Uno de los principales puntos abordados fue el origen de los dólares declarados en distintos ejercicios bajo el concepto de “venta de activos”. Según la defensa, los montos de US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 no surgieron de la venta de inmuebles u otros bienes físicos, sino de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. De acuerdo con el escrito, esas tenencias fueron adquiridas entre 2014 y 2017 y liquidadas entre 2017 y 2018, es decir, antes del ingreso de Adorni a la función pública, el 10 de diciembre de 2023.
La presentación identifica ocho direcciones que habrían generado US$591.544,61 y sostiene que la titularidad fue constatada mediante una verificación notarial de las claves privadas. Bajo ese argumento, los dólares que posteriormente aparecieron en las declaraciones juradas representarían una transformación progresiva de un activo que ya existía con anterioridad al período investigado.
La defensa también explicó la situación profesional de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Señaló que ambos finalizaron sus respectivas carreras y que, antes de diciembre de 2023, desarrollaron actividades de asesoramiento profesional. En el caso de Adorni, vinculadas con cuestiones contables y financieras, y en el de Angeletti, con la gestión empresarial. Según el planteo, parte de esos servicios se prestó fuera del circuito bancario y financiero formal, lo que habría permitido generar una capacidad de ahorro superior a la que hubieran obtenido mediante el canal convencional de cobro de honorarios.
Otro de los puntos analizados fueron los préstamos recibidos de Silvia Pais y Norma Zuccolo. La defensa sostuvo que se trató de mutuos privados cuya validez no requiere escritura pública ni otras formalidades adicionales. Además, remarcó que ambas obligaciones fueron incorporadas a las declaraciones juradas. En particular, vinculó la falta de documentación contractual más extensa con la relación familiar existente en el caso de Pais.
En relación con la compra de una Jeep Compass por un valor atribuido de $21,5 millones, la defensa negó que se hubiera concretado un pago en efectivo por esa suma. Explicó que la operación consistió en una permuta por un Renault Captur adquirido por el matrimonio en 2021. A ese intercambio se sumaron dos transferencias de $1 millón, una realizada por Adorni y otra por su esposa, y seis cuotas de $200.000 abonadas mediante tarjeta Visa.
También se detalló la adquisición del lote 380, cuyo precio habría sido de US$120.000. Según la presentación, US$100.000 fueron financiados mediante un mutuo con garantía hipotecaria sobre otro inmueble y los US$20.000 restantes fueron abonados en efectivo, bajo la custodia de Angeletti. La defensa explicó además que una rectificación de la declaración jurada incorporó el 50% del activo y del pasivo hipotecario a nombre de cada integrante del matrimonio y sostuvo que la modificación respondió a una corrección de la composición patrimonial y no a un intento de ocultamiento.
La remodelación de una vivienda ubicada en Indio Cuá también fue objeto de explicaciones. La Fiscalía había solicitado precisiones sobre el financiamiento de la obra, cuyo costo había sido estimado por el contratista en aproximadamente US$245.000. La defensa sostuvo que el desembolso efectivo fue significativamente menor y detalló pagos por US$175.000 identificados durante el análisis contable. A su vez, señaló que un perito arquitecto calculó el valor técnico de los trabajos en US$174.954,58, una diferencia de apenas US$45,42 respecto de los pagos registrados.
El escrito cuestionó la estimación más elevada atribuida al contratista y señaló supuestos errores aritméticos, diferencias entre planillas, partidas sin comprobantes y otros conceptos que, según la defensa, no estarían vinculados con la obra.
Respecto del departamento de Caballito ubicado en Miró 550, la defensa explicó que los fondos transferidos para adquirir los muebles provinieron de los ahorros en dólares cuyo origen fue desarrollado en la presentación. La misma explicación fue utilizada para justificar los US$30.000 entregados en efectivo para la compra del inmueble, vinculándolos con los ahorros provenientes de la operatoria con activos virtuales.
En cuanto a los ingresos exentos y los bienes recibidos por herencia, el escrito indicó que los $73 millones correspondientes a 2025 derivaron de la venta, por US$50.000, de un inmueble situado en La Plata que Adorni había recibido como legado de su padre. También explicó que los $10.211.200 consignados como bienes provenientes de herencia, legado o donación correspondieron a un ajuste contable equivalente al 50% de los US$20.000 destinados a la adquisición del lote de Indio Cuá.
Los gastos vinculados con viajes, alquileres y necesidades familiares fueron atribuidos a los ahorros en dólares previamente explicados y a los ingresos declarados por ambos integrantes del matrimonio.
La defensa también respondió sobre operaciones en las que intervinieron terceras personas. Explicó que se trató de asistencia administrativa y personal. En ese marco, señaló que Gisela Kocsis colaboraba con compras, retiros de efectivo y pagos por cuestiones prácticas, con posteriores reintegros por parte de Adorni. También mencionó una compra puntual realizada con una tarjeta prestada por Laura Schiuma y el uso de extensiones de tarjetas de Adorni por parte de Luis Enrique Aluju, cuyos consumos, según la presentación, eran abonados por él mismo.
