La protesta se produjo mientras el Gobierno avanza con el proceso de reorganización del sistema de cobertura médica y con la resolución de las deudas acumuladas por el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La administración actual calcula el pasivo en más de $200.000 millones, mientras que el sindicato sostiene que supera los $500.000 millones.
Los trabajadores se concentraron inicialmente frente a la sede de la calle Paso 551 y luego ingresaron al cuarto piso, donde funcionan las oficinas de las autoridades. Allí permanecieron mientras representantes sindicales mantenían conversaciones con un integrante del directorio para plantear sus reclamos.
Desde el gremio advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza si no se aclara qué ocurrirá con los trabajadores y con los establecimientos turísticos. La protesta se desarrolla además en plena transición institucional, luego de la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de la liquidación del IOSFA y dejó esa función después de reunirse con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
El sindicato sostiene que la reorganización puede dejar en una situación de incertidumbre a alrededor de 600 trabajadores. Entre ellos existen distintas modalidades de contratación: personal de planta permanente del Estado y empleados con contratos temporales que tienen próximos vencimientos.
Uno de los casos señalados corresponde a Mar del Plata, donde se contabilizan 147 trabajadores vinculados con los establecimientos turísticos. De ese total, 87 son contratados y el resto pertenece a la planta permanente. La preocupación sindical se concentra especialmente en quienes dependen de la renovación de sus contratos.
Según ATE, una eventual interrupción de las actividades podría derivar en despidos entre el personal contratado y en el pase a disponibilidad de trabajadores con estabilidad. El sindicato rechaza ambas posibilidades y anticipó la realización de nuevas asambleas para definir los pasos a seguir.
Los establecimientos involucrados están principalmente en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, aunque también existen otras dependencias recreativas en distintas provincias. Para el gremio, la transferencia de estas instalaciones puede derivar en el cierre de los 13 hoteles y los dos centros recreativos, además de afectar otros servicios que formaban parte de la estructura anterior.
La administración de OSFA, en cambio, sostiene que todavía no existen decisiones definitivas sobre despidos y que varias de las situaciones laborales permanecen bajo evaluación. La definición dependerá, en cada caso, de qué resuelvan las Fuerzas Armadas sobre los inmuebles que serán transferidos.
El futuro de los hoteles constituye uno de los principales puntos de desacuerdo. ATE considera que el traspaso puede desembocar en el cierre de los establecimientos e incluso facilitar una eventual venta de los inmuebles. Las autoridades de la obra social niegan que exista un plan de privatización y sostienen que los bienes regresarán a la órbita de las Fuerzas Armadas.
El esquema previsto por el Ministerio de Defensa contempla que las instalaciones dejen de depender de la obra social y pasen nuevamente bajo responsabilidad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El objetivo es separar las prestaciones sanitarias de las actividades recreativas.
Hasta el momento, los establecimientos continúan bajo la administración del antiguo IOSFA. Desde el 1° de octubre, las Fuerzas Armadas deberán definir cómo continuará la actividad en cada lugar y cuál será el régimen laboral correspondiente.
La discusión también está vinculada con el costo de mantener los hoteles. Desde OSFA se calcula que estos establecimientos generan un déficit cercano a los $2.000 millones por año y se sostiene que esos recursos deberían concentrarse en la atención médica. El sindicato cuestiona esa evaluación y afirma que los hoteles tienen capacidad para sostenerse mediante sus propios ingresos.
La redefinición de la estructura de la obra social busca concentrar el presupuesto en la cobertura sanitaria de los integrantes de las Fuerzas Armadas. La transferencia de los activos turísticos forma parte de ese proceso, que se desarrolla en paralelo con la liquidación del IOSFA.
La situación financiera del organismo anterior constituye otro de los principales problemas de la transición. Las deudas acumuladas dificultaron el pago a prestadores médicos y provocaron interrupciones en servicios destinados a militares, retirados y sus familias. El impacto fue especialmente importante fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde numerosos afiliados dependen de prestadores privados para acceder a consultas y tratamientos.
