El diagnóstico fue planteado por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), durante la celebración del Día de la Industria, realizada en el Laboratorio Elea. Ante representantes del sector, sostuvo que es necesario construir un “puente” entre la situación económica actual y el modelo productivo competitivo que se busca alcanzar.
En ese marco, la UIA identificó siete áreas consideradas prioritarias para acompañar el proceso de estabilización y apertura: actividad y crédito, costos internos, condiciones de competencia, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral.
Uno de los principales reclamos está relacionado con el nivel de actividad. Rappallini planteó que la estabilización económica no debería medirse solamente por la evolución de los precios y advirtió sobre las empresas que actualmente trabajan por debajo de su capacidad instalada.
Según los datos expuestos, la producción industrial se encuentra un 10% por debajo de los niveles registrados en 2022, mientras que determinados sectores acumulan retrocesos de entre 25% y 30%. El deterioro también impactó en el mercado laboral: desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 puestos de trabajo formales en la industria.
En este escenario, la UIA considera fundamental recuperar el acceso al crédito. El objetivo es contar con financiamiento destinado al capital de trabajo, las inversiones, la vivienda y el consumo, para canalizar el ahorro nuevamente hacia la inversión, la producción y la generación de empleo.
Otro de los ejes está vinculado con el denominado “costo argentino”, que incluye la presión impositiva, los gastos logísticos y otros componentes que reducen la competitividad de las empresas frente a sus competidores internacionales.
En materia tributaria, la entidad propone reducir gradualmente los impuestos que se acumulan a lo largo del proceso productivo. Entre ellos menciona Ingresos Brutos, Sellos, las tasas municipales, el impuesto a los créditos y débitos y la carga sobre las ganancias empresariales.
La propuesta consiste en avanzar hacia un Pacto Fiscal Industrial Federal que involucre al Estado nacional, las provincias y los municipios para coordinar una disminución progresiva de los costos impositivos asociados a la producción.
La competencia con los productos importados constituye otro de los puntos planteados. La UIA sostiene que la apertura económica debe desarrollarse bajo condiciones similares para los productos nacionales y extranjeros. Entre las prácticas que generan preocupación figuran el dumping, los subsidios a las exportaciones, la subfacturación y distintos niveles de informalidad.
El contrabando también fue señalado como un problema relevante. Según los datos presentados, en algunos sectores los productos que ingresan al país por canales irregulares llegan a representar entre el 30% y el 50% del mercado. Frente a esta situación, la entidad reclamó controles que permitan garantizar el cumplimiento de las normas y condiciones de competencia equitativas.
La energía aparece como otro factor estratégico. El desarrollo de Vaca Muerta es considerado una oportunidad para incrementar las exportaciones de hidrocarburos, pero también para mejorar la competitividad de la industria nacional. Para ello, el sector plantea la necesidad de garantizar el abastecimiento, ampliar la infraestructura y asegurar precios competitivos para las empresas.
En relación con las tarifas, Rappallini advirtió que durante este año algunas industrias, particularmente pequeñas y medianas empresas, recibieron facturas de gas y electricidad con aumentos de entre tres y cinco veces. Frente a ese escenario, la UIA planteó la necesidad de implementar mecanismos de asistencia que permitan amortiguar el impacto y facilitar el acceso al financiamiento.
La situación financiera de las empresas constituye otro de los problemas identificados. El aumento de las tasas de interés registrado el año pasado y la reducción de la actividad generaron dificultades para cumplir con obligaciones bancarias y fiscales, especialmente entre las PyMEs.
Como respuesta, la UIA propone mecanismos para reprogramar deudas bancarias y fiscales, regularizar situaciones de morosidad y asistir a compañías que atraviesen dificultades de liquidez de carácter transitorio. También solicitó suspender embargos que puedan impedir la continuidad operativa de empresas con problemas financieros.
A esto se suma el reclamo para acelerar la devolución de los saldos a favor acumulados por las compañías, considerados un recurso necesario para sostener el capital de trabajo.
La infraestructura constituye otro de los puntos centrales del planteo industrial. Rutas, puertos, ferrocarriles, redes eléctricas, gasoductos, conectividad y pasos fronterizos forman parte de las áreas señaladas como determinantes para reducir costos y mejorar la competitividad.
Según la UIA, las deficiencias en infraestructura impactan directamente sobre el precio final de los productos y dificultan tanto las ventas en el mercado interno como las exportaciones. Entre las alternativas propuestas figuran acelerar concesiones y licitaciones, impulsar esquemas de inversión público-privada y promover la llegada de capital privado para obras vinculadas con transporte, energía y conectividad.
El último eje está relacionado con el mercado laboral. Rappallini destacó las posibilidades que abre la nueva legislación laboral para modificar las relaciones entre trabajadores y empresas y planteó la necesidad de que esas herramientas puedan ser incorporadas por las compañías.
En particular, la UIA propone actualizar los convenios colectivos de trabajo, muchos de los cuales fueron establecidos décadas atrás bajo condiciones productivas diferentes a las actuales. También señaló la necesidad de reducir la litigiosidad laboral, debido a que la incertidumbre asociada a los juicios puede desalentar nuevas contrataciones y decisiones de inversión.