Sobre la operatoria con criptomonedas, la defensa insistió en que comenzó antes de la llegada de Adorni a la función pública. Las ocho direcciones mencionadas registran, según el escrito, movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La presentación cuestionó las atribuciones realizadas por la Fiscalía sobre determinadas direcciones de las redes TRON y otras, al sostener que el fondeo de las comisiones no demuestra por sí mismo la propiedad o el control de una dirección.
También objetó el análisis basado en “clusters” y señaló que algunas direcciones no pudieron ser vinculadas con un titular determinado. En particular, sostuvo que las identificadas como DPT4 y DPT5 no fueron atribuidas a ninguna persona en el informe de SIFRAI y que, por ese motivo, exigir explicaciones sobre ellas a Adorni constituiría una prueba de imposible producción.
Otro de los argumentos desarrollados en la presentación fue una reconstrucción semestral de ingresos y gastos correspondientes a 2024, 2025 y al primer semestre de 2026. La defensa indicó que los gastos fueron afrontados con el salario de Adorni, los ingresos de Angeletti, rendimientos financieros y los ahorros en moneda extranjera previamente explicados. A partir de esa reconstrucción, sostuvo que en ninguno de los semestres analizados los consumos o inversiones habrían superado los recursos disponibles del matrimonio.
La presentación también abordó las diferencias detectadas entre determinados comprobantes y movimientos bancarios. Frente al señalamiento sobre 20 comprobantes por $6.525.162,42 y 16 facturas por $2.418.946,84, la defensa afirmó que realizó una revisión individual de las operaciones y que en cada caso pudo determinar si los pagos habían sido realizados en efectivo, con tarjeta, mediante transferencias o si podían asociarse con otros movimientos.
El argumento central en este punto fue que la falta de correspondencia automática entre una factura y un movimiento bancario no permite concluir que el gasto haya sido financiado con fondos cuyo origen no fue explicado.
En relación con dos deudas atribuidas al Banco Galicia por $6.429.000 y $3.903.000, la defensa afirmó que esas obligaciones no se encontraban vigentes y que habían sido incorporadas por un error material en la declaración jurada inicial. Posteriormente, según indicó, fueron eliminadas mediante declaraciones rectificativas. También señaló que esas partidas no fueron consideradas por la Fiscalía al momento de realizar el cálculo del presunto déficit patrimonial.
La situación de los honorarios de una escribana también fue incluida entre las aclaraciones. La defensa sostuvo que los pagos realizados por esos servicios se efectuaron en efectivo con fondos cuyo origen ya había sido explicado. Según la presentación, las facturas emitidas a nombre de Angeletti respondieron a que ella realizó los trámites ante la escribanía y no a que los pagos hubieran sido efectuados con fondos propios que no estuvieran declarados.
En cuanto a Silvia Pais, la defensa explicó que utilizaba extensiones de tarjetas vinculadas a Adorni y que cancelaba personalmente esos consumos mediante depósitos por los montos correspondientes en la cuenta de su hijo antes del vencimiento de los resúmenes. Por ese motivo, pidió que esas operaciones no fueran contabilizadas como gastos de Adorni cuando habían sido financiadas por terceros.
También se respondió a una operación vinculada con un supuesto vehículo no declarado. La defensa negó que Adorni o su esposa hubieran adquirido un automóvil adicional durante el período analizado y sostuvo que el único cambio de vehículo había sido la permuta del Renault Captur por la Jeep Compass, realizada en 2024. Además, afirmó que una factura por $4,68 millones y vinculada a un supuesto vehículo no fue recibida ni abonada por ninguno de los dos.
Respecto de una transferencia de $1.762.068,85 recibida desde la cuenta de Angeletti, la explicación fue que no constituyó un ingreso nuevo. Según la defensa, Adorni había transferido previamente ese mismo importe a su esposa por error y ella se lo devolvió minutos después. Por esa razón, consideró que la operación se neutralizó y no produjo un incremento patrimonial.
Finalmente, la defensa abordó una diferencia de $92.625.000 entre las valuaciones declaradas por Adorni y Angeletti respecto de la mitad del inmueble de Miró 550. Según la explicación presentada, el monto correspondía a una obligación de US$62.500 con una tercera persona, convertida al tipo de cambio utilizado en la declaración jurada. Esa suma habría sido registrada simultáneamente como activo y pasivo.
En relación con la vivienda situada en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, la defensa sostuvo que tanto la valuación de la obra como el origen de los fondos utilizados fueron respaldados mediante informes contables, documentación vinculada con los trabajos y peritajes arquitectónicos.
