El planteo judicial apunta a determinar si existe correspondencia entre los bienes, ingresos y movimientos financieros registrados por Tapia y los recursos que declaró durante los años bajo análisis. Para avanzar en esa tarea, fueron autorizadas alrededor de 20 medidas que abarcan información patrimonial, fiscal, bancaria, societaria y laboral.
El caso se inició a partir de una denuncia presentada en abril, en la que se señaló un incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024. La investigación quedó radicada en la Justicia Federal después de una discusión de competencia entre tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el fuero federal.
Uno de los puntos que serán examinados son las declaraciones juradas correspondientes a los distintos años. Según la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades por un valor fiscal conjunto cercano a $17 millones, un vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones. En las declaraciones posteriores aparecen montos considerablemente superiores en cuentas y efectivo.
La investigación también contempla los ingresos obtenidos durante su actividad como funcionario público y los registrados por sus funciones en organismos vinculados al fútbol. El cargo de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es ad honorem y no constituye el objeto de la pesquisa; el expediente está centrado en su condición de funcionario público.
Entre las medidas ordenadas se encuentra el acceso a información protegida por el secreto fiscal y bancario. La Justicia busca obtener datos sobre cuentas, movimientos financieros, inversiones, préstamos, transferencias, tarjetas, cajas de seguridad y operaciones realizadas tanto en el país como en el exterior.
También serán requeridos informes sobre propiedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves que Tapia posea o haya poseído durante el período investigado. A esto se sumarán datos sobre participaciones societarias y otros activos registrados a su nombre.
La pesquisa incluye además información sobre su trayectoria laboral y remuneraciones. En ese marco, se solicitará al CEAMSE documentación vinculada con sus designaciones, cargos ejercidos, períodos de desempeño, legajo personal y pagos recibidos. También se requerirán datos a organismos públicos sobre sus declaraciones patrimoniales.
Otro de los puntos previstos es la reconstrucción de sus movimientos migratorios y de eventuales operaciones financieras que hayan sido reportadas como sospechosas. El objetivo es reunir información suficiente para establecer cómo evolucionaron sus bienes y fondos a lo largo del período analizado.
La Fiscalía también pidió información relacionada con sus funciones en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Para ello, se prevé solicitar documentación sobre los cargos desempeñados, los períodos correspondientes, los ingresos percibidos y las cuentas utilizadas para recibir esos pagos. El requerimiento también contempla determinar si ejerció funciones ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación y bajo qué modalidad.
Con toda la información reunida, la investigación buscará elaborar un análisis patrimonial, económico y financiero que permita contrastar los bienes y movimientos registrados con los ingresos declarados. La documentación obtenida será utilizada para determinar si existen inconsistencias que requieran nuevas explicaciones dentro del expediente.
El planteo judicial apunta a determinar si existe correspondencia entre los bienes, ingresos y movimientos financieros registrados por Tapia y los recursos que declaró durante los años bajo análisis. Para avanzar en esa tarea, fueron autorizadas alrededor de 20 medidas que abarcan información patrimonial, fiscal, bancaria, societaria y laboral.
El caso se inició a partir de una denuncia presentada en abril, en la que se señaló un incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024. La investigación quedó radicada en la Justicia Federal después de una discusión de competencia entre tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el fuero federal.
Uno de los puntos que serán examinados son las declaraciones juradas correspondientes a los distintos años. Según la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades por un valor fiscal conjunto cercano a $17 millones, un vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones. En las declaraciones posteriores aparecen montos considerablemente superiores en cuentas y efectivo.
La investigación también contempla los ingresos obtenidos durante su actividad como funcionario público y los registrados por sus funciones en organismos vinculados al fútbol. El cargo de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es ad honorem y no constituye el objeto de la pesquisa; el expediente está centrado en su condición de funcionario público.
Entre las medidas ordenadas se encuentra el acceso a información protegida por el secreto fiscal y bancario. La Justicia busca obtener datos sobre cuentas, movimientos financieros, inversiones, préstamos, transferencias, tarjetas, cajas de seguridad y operaciones realizadas tanto en el país como en el exterior.
También serán requeridos informes sobre propiedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves que Tapia posea o haya poseído durante el período investigado. A esto se sumarán datos sobre participaciones societarias y otros activos registrados a su nombre.
La pesquisa incluye además información sobre su trayectoria laboral y remuneraciones. En ese marco, se solicitará al CEAMSE documentación vinculada con sus designaciones, cargos ejercidos, períodos de desempeño, legajo personal y pagos recibidos. También se requerirán datos a organismos públicos sobre sus declaraciones patrimoniales.
Otro de los puntos previstos es la reconstrucción de sus movimientos migratorios y de eventuales operaciones financieras que hayan sido reportadas como sospechosas. El objetivo es reunir información suficiente para establecer cómo evolucionaron sus bienes y fondos a lo largo del período analizado.
La Fiscalía también pidió información relacionada con sus funciones en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Para ello, se prevé solicitar documentación sobre los cargos desempeñados, los períodos correspondientes, los ingresos percibidos y las cuentas utilizadas para recibir esos pagos. El requerimiento también contempla determinar si ejerció funciones ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación y bajo qué modalidad.
Con toda la información reunida, la investigación buscará elaborar un análisis patrimonial, económico y financiero que permita contrastar los bienes y movimientos registrados con los ingresos declarados. La documentación obtenida será utilizada para determinar si existen inconsistencias que requieran nuevas explicaciones dentro del expediente.
