La propuesta surgió mientras continúa vigente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y pocos días después de que la empresa presentara ante la Justicia un pedido de concurso preventivo para las sociedades que integran el grupo encabezado por Joaquín De Grazia, integrante de la familia fundadora.
La situación laboral en Pilar se encuentra atravesada por un conflicto más amplio. A comienzos de septiembre, la compañía comunicó cerca de 1.200 despidos en distintas plantas bonaerenses: unos 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. Aunque la última cifra es la menor de las tres localidades, se trata de una dotación que ya había sido reducida mediante suspensiones. En total, la empresa reconoció ante la Justicia más de 1.700 desvinculaciones.
Por el momento, esos despidos no pueden hacerse efectivos. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó dos conciliaciones obligatorias con plazos diferentes. La primera fue establecida el 4 de septiembre a pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y vence el 25 de septiembre, con posibilidad de extenderse hasta el 2 de octubre. La segunda fue dispuesta el 10 de septiembre a solicitud de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa a los trabajadores de las granjas de cría del grupo. En este caso, el plazo finaliza el 1 de octubre y puede prorrogarse hasta el 9 de octubre.
Durante la vigencia de estas medidas, la empresa debe retrotraer los despidos comunicados y mantener a los trabajadores en sus puestos. De esta manera, quedó abierto un período de negociación de entre dos y tres semanas antes de que los 50 despidos previstos en Pilar puedan concretarse.
En las últimas audiencias mantenidas con los sindicatos se habían alcanzado algunos acuerdos parciales, entre ellos la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta destinados a trabajadores afectados por las desvinculaciones. Sin embargo, la continuidad laboral de esos empleados todavía no había quedado definida.
La posibilidad de abonar parte de los salarios mediante productos de la compañía se produce en paralelo con la delicada situación financiera expuesta por la propia empresa en su presentación judicial. Según los datos incluidos en ese expediente, al 31 de diciembre de 2025 el pasivo de Granja Tres Arroyos alcanzaba los $536.000 millones, sin contar las obligaciones acumuladas durante 2026, cuyo monto todavía no fue precisado.
Dentro de esa deuda, unos $199.000 millones corresponden a obligaciones financieras, $161.000 millones a proveedores, $52.000 millones a impuestos, $78.000 millones a deudas laborales y fiscales y otros $46.000 millones a compromisos comerciales. Además, se registraron más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados, en un escenario marcado por la falta de liquidez.
El pedido presentado ante la Justicia alcanza a las cuatro sociedades que forman parte del grupo y fue firmado por Joaquín De Grazia. La solicitud busca tramitar el concurso preventivo mediante un agrupamiento económico, de acuerdo con los artículos 65 a 68 de la Ley de Concursos y Quiebras. Además de Granja Tres Arroyos, el planteo incluye a Wade, responsable de la planta de Pilar; Avex, que opera el complejo avícola de Río Cuarto, Córdoba; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), sociedad controlante que concentra el 99,941% del capital y funciona como garante de las restantes compañías.
En la presentación judicial, la empresa atribuyó el deterioro de su situación a factores vinculados con el mercado y la estructura de costos. Entre los argumentos expuestos mencionó un “estrangulamiento del mercado interno” y un “aumento desmedido de costos”.
Según esa explicación, el consumo de pollo en Argentina pasó de unos 20 kilogramos por habitante al año en 2000 hasta alcanzar un máximo de 47 kilogramos, un nivel que, de acuerdo con la compañía, habría llegado a un límite en la capacidad del mercado interno para absorber su producción. A esto se sumó la pérdida de poder adquisitivo, que habría reducido aún más la demanda de alimentos.
La empresa también señaló el crecimiento de las importaciones de carne aviar proveniente de Brasil entre 2024 y 2026, en un contexto de flexibilización de las licencias de importación y reducción de aranceles. En su presentación sostuvo que esta situación generó “un techo artificial a los precios en las góndolas”.
Otro de los factores mencionados fue el brote de gripe aviar registrado en 2023, que provocó el cierre de los mercados de China, Chile y la Unión Europea. Esos destinos representaban la principal fuente de ingresos en divisas para la compañía, por lo que la producción terminó concentrándose en un mercado interno que la empresa considera saturado.
Desde 2022, Tyson Foods posee el 34% del capital de Granja Tres Arroyos. En medio de la crisis, circulan versiones sobre una eventual adquisición del resto del paquete accionario por parte de la compañía estadounidense, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre esa posibilidad.
