La norma incorpora un sistema de compensación entre el Estado y las empresas eléctricas que busca resolver parte de los desequilibrios financieros acumulados durante los períodos en los que las tarifas estuvieron congeladas o aumentaron por debajo de la inflación. En ese contexto, algunas distribuidoras cobraron el servicio a sus usuarios sin transferir la totalidad de los fondos correspondientes a Cammesa, la compañía encargada de administrar el despacho de energía eléctrica.
Para determinar los montos que podrán compensarse, la Subsecretaría de Energía Eléctrica deberá calcular la diferencia entre los ingresos que recibieron las distribuidoras y transportistas de jurisdicción federal durante la vigencia de las leyes de emergencia y aquellos que les hubieran correspondido según sus contratos de concesión. Ese diferencial, conocido en el sector como activo regulatorio, se utilizará exclusivamente para cancelar deudas de las distribuidoras con Cammesa, hasta el límite de los créditos reconocidos.
Como contraparte, las empresas deberán renunciar a los reclamos judiciales y administrativos vinculados con las emergencias tarifarias. Para las transportistas eléctricas, los créditos reconocidos solo podrán aplicarse al pago de multas por incumplimientos contractuales.
El procedimiento también contempla a las distribuidoras provinciales y municipales. En esos casos, las respectivas jurisdicciones y sus organismos reguladores deberán calcular los montos correspondientes. Si el crédito reconocido supera la deuda con Cammesa, el excedente quedará a cargo de las provincias. Además, las sumas generadas por este mecanismo estarán exentas del impuesto a las ganancias.
La compensación busca cerrar posibles conflictos entre el Estado y las empresas por los ingresos que dejaron de percibir durante los períodos de tarifas reguladas. Firmas como Edenor y Edesur podrían haber recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal vinculado al Banco Mundial, para reclamar por esos montos. El nuevo esquema apunta a cancelar las deudas con Cammesa y, al mismo tiempo, cerrar la posibilidad de esos reclamos.
No es la primera vez que se aplica un mecanismo de estas características. Durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández también se implementaron compensaciones entre el Estado y las distribuidoras eléctricas. Sin embargo, los informes de auditoría que respaldaron aquellos cálculos no se difundieron públicamente.
La aplicación del nuevo régimen también abre interrogantes sobre los montos involucrados y la metodología utilizada para determinar los créditos. El economista Nicolás Gadano, exsubsecretario de Presupuesto, cuestionó la falta de información pública sobre esas cifras y planteó la necesidad de conocer los cálculos que permitirán establecer las compensaciones.
En paralelo, la ley modifica el alcance del subsidio de zona fría, creado en 2002 para reducir el costo del gas en regiones de bajas temperaturas, como la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza. En 2021, una ampliación del régimen extendió el beneficio a localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, lo que elevó la cantidad de hogares alcanzados de 780.000 a 4,2 millones.
Con la nueva normativa, se revierte esa ampliación y se restablece el acceso automático al descuento para las zonas contempladas originalmente. Los hogares de las localidades incorporadas en 2021 podrán recibir una bonificación adicional únicamente si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y sus ingresos no superan el equivalente a tres canastas básicas totales, estimadas en aproximadamente $4,8 millones.
También podrán acceder quienes tengan entre los integrantes del hogar a una persona con certificado de vivienda, una pensión para veteranos de la guerra de Malvinas o un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El descuento tendrá un alcance limitado: se aplicará sobre un consumo base de gas y no incluirá los costos de transporte y distribución. El régimen se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios de todo el país y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
Los datos presupuestarios muestran la dimensión económica del programa. Entre enero y agosto del año en curso se destinaron US$86 millones al régimen de zona fría, equivalentes al 44% del crédito presupuestario vigente. Para 2027, la previsión presupuestaria asciende a US$95 millones.
Con la reducción de beneficiarios y la limitación del descuento al precio del gas, el nuevo esquema podría permitir que el régimen se financie exclusivamente con el recargo aplicado a los usuarios. De concretarse ese escenario, disminuiría o incluso desaparecería la necesidad de aportes adicionales del Estado para sostener el subsidio.
