El planteo apunta a conocer cuánto dinero ingresó durante 2025 y 2026 a través de la tasa vial y otros fondos destinados al mantenimiento de los caminos, cuánto se gastó, en qué conceptos y cuáles fueron los resultados concretos de esas erogaciones.
Entre los pedidos figura un detalle de los $124,9 millones mensuales asignados a combustible, reparaciones, repuestos, materiales y equipamiento. Los productores solicitan identificar a los proveedores, conocer los montos abonados, el destino de cada gasto y contar con la documentación que respalde las operaciones.
También reclaman un informe sobre las obras realizadas durante 2025 y 2026. El pedido incluye identificar los caminos y tramos intervenidos, las fechas de ejecución, la cantidad de kilómetros trabajados, la maquinaria utilizada, el personal afectado y los costos correspondientes a cada tarea.
Otro de los puntos está relacionado con el parque de maquinaria municipal. Se solicita un inventario que detalle marca, modelo, año, estado, horas de trabajo y períodos en los que cada equipo permaneció fuera de servicio. A esto se suma el pedido de información sobre el consumo de combustible de máquinas y vehículos y los gastos en personal afectado al mantenimiento de la red vial, con datos sobre cantidad de agentes, funciones y porcentaje de dedicación.
El reclamo también alcanza los recursos correspondientes a la Descentralización Tributaria Rural. En este caso, se pide conocer cuánto dinero fue transferido durante 2025 y 2026, las fechas de las transferencias, los montos, el destino de los fondos y la forma en que fueron registrados dentro del presupuesto municipal.
El eje del pedido es determinar con precisión cuánto dinero recibió el municipio para atender la red vial rural y qué destino tuvo. Los productores sostienen que la información debería permitir establecer no solo el nivel de recaudación y gasto, sino también cuántos kilómetros de caminos fueron efectivamente intervenidos.
La discusión comenzó durante el año pasado y se vinculó con reclamos similares impulsados por entidades rurales de otros distritos de la zona. En ese momento, los productores intentaron avanzar mediante una presentación judicial, pero no lograron reunir la cantidad de adhesiones necesarias para continuar con esa estrategia.
A partir de esas dificultades, el reclamo se trasladó hacia los pedidos de acceso a la información pública ante el municipio. Según los productores, algunas solicitudes fueron respondidas, aunque consideran que todavía falta documentación para completar el detalle sobre la utilización de los recursos.
La relación entre las partes se deterioró durante ese proceso. Los productores cuestionaron además declaraciones realizadas desde el municipio en las que se sostuvo que la documentación requerida ya había sido entregada. Desde el sector rural sostienen que esa afirmación no coincide con la información que recibieron.
La dimensión del reclamo está vinculada con la extensión de la red vial rural de San Pedro, que comprende entre 1.200 y 1.400 kilómetros de caminos utilizados para la actividad productiva y el traslado de la producción.
El pedido, según plantean los productores, no se limita a conocer cuánto se recauda mediante los distintos mecanismos destinados a la red vial. El objetivo es contar con documentación que permita relacionar los recursos ingresados con los gastos realizados y las obras concretamente ejecutadas.
Ante la falta de información que consideran suficiente, los productores anticiparon que continuarán utilizando las vías institucionales y legales disponibles para obtener respuestas sobre el manejo de los fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales.
El municipio, por su parte, sostiene que la documentación solicitada ya fue entregada. No obstante, el reclamo continúa abierto y tiene como principal eje la diferencia entre esa posición y lo que los productores consideran que efectivamente recibieron como información.
El planteo apunta a conocer cuánto dinero ingresó durante 2025 y 2026 a través de la tasa vial y otros fondos destinados al mantenimiento de los caminos, cuánto se gastó, en qué conceptos y cuáles fueron los resultados concretos de esas erogaciones.
Entre los pedidos figura un detalle de los $124,9 millones mensuales asignados a combustible, reparaciones, repuestos, materiales y equipamiento. Los productores solicitan identificar a los proveedores, conocer los montos abonados, el destino de cada gasto y contar con la documentación que respalde las operaciones.
También reclaman un informe sobre las obras realizadas durante 2025 y 2026. El pedido incluye identificar los caminos y tramos intervenidos, las fechas de ejecución, la cantidad de kilómetros trabajados, la maquinaria utilizada, el personal afectado y los costos correspondientes a cada tarea.
Otro de los puntos está relacionado con el parque de maquinaria municipal. Se solicita un inventario que detalle marca, modelo, año, estado, horas de trabajo y períodos en los que cada equipo permaneció fuera de servicio. A esto se suma el pedido de información sobre el consumo de combustible de máquinas y vehículos y los gastos en personal afectado al mantenimiento de la red vial, con datos sobre cantidad de agentes, funciones y porcentaje de dedicación.
El reclamo también alcanza los recursos correspondientes a la Descentralización Tributaria Rural. En este caso, se pide conocer cuánto dinero fue transferido durante 2025 y 2026, las fechas de las transferencias, los montos, el destino de los fondos y la forma en que fueron registrados dentro del presupuesto municipal.
El eje del pedido es determinar con precisión cuánto dinero recibió el municipio para atender la red vial rural y qué destino tuvo. Los productores sostienen que la información debería permitir establecer no solo el nivel de recaudación y gasto, sino también cuántos kilómetros de caminos fueron efectivamente intervenidos.
La discusión comenzó durante el año pasado y se vinculó con reclamos similares impulsados por entidades rurales de otros distritos de la zona. En ese momento, los productores intentaron avanzar mediante una presentación judicial, pero no lograron reunir la cantidad de adhesiones necesarias para continuar con esa estrategia.
A partir de esas dificultades, el reclamo se trasladó hacia los pedidos de acceso a la información pública ante el municipio. Según los productores, algunas solicitudes fueron respondidas, aunque consideran que todavía falta documentación para completar el detalle sobre la utilización de los recursos.
La relación entre las partes se deterioró durante ese proceso. Los productores cuestionaron además declaraciones realizadas desde el municipio en las que se sostuvo que la documentación requerida ya había sido entregada. Desde el sector rural sostienen que esa afirmación no coincide con la información que recibieron.
La dimensión del reclamo está vinculada con la extensión de la red vial rural de San Pedro, que comprende entre 1.200 y 1.400 kilómetros de caminos utilizados para la actividad productiva y el traslado de la producción.
El pedido, según plantean los productores, no se limita a conocer cuánto se recauda mediante los distintos mecanismos destinados a la red vial. El objetivo es contar con documentación que permita relacionar los recursos ingresados con los gastos realizados y las obras concretamente ejecutadas.
Ante la falta de información que consideran suficiente, los productores anticiparon que continuarán utilizando las vías institucionales y legales disponibles para obtener respuestas sobre el manejo de los fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales.
El municipio, por su parte, sostiene que la documentación solicitada ya fue entregada. No obstante, el reclamo continúa abierto y tiene como principal eje la diferencia entre esa posición y lo que los productores consideran que efectivamente recibieron como información.
