El planteo se realizó luego de un peritaje sobre el material audiovisual, cuyos resultados, según la defensa, generan dudas sobre su autenticidad y no permiten establecer con certeza el lugar en el que fueron registradas las imágenes.
El video muestra un vestidor masculino y fue incorporado a la investigación como un elemento relevante para determinar el origen de los fondos y bienes bajo análisis. Inicialmente, ese espacio había sido identificado como el lugar donde Insaurralde guardaba su ropa durante el período en que convivió con su ex esposa en su vivienda de San Vicente.
El fiscal federal Sergio Mola había intentado acceder al archivo original del video, pero al no poder localizarlo dispuso que se analizara el material disponible. Tanto Insaurralde como su ex esposa habían cuestionado anteriormente la utilización de las imágenes, al sostener que podrían haber sido obtenidas de manera ilegal mediante el acceso no autorizado a dispositivos electrónicos. Ese planteo fue rechazado por la Justicia.
El peritaje estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y abarcó siete videos. Los especialistas determinaron que no era posible establecer la fecha ni el lugar de grabación debido a que los archivos analizados no eran los originales y carecían de metadatos y código hash, elementos utilizados para verificar sus características e integridad.
El informe, sin embargo, no descartó que las imágenes puedan ser auténticas.
A partir de esas conclusiones, la defensa volvió a solicitar que el material no sea incorporado como elemento de cargo. Según el planteo, la ausencia de los archivos originales impide determinar de manera concluyente su autenticidad, origen, contexto de producción, mecanismo mediante el cual fueron obtenidos e identidad de quien los generó.
Los abogados también cuestionaron la cadena de custodia de los videos y señalaron que no se habrían respetado los procedimientos previstos para el tratamiento y almacenamiento de evidencia digital. Por ese motivo, sostienen que el material no debería integrar el conjunto de pruebas de la investigación.
El pedido se suma a otros planteos realizados por las distintas partes desde la incorporación del video al expediente, que todavía se encuentran pendientes de resolución.
La causa se inició a partir del viaje que Insaurralde realizó a Marbella en septiembre de 2023 junto a una modelo, a bordo de un yate. El episodio derivó en su salida del cargo de jefe de Gabinete del gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof.
En paralelo, el expediente incorporó recientemente otro peritaje sobre los bienes y movimientos financieros de los imputados, realizado por contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El estudio detectó inconsistencias en el patrimonio atribuido a Insaurralde.
Ese informe era uno de los elementos pendientes para definir si se avanzaría con los llamados a indagatoria solicitados por la Fiscalía en octubre de 2024, cuando consideró que el ex funcionario no podía justificar el origen de parte de su patrimonio.
En los próximos días, además, el expediente cambiará de juez con la asunción de Juan Tomás Rodríguez Ponte como titular del juzgado federal de Lomas de Zamora que interviene en la investigación.
El planteo se realizó luego de un peritaje sobre el material audiovisual, cuyos resultados, según la defensa, generan dudas sobre su autenticidad y no permiten establecer con certeza el lugar en el que fueron registradas las imágenes.
El video muestra un vestidor masculino y fue incorporado a la investigación como un elemento relevante para determinar el origen de los fondos y bienes bajo análisis. Inicialmente, ese espacio había sido identificado como el lugar donde Insaurralde guardaba su ropa durante el período en que convivió con su ex esposa en su vivienda de San Vicente.
El fiscal federal Sergio Mola había intentado acceder al archivo original del video, pero al no poder localizarlo dispuso que se analizara el material disponible. Tanto Insaurralde como su ex esposa habían cuestionado anteriormente la utilización de las imágenes, al sostener que podrían haber sido obtenidas de manera ilegal mediante el acceso no autorizado a dispositivos electrónicos. Ese planteo fue rechazado por la Justicia.
El peritaje estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y abarcó siete videos. Los especialistas determinaron que no era posible establecer la fecha ni el lugar de grabación debido a que los archivos analizados no eran los originales y carecían de metadatos y código hash, elementos utilizados para verificar sus características e integridad.
El informe, sin embargo, no descartó que las imágenes puedan ser auténticas.
A partir de esas conclusiones, la defensa volvió a solicitar que el material no sea incorporado como elemento de cargo. Según el planteo, la ausencia de los archivos originales impide determinar de manera concluyente su autenticidad, origen, contexto de producción, mecanismo mediante el cual fueron obtenidos e identidad de quien los generó.
Los abogados también cuestionaron la cadena de custodia de los videos y señalaron que no se habrían respetado los procedimientos previstos para el tratamiento y almacenamiento de evidencia digital. Por ese motivo, sostienen que el material no debería integrar el conjunto de pruebas de la investigación.
El pedido se suma a otros planteos realizados por las distintas partes desde la incorporación del video al expediente, que todavía se encuentran pendientes de resolución.
La causa se inició a partir del viaje que Insaurralde realizó a Marbella en septiembre de 2023 junto a una modelo, a bordo de un yate. El episodio derivó en su salida del cargo de jefe de Gabinete del gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof.
En paralelo, el expediente incorporó recientemente otro peritaje sobre los bienes y movimientos financieros de los imputados, realizado por contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El estudio detectó inconsistencias en el patrimonio atribuido a Insaurralde.
Ese informe era uno de los elementos pendientes para definir si se avanzaría con los llamados a indagatoria solicitados por la Fiscalía en octubre de 2024, cuando consideró que el ex funcionario no podía justificar el origen de parte de su patrimonio.
En los próximos días, además, el expediente cambiará de juez con la asunción de Juan Tomás Rodríguez Ponte como titular del juzgado federal de Lomas de Zamora que interviene en la investigación.
