Uno de los decretos dispone un refuerzo para el área de Defensa de aproximadamente $217.954 millones. De ese monto, $60.429,5 millones corresponden al Ejército, $34.156,9 millones a la Fuerza Aérea, $8.115,6 millones a la Armada y $519,4 millones al Estado Mayor Conjunto.
El paquete también contempla refuerzos presupuestarios para otros organismos. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incorpora $30.519 millones, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) recibe $119.290 millones adicionales.
Dentro del esquema de Defensa también aparece la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. El proyecto figura en el anexo presupuestario del DNU 867/2026, aunque no está mencionado con esa denominación en el cuerpo principal de la norma.
La iniciativa se vincula con el anuncio presidencial sobre el fortalecimiento de las capacidades militares y de telecomunicaciones en Tierra del Fuego. El proyecto de una base naval integrada se remonta a 2022 y adquirió relevancia estratégica por la ubicación de la provincia y su relación con el Atlántico Sur y la Antártida.
En paralelo, el Gobierno mantiene entre sus proyectos la creación de un Polo Logístico Antártico próximo a Ushuaia y el desarrollo de la base antártica conjunta Petrel. Estas iniciativas forman parte de distintos planes de infraestructura y logística para la presencia argentina en la región y no deben confundirse con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
El segundo decreto, identificado como 868/2026, modifica el procedimiento para aplicar sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
La norma otorga a la Cancillería un mecanismo más rápido para avanzar con esas sanciones y establece además nuevas condiciones para compañías que busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
De esta manera, los dos DNU tienen alcances jurídicos diferentes. Mientras el 867/2026 está relacionado principalmente con modificaciones presupuestarias y refuerzos de partidas, el 868/2026 introduce cambios de carácter regulatorio y sancionatorio vinculados con la política exterior y la explotación de recursos.
El nuevo esquema representa un cambio respecto del enfoque que había predominado durante los primeros años de la administración de Milei, cuando el Gobierno había priorizado el diálogo con el Reino Unido en relación con la cuestión de soberanía sobre las islas.
Los anuncios se produjeron además en un escenario internacional en el que Donald Trump manifestó recientemente posiciones que podrían modificar el tradicional enfoque estadounidense sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido.
El Gobierno también anunció un incremento de las capacidades de telecomunicaciones y el avance de infraestructura militar en Tierra del Fuego. Desde el comienzo de la actual administración, la provincia recibió visitas de autoridades militares, legisladores y funcionarios estadounidenses, en un contexto de creciente interés estratégico sobre la región.
El refuerzo de Defensa se produce, a su vez, después de años en los que las Fuerzas Armadas atravesaron restricciones presupuestarias. La evolución de los recursos asignados al área será uno de los puntos a observar durante la discusión del Presupuesto 2027.
Otro aspecto relacionado con el financiamiento de las Fuerzas Armadas es el programa de venta de inmuebles pertenecientes al Estado. Parte de los recursos obtenidos por esas operaciones fue planteada como una fuente para financiar inversiones destinadas al área de Defensa.
Algunas de esas ventas generaron cuestionamientos por tratarse de terrenos considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran predios ubicados en las cercanías de Ushuaia, donde el Gobierno busca avanzar con el proyecto de la Base Naval Integrada.
El esquema se completa con medidas vinculadas al personal militar. Los efectivos recibirán un incremento salarial escalonado entre septiembre y diciembre, mientras continúa la situación financiera de la obra social destinada a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Los dos decretos publicados ahora constituyen, en conjunto, las principales herramientas normativas mediante las cuales el Gobierno busca acompañar el nuevo enfoque sobre el Atlántico Sur: por un lado, mediante un refuerzo de recursos para Defensa y otros organismos estratégicos y, por otro, a través de mayores facultades para actuar frente a empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas consideradas no autorizadas.
Uno de los decretos dispone un refuerzo para el área de Defensa de aproximadamente $217.954 millones. De ese monto, $60.429,5 millones corresponden al Ejército, $34.156,9 millones a la Fuerza Aérea, $8.115,6 millones a la Armada y $519,4 millones al Estado Mayor Conjunto.
El paquete también contempla refuerzos presupuestarios para otros organismos. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incorpora $30.519 millones, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) recibe $119.290 millones adicionales.
Dentro del esquema de Defensa también aparece la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. El proyecto figura en el anexo presupuestario del DNU 867/2026, aunque no está mencionado con esa denominación en el cuerpo principal de la norma.
La iniciativa se vincula con el anuncio presidencial sobre el fortalecimiento de las capacidades militares y de telecomunicaciones en Tierra del Fuego. El proyecto de una base naval integrada se remonta a 2022 y adquirió relevancia estratégica por la ubicación de la provincia y su relación con el Atlántico Sur y la Antártida.
En paralelo, el Gobierno mantiene entre sus proyectos la creación de un Polo Logístico Antártico próximo a Ushuaia y el desarrollo de la base antártica conjunta Petrel. Estas iniciativas forman parte de distintos planes de infraestructura y logística para la presencia argentina en la región y no deben confundirse con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
El segundo decreto, identificado como 868/2026, modifica el procedimiento para aplicar sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
La norma otorga a la Cancillería un mecanismo más rápido para avanzar con esas sanciones y establece además nuevas condiciones para compañías que busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
De esta manera, los dos DNU tienen alcances jurídicos diferentes. Mientras el 867/2026 está relacionado principalmente con modificaciones presupuestarias y refuerzos de partidas, el 868/2026 introduce cambios de carácter regulatorio y sancionatorio vinculados con la política exterior y la explotación de recursos.
El nuevo esquema representa un cambio respecto del enfoque que había predominado durante los primeros años de la administración de Milei, cuando el Gobierno había priorizado el diálogo con el Reino Unido en relación con la cuestión de soberanía sobre las islas.
Los anuncios se produjeron además en un escenario internacional en el que Donald Trump manifestó recientemente posiciones que podrían modificar el tradicional enfoque estadounidense sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido.
El Gobierno también anunció un incremento de las capacidades de telecomunicaciones y el avance de infraestructura militar en Tierra del Fuego. Desde el comienzo de la actual administración, la provincia recibió visitas de autoridades militares, legisladores y funcionarios estadounidenses, en un contexto de creciente interés estratégico sobre la región.
El refuerzo de Defensa se produce, a su vez, después de años en los que las Fuerzas Armadas atravesaron restricciones presupuestarias. La evolución de los recursos asignados al área será uno de los puntos a observar durante la discusión del Presupuesto 2027.
Otro aspecto relacionado con el financiamiento de las Fuerzas Armadas es el programa de venta de inmuebles pertenecientes al Estado. Parte de los recursos obtenidos por esas operaciones fue planteada como una fuente para financiar inversiones destinadas al área de Defensa.
Algunas de esas ventas generaron cuestionamientos por tratarse de terrenos considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran predios ubicados en las cercanías de Ushuaia, donde el Gobierno busca avanzar con el proyecto de la Base Naval Integrada.
El esquema se completa con medidas vinculadas al personal militar. Los efectivos recibirán un incremento salarial escalonado entre septiembre y diciembre, mientras continúa la situación financiera de la obra social destinada a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Los dos decretos publicados ahora constituyen, en conjunto, las principales herramientas normativas mediante las cuales el Gobierno busca acompañar el nuevo enfoque sobre el Atlántico Sur: por un lado, mediante un refuerzo de recursos para Defensa y otros organismos estratégicos y, por otro, a través de mayores facultades para actuar frente a empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas consideradas no autorizadas.
