Horas después de expresar que la situación de las mujeres mapuches detenidas en Villa Mascardi “es sumamente preocupante”, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y ex abogada de Facundo Jones Huala, podría renunciar al gabinete de Alberto Fernández, en un gesto que explicita la interna del Gobierno que desató el operativo de desalojo en el Sur.
La ministra expresó públicamente su rechazo al desalojo en Villa Mascardi, Río Negro. En su lugar asumiría su segunda en el ministerio, María Cristina Perceval, ex senadora nacional y muy a Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
Gómez Alcorta hizo fuertes críticas este jueves: “Las mujeres están incomunicadas hace 48 horas. Las excarcelaciones fueron descartadas porque no tiene designados abogados particulares, pero está vinculada a la incomunicación. Es un círculo perverso. No pueden evitar la posibilidad de tener un abogado o abogada. Tenemos derecho a contar con una defensa. La magistrada negó ese derecho”.
El mismo día del operativo, Gómez Alcorta se mostró con el presidente Alberto Fernández. “Recibimos la capacitación en Ley Yolanda junto a Alberto Fernández y Juan Cabandié, que implica la formación integral para que todxs lxs funcionarixs públicxs incorporemos la perspectiva ambiental y climática en las políticas públicas de cada organismo”, había posteado la ministra cuando ya se había producido el desalojo.
Abogada, feminista y militante por los derechos humanos, Gómez Alcorta asumió el 10 de diciembre con 47 años, un hijo de 8, y fue la primera ministra de la Mujer de la historia argentina.
Se formó parte del Centro de estudios Legales y Sociales y es docente en la Universidad de Buenos Aires. Cobró notoriedad por defender a la dirigente social Milagro Sala, líder de la Organización Tupac Amarú.
Sus críticas al desalojo ordenado por la Justicia y ejecutado por Aníbal Fernández
“La situación es sumamente preocupante. Desde la madrugada del 4 de octubre, hace más de 48 horas, por orden judicial se detuvieron a siete mujer indígenas”, había afirmado la ministra en declaraciones a radio AM750.
“Inmediatamente, el ministerio y otros organismos buscamos la información que era confusa en un primer momento. Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada que se llama Romina, manifestando la preocupación por el riesgo de su vida. Tomamos conocimiento ayer que se rechazaron todas esas excarcelaciones”, dijo este jueves Gómez Alcorta.
La ahora ex ministra, consideró que “lo más grave” es que los pedidos de excarcelaciones “fueron rechazados por una cuestión formal de que no tienen designados abogados particulares”.
“No se puede negar en el marco de un estado de derecho la posibilidad de tener un abogado o abogada, no importa que hayan hecho. En este caso, la magistrada negó este derecho”, criticó Gómez Alcorta.
“Ayer a la noche la mujer que estaba embarazada supuso que empezaba con trabajo de parto. Nosotros tenemos la ley del parto respetado, humanizado que permite que todas las mujeres y personas gestantes estén con una persona de confianza y a parir teniendo en consideración las pautas culturales y esto no se permitió”, se lamentó la ahora ex ministra.
Gómez Alcorta remarcó este jueves que el ministerio está interviniendo y que hay una coordinadora del ministerio en Bariloche, pero que se trata de “actuaciones pura y exclusivamente ordenandos por la jueza” y que el ministerio “no forma parte del proceso, ni tiene acceso al expediente judicial”.
“Nuestro rol desde el ministerio es resguardar a todas las mujeres. Nos preocupamos particularmente por las que viven en nuestro país cuando se encuentren con violaciones a sus derechos y estamos en un caso de esa naturaleza”, completó la ministra.