El diagnóstico fue planteado por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), durante la celebración del Día de la Industria, realizada en el Laboratorio Elea. Ante representantes del sector, sostuvo que es necesario construir un “puente” entre la situación económica actual y el modelo productivo competitivo que se busca alcanzar.
En ese marco, la UIA identificó siete áreas consideradas prioritarias para acompañar el proceso de estabilización y apertura: actividad y crédito, costos internos, condiciones de competencia, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral.
Uno de los principales reclamos está relacionado con el nivel de actividad. Rappallini planteó que la estabilización económica no debería medirse solamente por la evolución de los precios y advirtió sobre las empresas que actualmente trabajan por debajo de su capacidad instalada.
Según los datos expuestos, la producción industrial se encuentra un 10% por debajo de los niveles registrados en 2022, mientras que determinados sectores acumulan retrocesos de entre 25% y 30%. El deterioro también impactó en el mercado laboral: desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 puestos de trabajo formales en la industria.
En este escenario, la UIA considera fundamental recuperar el acceso al crédito. El objetivo es contar con financiamiento destinado al capital de trabajo, las inversiones, la vivienda y el consumo, para canalizar el ahorro nuevamente hacia la inversión, la producción y la generación de empleo.
Otro de los ejes está vinculado con el denominado “costo argentino”, que incluye la presión impositiva, los gastos logísticos y otros componentes que reducen la competitividad de las empresas frente a sus competidores internacionales.
En materia tributaria, la entidad propone reducir gradualmente los impuestos que se acumulan a lo largo del proceso productivo. Entre ellos menciona Ingresos Brutos, Sellos, las tasas municipales, el impuesto a los créditos y débitos y la carga sobre las ganancias empresariales.
La propuesta consiste en avanzar hacia un Pacto Fiscal Industrial Federal que involucre al Estado nacional, las provincias y los municipios para coordinar una disminución progresiva de los costos impositivos asociados a la producción.
La competencia con los productos importados constituye otro de los puntos planteados. La UIA sostiene que la apertura económica debe desarrollarse bajo condiciones similares para los productos nacionales y extranjeros. Entre las prácticas que generan preocupación figuran el dumping, los subsidios a las exportaciones, la subfacturación y distintos niveles de informalidad.
El contrabando también fue señalado como un problema relevante. Según los datos presentados, en algunos sectores los productos que ingresan al país por canales irregulares llegan a representar entre el 30% y el 50% del mercado. Frente a esta situación, la entidad reclamó controles que permitan garantizar el cumplimiento de las normas y condiciones de competencia equitativas.
La energía aparece como otro factor estratégico. El desarrollo de Vaca Muerta es considerado una oportunidad para incrementar las exportaciones de hidrocarburos, pero también para mejorar la competitividad de la industria nacional. Para ello, el sector plantea la necesidad de garantizar el abastecimiento, ampliar la infraestructura y asegurar precios competitivos para las empresas.
En relación con las tarifas, Rappallini advirtió que durante este año algunas industrias, particularmente pequeñas y medianas empresas, recibieron facturas de gas y electricidad con aumentos de entre tres y cinco veces. Frente a ese escenario, la UIA planteó la necesidad de implementar mecanismos de asistencia que permitan amortiguar el impacto y facilitar el acceso al financiamiento.
La situación financiera de las empresas constituye otro de los problemas identificados. El aumento de las tasas de interés registrado el año pasado y la reducción de la actividad generaron dificultades para cumplir con obligaciones bancarias y fiscales, especialmente entre las PyMEs.
Como respuesta, la UIA propone mecanismos para reprogramar deudas bancarias y fiscales, regularizar situaciones de morosidad y asistir a compañías que atraviesen dificultades de liquidez de carácter transitorio. También solicitó suspender embargos que puedan impedir la continuidad operativa de empresas con problemas financieros.
A esto se suma el reclamo para acelerar la devolución de los saldos a favor acumulados por las compañías, considerados un recurso necesario para sostener el capital de trabajo.
La infraestructura constituye otro de los puntos centrales del planteo industrial. Rutas, puertos, ferrocarriles, redes eléctricas, gasoductos, conectividad y pasos fronterizos forman parte de las áreas señaladas como determinantes para reducir costos y mejorar la competitividad.
Según la UIA, las deficiencias en infraestructura impactan directamente sobre el precio final de los productos y dificultan tanto las ventas en el mercado interno como las exportaciones. Entre las alternativas propuestas figuran acelerar concesiones y licitaciones, impulsar esquemas de inversión público-privada y promover la llegada de capital privado para obras vinculadas con transporte, energía y conectividad.
El último eje está relacionado con el mercado laboral. Rappallini destacó las posibilidades que abre la nueva legislación laboral para modificar las relaciones entre trabajadores y empresas y planteó la necesidad de que esas herramientas puedan ser incorporadas por las compañías.
En particular, la UIA propone actualizar los convenios colectivos de trabajo, muchos de los cuales fueron establecidos décadas atrás bajo condiciones productivas diferentes a las actuales. También señaló la necesidad de reducir la litigiosidad laboral, debido a que la incertidumbre asociada a los juicios puede desalentar nuevas contrataciones y decisiones de inversión.
