Desde el Gobierno, se argumenta que esta prórroga es necesaria debido a que “persisten aún las circunstancias que motivaron” las prorrogas anteriores, que fueron declaradas a fines de 2023, y que el proceso de normalización del mercado eléctrico continúa en curso.
La norma extiende la emergencia declarada inicialmente por el Decreto 55/2023 y luego prolongada por los decretos 1023/2024 y 370/2025. En particular, el artículo 1° establece: “Prorrógase la emergencia del Sector Energético Nacional (…) en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal (…) hasta el 31 de diciembre de 2027”.
Uno de los principales argumentos de esta medida se centra en la necesidad de coordinar la emergencia eléctrica con la que ya se aplica al sistema de transporte y distribución de gas natural, que también fue prorrogada hasta la misma fecha mediante el Decreto 49/2026. En este contexto, se sostiene que hay una “interdependencia operativa y económica entre los sistemas de energía eléctrica y gas natural”, y se destaca que el gas natural es un insumo crítico para la generación térmica de energía eléctrica.
Por esta razón, el Gobierno consideró necesario “equiparar los plazos de vigencia de ambas declaraciones de emergencia” a fin de “preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional”. Además, el decreto indica que “la mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia”.
Desde una perspectiva técnica, se subrayó que durante febrero de 2025, el sistema eléctrico alcanzó una demanda máxima de 30.257 megavatios, con un margen disponible del 4,4 %, un nivel que fue calificado como insuficiente para garantizar reservas adecuadas ante posibles contingencias. También se mencionó que el parque generador presenta un “alto grado de envejecimiento”, que las principales estaciones transformadoras están operando con una utilización superior al 90 % y que más del 60 % de las fallas en distribución ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.
Otro aspecto relevante de esta prórroga es el avance en el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En este sentido, se informó que en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de CAMMESA era “cercana al 48 %”, mientras que actualmente se encuentra alrededor del “97 %”. Sin embargo, se destacó que la recuperación aún necesita consolidarse, advirtiendo que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer los pagos a generadores y transportistas, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que este régimen de emergencia busca superar.
Adicionalmente, el decreto relaciona la continuidad de la emergencia con la política de reducción gradual de subsidios. Se indicó que durante mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) aplicado a usuarios residenciales subsidiados representó “aproximadamente el 24 %” del precio de referencia de la energía, lo que señala la existencia de una brecha económica significativa que debe ser atendida de manera gradual y planificada.
En este marco, el Gobierno reafirmó la necesidad de coordinar la transición con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados con el fin de “avanzar hacia la sostenibilidad económica-financiera del sistema eléctrico y reducir progresivamente la dependencia de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional”. También se previó que si la emergencia no se prorrogara, podrían generarse “discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los actores, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos para la continuidad del servicio público de electricidad”.
Por estas razones, el Gobierno concluyó que es “necesario y urgente extender la declaración de emergencia del Sector Energético Nacional” hasta el 31 de diciembre de 2027, enfatizando que esta medida permitirá seguir implementando las acciones regulatorias, operativas, económicas, contractuales, tarifarias y de infraestructura requeridas para asegurar el funcionamiento del sistema eléctrico.
Desde el Gobierno, se argumenta que esta prórroga es necesaria debido a que “persisten aún las circunstancias que motivaron” las prorrogas anteriores, que fueron declaradas a fines de 2023, y que el proceso de normalización del mercado eléctrico continúa en curso.
La norma extiende la emergencia declarada inicialmente por el Decreto 55/2023 y luego prolongada por los decretos 1023/2024 y 370/2025. En particular, el artículo 1° establece: “Prorrógase la emergencia del Sector Energético Nacional (…) en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal (…) hasta el 31 de diciembre de 2027”.
Uno de los principales argumentos de esta medida se centra en la necesidad de coordinar la emergencia eléctrica con la que ya se aplica al sistema de transporte y distribución de gas natural, que también fue prorrogada hasta la misma fecha mediante el Decreto 49/2026. En este contexto, se sostiene que hay una “interdependencia operativa y económica entre los sistemas de energía eléctrica y gas natural”, y se destaca que el gas natural es un insumo crítico para la generación térmica de energía eléctrica.
Por esta razón, el Gobierno consideró necesario “equiparar los plazos de vigencia de ambas declaraciones de emergencia” a fin de “preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional”. Además, el decreto indica que “la mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia”.
Desde una perspectiva técnica, se subrayó que durante febrero de 2025, el sistema eléctrico alcanzó una demanda máxima de 30.257 megavatios, con un margen disponible del 4,4 %, un nivel que fue calificado como insuficiente para garantizar reservas adecuadas ante posibles contingencias. También se mencionó que el parque generador presenta un “alto grado de envejecimiento”, que las principales estaciones transformadoras están operando con una utilización superior al 90 % y que más del 60 % de las fallas en distribución ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.
Otro aspecto relevante de esta prórroga es el avance en el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En este sentido, se informó que en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de CAMMESA era “cercana al 48 %”, mientras que actualmente se encuentra alrededor del “97 %”. Sin embargo, se destacó que la recuperación aún necesita consolidarse, advirtiendo que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer los pagos a generadores y transportistas, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que este régimen de emergencia busca superar.
Adicionalmente, el decreto relaciona la continuidad de la emergencia con la política de reducción gradual de subsidios. Se indicó que durante mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) aplicado a usuarios residenciales subsidiados representó “aproximadamente el 24 %” del precio de referencia de la energía, lo que señala la existencia de una brecha económica significativa que debe ser atendida de manera gradual y planificada.
En este marco, el Gobierno reafirmó la necesidad de coordinar la transición con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados con el fin de “avanzar hacia la sostenibilidad económica-financiera del sistema eléctrico y reducir progresivamente la dependencia de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional”. También se previó que si la emergencia no se prorrogara, podrían generarse “discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los actores, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos para la continuidad del servicio público de electricidad”.
Por estas razones, el Gobierno concluyó que es “necesario y urgente extender la declaración de emergencia del Sector Energético Nacional” hasta el 31 de diciembre de 2027, enfatizando que esta medida permitirá seguir implementando las acciones regulatorias, operativas, económicas, contractuales, tarifarias y de infraestructura requeridas para asegurar el funcionamiento del sistema eléctrico.