Uno de los principales puntos abordados fue el origen de los dólares declarados en distintos ejercicios bajo el concepto de “venta de activos”. Según la defensa, los montos de US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 no surgieron de la venta de inmuebles u otros bienes físicos, sino de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. De acuerdo con el escrito, esas tenencias fueron adquiridas entre 2014 y 2017 y liquidadas entre 2017 y 2018, es decir, antes del ingreso de Adorni a la función pública, el 10 de diciembre de 2023.
La presentación identifica ocho direcciones que habrían generado US$591.544,61 y sostiene que la titularidad fue constatada mediante una verificación notarial de las claves privadas. Bajo ese argumento, los dólares que posteriormente aparecieron en las declaraciones juradas representarían una transformación progresiva de un activo que ya existía con anterioridad al período investigado.
La defensa también explicó la situación profesional de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Señaló que ambos finalizaron sus respectivas carreras y que, antes de diciembre de 2023, desarrollaron actividades de asesoramiento profesional. En el caso de Adorni, vinculadas con cuestiones contables y financieras, y en el de Angeletti, con la gestión empresarial. Según el planteo, parte de esos servicios se prestó fuera del circuito bancario y financiero formal, lo que habría permitido generar una capacidad de ahorro superior a la que hubieran obtenido mediante el canal convencional de cobro de honorarios.
Otro de los puntos analizados fueron los préstamos recibidos de Silvia Pais y Norma Zuccolo. La defensa sostuvo que se trató de mutuos privados cuya validez no requiere escritura pública ni otras formalidades adicionales. Además, remarcó que ambas obligaciones fueron incorporadas a las declaraciones juradas. En particular, vinculó la falta de documentación contractual más extensa con la relación familiar existente en el caso de Pais.
En relación con la compra de una Jeep Compass por un valor atribuido de $21,5 millones, la defensa negó que se hubiera concretado un pago en efectivo por esa suma. Explicó que la operación consistió en una permuta por un Renault Captur adquirido por el matrimonio en 2021. A ese intercambio se sumaron dos transferencias de $1 millón, una realizada por Adorni y otra por su esposa, y seis cuotas de $200.000 abonadas mediante tarjeta Visa.
También se detalló la adquisición del lote 380, cuyo precio habría sido de US$120.000. Según la presentación, US$100.000 fueron financiados mediante un mutuo con garantía hipotecaria sobre otro inmueble y los US$20.000 restantes fueron abonados en efectivo, bajo la custodia de Angeletti. La defensa explicó además que una rectificación de la declaración jurada incorporó el 50% del activo y del pasivo hipotecario a nombre de cada integrante del matrimonio y sostuvo que la modificación respondió a una corrección de la composición patrimonial y no a un intento de ocultamiento.
La remodelación de una vivienda ubicada en Indio Cuá también fue objeto de explicaciones. La Fiscalía había solicitado precisiones sobre el financiamiento de la obra, cuyo costo había sido estimado por el contratista en aproximadamente US$245.000. La defensa sostuvo que el desembolso efectivo fue significativamente menor y detalló pagos por US$175.000 identificados durante el análisis contable. A su vez, señaló que un perito arquitecto calculó el valor técnico de los trabajos en US$174.954,58, una diferencia de apenas US$45,42 respecto de los pagos registrados.
El escrito cuestionó la estimación más elevada atribuida al contratista y señaló supuestos errores aritméticos, diferencias entre planillas, partidas sin comprobantes y otros conceptos que, según la defensa, no estarían vinculados con la obra.
Respecto del departamento de Caballito ubicado en Miró 550, la defensa explicó que los fondos transferidos para adquirir los muebles provinieron de los ahorros en dólares cuyo origen fue desarrollado en la presentación. La misma explicación fue utilizada para justificar los US$30.000 entregados en efectivo para la compra del inmueble, vinculándolos con los ahorros provenientes de la operatoria con activos virtuales.
En cuanto a los ingresos exentos y los bienes recibidos por herencia, el escrito indicó que los $73 millones correspondientes a 2025 derivaron de la venta, por US$50.000, de un inmueble situado en La Plata que Adorni había recibido como legado de su padre. También explicó que los $10.211.200 consignados como bienes provenientes de herencia, legado o donación correspondieron a un ajuste contable equivalente al 50% de los US$20.000 destinados a la adquisición del lote de Indio Cuá.
Los gastos vinculados con viajes, alquileres y necesidades familiares fueron atribuidos a los ahorros en dólares previamente explicados y a los ingresos declarados por ambos integrantes del matrimonio.
La defensa también respondió sobre operaciones en las que intervinieron terceras personas. Explicó que se trató de asistencia administrativa y personal. En ese marco, señaló que Gisela Kocsis colaboraba con compras, retiros de efectivo y pagos por cuestiones prácticas, con posteriores reintegros por parte de Adorni. También mencionó una compra puntual realizada con una tarjeta prestada por Laura Schiuma y el uso de extensiones de tarjetas de Adorni por parte de Luis Enrique Aluju, cuyos consumos, según la presentación, eran abonados por él mismo.