La norma incorpora un sistema de compensación entre el Estado y las empresas eléctricas que busca resolver parte de los desequilibrios financieros acumulados durante los períodos en los que las tarifas estuvieron congeladas o aumentaron por debajo de la inflación. En ese contexto, algunas distribuidoras cobraron el servicio a sus usuarios sin transferir la totalidad de los fondos correspondientes a Cammesa, la compañía encargada de administrar el despacho de energía eléctrica.
Para determinar los montos que podrán compensarse, la Subsecretaría de Energía Eléctrica deberá calcular la diferencia entre los ingresos que recibieron las distribuidoras y transportistas de jurisdicción federal durante la vigencia de las leyes de emergencia y aquellos que les hubieran correspondido según sus contratos de concesión. Ese diferencial, conocido en el sector como activo regulatorio, se utilizará exclusivamente para cancelar deudas de las distribuidoras con Cammesa, hasta el límite de los créditos reconocidos.
Como contraparte, las empresas deberán renunciar a los reclamos judiciales y administrativos vinculados con las emergencias tarifarias. Para las transportistas eléctricas, los créditos reconocidos solo podrán aplicarse al pago de multas por incumplimientos contractuales.
El procedimiento también contempla a las distribuidoras provinciales y municipales. En esos casos, las respectivas jurisdicciones y sus organismos reguladores deberán calcular los montos correspondientes. Si el crédito reconocido supera la deuda con Cammesa, el excedente quedará a cargo de las provincias. Además, las sumas generadas por este mecanismo estarán exentas del impuesto a las ganancias.
La compensación busca cerrar posibles conflictos entre el Estado y las empresas por los ingresos que dejaron de percibir durante los períodos de tarifas reguladas. Firmas como Edenor y Edesur podrían haber recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal vinculado al Banco Mundial, para reclamar por esos montos. El nuevo esquema apunta a cancelar las deudas con Cammesa y, al mismo tiempo, cerrar la posibilidad de esos reclamos.
No es la primera vez que se aplica un mecanismo de estas características. Durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández también se implementaron compensaciones entre el Estado y las distribuidoras eléctricas. Sin embargo, los informes de auditoría que respaldaron aquellos cálculos no se difundieron públicamente.
La aplicación del nuevo régimen también abre interrogantes sobre los montos involucrados y la metodología utilizada para determinar los créditos. El economista Nicolás Gadano, exsubsecretario de Presupuesto, cuestionó la falta de información pública sobre esas cifras y planteó la necesidad de conocer los cálculos que permitirán establecer las compensaciones.
En paralelo, la ley modifica el alcance del subsidio de zona fría, creado en 2002 para reducir el costo del gas en regiones de bajas temperaturas, como la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza. En 2021, una ampliación del régimen extendió el beneficio a localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, lo que elevó la cantidad de hogares alcanzados de 780.000 a 4,2 millones.
Con la nueva normativa, se revierte esa ampliación y se restablece el acceso automático al descuento para las zonas contempladas originalmente. Los hogares de las localidades incorporadas en 2021 podrán recibir una bonificación adicional únicamente si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y sus ingresos no superan el equivalente a tres canastas básicas totales, estimadas en aproximadamente $4,8 millones.
También podrán acceder quienes tengan entre los integrantes del hogar a una persona con certificado de vivienda, una pensión para veteranos de la guerra de Malvinas o un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El descuento tendrá un alcance limitado: se aplicará sobre un consumo base de gas y no incluirá los costos de transporte y distribución. El régimen se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios de todo el país y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
Los datos presupuestarios muestran la dimensión económica del programa. Entre enero y agosto del año en curso se destinaron US$86 millones al régimen de zona fría, equivalentes al 44% del crédito presupuestario vigente. Para 2027, la previsión presupuestaria asciende a US$95 millones.
Con la reducción de beneficiarios y la limitación del descuento al precio del gas, el nuevo esquema podría permitir que el régimen se financie exclusivamente con el recargo aplicado a los usuarios. De concretarse ese escenario, disminuiría o incluso desaparecería la necesidad de aportes adicionales del Estado para sostener el subsidio.