La propuesta surgió mientras continúa vigente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y pocos días después de que la empresa presentara ante la Justicia un pedido de concurso preventivo para las sociedades que integran el grupo encabezado por Joaquín De Grazia, integrante de la familia fundadora.
La situación laboral en Pilar se encuentra atravesada por un conflicto más amplio. A comienzos de septiembre, la compañía comunicó cerca de 1.200 despidos en distintas plantas bonaerenses: unos 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. Aunque la última cifra es la menor de las tres localidades, se trata de una dotación que ya había sido reducida mediante suspensiones. En total, la empresa reconoció ante la Justicia más de 1.700 desvinculaciones.
Por el momento, esos despidos no pueden hacerse efectivos. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó dos conciliaciones obligatorias con plazos diferentes. La primera fue establecida el 4 de septiembre a pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y vence el 25 de septiembre, con posibilidad de extenderse hasta el 2 de octubre. La segunda fue dispuesta el 10 de septiembre a solicitud de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa a los trabajadores de las granjas de cría del grupo. En este caso, el plazo finaliza el 1 de octubre y puede prorrogarse hasta el 9 de octubre.
Durante la vigencia de estas medidas, la empresa debe retrotraer los despidos comunicados y mantener a los trabajadores en sus puestos. De esta manera, quedó abierto un período de negociación de entre dos y tres semanas antes de que los 50 despidos previstos en Pilar puedan concretarse.
En las últimas audiencias mantenidas con los sindicatos se habían alcanzado algunos acuerdos parciales, entre ellos la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta destinados a trabajadores afectados por las desvinculaciones. Sin embargo, la continuidad laboral de esos empleados todavía no había quedado definida.
La posibilidad de abonar parte de los salarios mediante productos de la compañía se produce en paralelo con la delicada situación financiera expuesta por la propia empresa en su presentación judicial. Según los datos incluidos en ese expediente, al 31 de diciembre de 2025 el pasivo de Granja Tres Arroyos alcanzaba los $536.000 millones, sin contar las obligaciones acumuladas durante 2026, cuyo monto todavía no fue precisado.
Dentro de esa deuda, unos $199.000 millones corresponden a obligaciones financieras, $161.000 millones a proveedores, $52.000 millones a impuestos, $78.000 millones a deudas laborales y fiscales y otros $46.000 millones a compromisos comerciales. Además, se registraron más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados, en un escenario marcado por la falta de liquidez.
El pedido presentado ante la Justicia alcanza a las cuatro sociedades que forman parte del grupo y fue firmado por Joaquín De Grazia. La solicitud busca tramitar el concurso preventivo mediante un agrupamiento económico, de acuerdo con los artículos 65 a 68 de la Ley de Concursos y Quiebras. Además de Granja Tres Arroyos, el planteo incluye a Wade, responsable de la planta de Pilar; Avex, que opera el complejo avícola de Río Cuarto, Córdoba; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), sociedad controlante que concentra el 99,941% del capital y funciona como garante de las restantes compañías.
En la presentación judicial, la empresa atribuyó el deterioro de su situación a factores vinculados con el mercado y la estructura de costos. Entre los argumentos expuestos mencionó un “estrangulamiento del mercado interno” y un “aumento desmedido de costos”.
Según esa explicación, el consumo de pollo en Argentina pasó de unos 20 kilogramos por habitante al año en 2000 hasta alcanzar un máximo de 47 kilogramos, un nivel que, de acuerdo con la compañía, habría llegado a un límite en la capacidad del mercado interno para absorber su producción. A esto se sumó la pérdida de poder adquisitivo, que habría reducido aún más la demanda de alimentos.
La empresa también señaló el crecimiento de las importaciones de carne aviar proveniente de Brasil entre 2024 y 2026, en un contexto de flexibilización de las licencias de importación y reducción de aranceles. En su presentación sostuvo que esta situación generó “un techo artificial a los precios en las góndolas”.
Otro de los factores mencionados fue el brote de gripe aviar registrado en 2023, que provocó el cierre de los mercados de China, Chile y la Unión Europea. Esos destinos representaban la principal fuente de ingresos en divisas para la compañía, por lo que la producción terminó concentrándose en un mercado interno que la empresa considera saturado.
Desde 2022, Tyson Foods posee el 34% del capital de Granja Tres Arroyos. En medio de la crisis, circulan versiones sobre una eventual adquisición del resto del paquete accionario por parte de la compañía estadounidense, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre esa posibilidad.