Sobre la operatoria con criptomonedas, la defensa insistió en que comenzó antes de la llegada de Adorni a la función pública. Las ocho direcciones mencionadas registran, según el escrito, movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La presentación cuestionó las atribuciones realizadas por la Fiscalía sobre determinadas direcciones de las redes TRON y otras, al sostener que el fondeo de las comisiones no demuestra por sí mismo la propiedad o el control de una dirección.
También objetó el análisis basado en “clusters” y señaló que algunas direcciones no pudieron ser vinculadas con un titular determinado. En particular, sostuvo que las identificadas como DPT4 y DPT5 no fueron atribuidas a ninguna persona en el informe de SIFRAI y que, por ese motivo, exigir explicaciones sobre ellas a Adorni constituiría una prueba de imposible producción.
Otro de los argumentos desarrollados en la presentación fue una reconstrucción semestral de ingresos y gastos correspondientes a 2024, 2025 y al primer semestre de 2026. La defensa indicó que los gastos fueron afrontados con el salario de Adorni, los ingresos de Angeletti, rendimientos financieros y los ahorros en moneda extranjera previamente explicados. A partir de esa reconstrucción, sostuvo que en ninguno de los semestres analizados los consumos o inversiones habrían superado los recursos disponibles del matrimonio.
La presentación también abordó las diferencias detectadas entre determinados comprobantes y movimientos bancarios. Frente al señalamiento sobre 20 comprobantes por $6.525.162,42 y 16 facturas por $2.418.946,84, la defensa afirmó que realizó una revisión individual de las operaciones y que en cada caso pudo determinar si los pagos habían sido realizados en efectivo, con tarjeta, mediante transferencias o si podían asociarse con otros movimientos.
El argumento central en este punto fue que la falta de correspondencia automática entre una factura y un movimiento bancario no permite concluir que el gasto haya sido financiado con fondos cuyo origen no fue explicado.
En relación con dos deudas atribuidas al Banco Galicia por $6.429.000 y $3.903.000, la defensa afirmó que esas obligaciones no se encontraban vigentes y que habían sido incorporadas por un error material en la declaración jurada inicial. Posteriormente, según indicó, fueron eliminadas mediante declaraciones rectificativas. También señaló que esas partidas no fueron consideradas por la Fiscalía al momento de realizar el cálculo del presunto déficit patrimonial.
La situación de los honorarios de una escribana también fue incluida entre las aclaraciones. La defensa sostuvo que los pagos realizados por esos servicios se efectuaron en efectivo con fondos cuyo origen ya había sido explicado. Según la presentación, las facturas emitidas a nombre de Angeletti respondieron a que ella realizó los trámites ante la escribanía y no a que los pagos hubieran sido efectuados con fondos propios que no estuvieran declarados.
En cuanto a Silvia Pais, la defensa explicó que utilizaba extensiones de tarjetas vinculadas a Adorni y que cancelaba personalmente esos consumos mediante depósitos por los montos correspondientes en la cuenta de su hijo antes del vencimiento de los resúmenes. Por ese motivo, pidió que esas operaciones no fueran contabilizadas como gastos de Adorni cuando habían sido financiadas por terceros.
También se respondió a una operación vinculada con un supuesto vehículo no declarado. La defensa negó que Adorni o su esposa hubieran adquirido un automóvil adicional durante el período analizado y sostuvo que el único cambio de vehículo había sido la permuta del Renault Captur por la Jeep Compass, realizada en 2024. Además, afirmó que una factura por $4,68 millones y vinculada a un supuesto vehículo no fue recibida ni abonada por ninguno de los dos.
Respecto de una transferencia de $1.762.068,85 recibida desde la cuenta de Angeletti, la explicación fue que no constituyó un ingreso nuevo. Según la defensa, Adorni había transferido previamente ese mismo importe a su esposa por error y ella se lo devolvió minutos después. Por esa razón, consideró que la operación se neutralizó y no produjo un incremento patrimonial.
Finalmente, la defensa abordó una diferencia de $92.625.000 entre las valuaciones declaradas por Adorni y Angeletti respecto de la mitad del inmueble de Miró 550. Según la explicación presentada, el monto correspondía a una obligación de US$62.500 con una tercera persona, convertida al tipo de cambio utilizado en la declaración jurada. Esa suma habría sido registrada simultáneamente como activo y pasivo.
En relación con la vivienda situada en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, la defensa sostuvo que tanto la valuación de la obra como el origen de los fondos utilizados fueron respaldados mediante informes contables, documentación vinculada con los trabajos y peritajes arquitectónicos.
