo, la iniciativa deberá atravesar una negociación política en el Congreso, donde el Gobierno necesitará reunir los consensos necesarios para aprobar una reforma que modifica el rol de la autoridad monetaria.
En Balcarce 50 analizan que una eventual presentación por cadena nacional permitiría otorgarle mayor relevancia política al proyecto antes de su ingreso al debate legislativo.
En caso de concretarse esa alternativa, el Presidente daría a conocer los principales ejes de la propuesta antes de enviar el proyecto al Congreso para su tratamiento.
La posibilidad fue evaluada durante un nuevo encuentro de la mesa política del Gobierno, del que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios.
En la Casa Rosada consideran que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central representa uno de los pilares del programa económico del Gobierno y que, además, responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo principal es establecer por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y refuerce la estabilidad de precios.
De acuerdo con los lineamientos que trascendieron, el proyecto propone modificar el artículo que establece los objetivos del Banco Central. La intención oficial es reemplazar el esquema vigente desde 2012, que contempla entre sus funciones la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, por un mandato más concentrado en la preservación del valor de la moneda como prioridad de la autoridad monetaria.
Para avanzar en ese cambio, el Gobierno tomó como referencia la normativa de Perú, un modelo que dentro del oficialismo es considerado exitoso por haber sostenido durante décadas niveles de inflación inferiores al promedio regional.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa apunta a limitar la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional. El proyecto contempla eliminar los adelantos transitorios, restringir el uso de letras intransferibles y establecer mayores límites para la distribución de utilidades de la entidad, salvo en situaciones excepcionales contempladas por la ley.
La reforma también busca reforzar la autonomía del Banco Central frente al Poder Ejecutivo. Para ello, incorpora mecanismos destinados a brindar mayor estabilidad a sus autoridades y establece requisitos más estrictos para su remoción, con el objetivo de evitar que las decisiones monetarias queden subordinadas a las necesidades fiscales del gobierno de turno.
Además, la propuesta incluye un esquema de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que recurran a la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.
En el oficialismo sostienen que el nuevo marco legal permitirá consolidar la baja de la inflación y otorgar mayor previsibilidad al funcionamiento de la economía. Sin embargo, la iniciativa deberá atravesar una negociación política en el Congreso, donde el Gobierno necesitará reunir los consensos necesarios para aprobar una reforma que modifica el rol de la autoridad monetaria.
En Balcarce 50 analizan que una eventual presentación por cadena nacional permitiría otorgarle mayor relevancia política al proyecto antes de su ingreso al debate legislativo.