El Ministerio de Defensa trabaja en un esquema para afrontar las obligaciones pendientes y busca regularizar la situación antes de fin de año. La estrategia contempla mecanismos estatales para atender las deudas heredadas mientras OSFA establece su propio presupuesto y define un esquema de gastos sostenible.
El diagnóstico oficial atribuye al organismo anterior un desequilibrio estructural que afectó el sistema de pagos a los prestadores. La intención de la actual administración es evitar que esas obligaciones se trasladen automáticamente a la nueva entidad encargada de brindar cobertura médica a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Dentro de esa reorganización también se analiza el funcionamiento de las 33 farmacias de la obra social, que presentan resultados deficitarios. Por ahora no existe una definición sobre su continuidad.
ATE sostiene que el Gobierno analiza cerrar esas farmacias y reemplazarlas por establecimientos privados. El sindicato también advierte sobre una posible reducción de las delegaciones que OSFA mantiene en distintas provincias. Las autoridades de la obra social no confirmaron ese escenario, aunque reconocieron que la red de servicios está siendo revisada dentro del análisis general de costos y prestaciones.
El gremio responsabilizó a las administraciones anteriores por el deterioro financiero del organismo y cuestionó particularmente la gestión del Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior. Según su planteo, la entidad había comenzado la actual administración con un excedente de $25.000 millones, mientras que actualmente atraviesa una situación financiera crítica.
La reorganización fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, que separó la cobertura médica de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad, que anteriormente estaban integradas en el IOSFA.
El antiguo instituto brindaba cobertura al personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina. A partir de la reforma se conformaron dos estructuras diferenciadas: OSFA, destinada a los integrantes de las Fuerzas Armadas, y otra obra social destinada al personal de las fuerzas federales de seguridad, que utiliza un sistema distinto mediante un convenio con una empresa privada de medicina.
La separación implicó distribuir recursos, personal y bienes y sumó complejidad al proceso de liquidación del IOSFA. Para el Ministerio de Defensa, el nuevo esquema permitirá administrar de manera diferenciada los recursos y contar con un presupuesto específico para garantizar la cobertura sanitaria.
La salida de Guzmán de la conducción de la liquidación agregó otro elemento a la transición. El funcionario fue reemplazado después de una reunión con el ministro Presti, quien había reclamado acelerar un proceso que acumulaba demoras.
Para el Gobierno, completar la liquidación resulta necesario para que OSFA pueda concentrarse exclusivamente en la cobertura médica. Antes, sin embargo, deben definirse el destino de los establecimientos turísticos, la situación de los trabajadores vinculados con ellos y la transferencia de los bienes.
En paralelo, la nueva administración debe continuar trabajando para regularizar los compromisos con los prestadores médicos. OSFA brinda actualmente cobertura a unos 330.000 afiliados de las Fuerzas Armadas, en un proceso de transición que combina la reorganización institucional con la resolución de las deudas acumuladas por el sistema anterior.
La protesta se produjo mientras el Gobierno avanza con el proceso de reorganización del sistema de cobertura médica y con la resolución de las deudas acumuladas por el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La administración actual calcula el pasivo en más de $200.000 millones, mientras que el sindicato sostiene que supera los $500.000 millones.
Los trabajadores se concentraron inicialmente frente a la sede de la calle Paso 551 y luego ingresaron al cuarto piso, donde funcionan las oficinas de las autoridades. Allí permanecieron mientras representantes sindicales mantenían conversaciones con un integrante del directorio para plantear sus reclamos.
Desde el gremio advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza si no se aclara qué ocurrirá con los trabajadores y con los establecimientos turísticos. La protesta se desarrolla además en plena transición institucional, luego de la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de la liquidación del IOSFA y dejó esa función después de reunirse con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
El sindicato sostiene que la reorganización puede dejar en una situación de incertidumbre a alrededor de 600 trabajadores. Entre ellos existen distintas modalidades de contratación: personal de planta permanente del Estado y empleados con contratos temporales que tienen próximos vencimientos.
Uno de los casos señalados corresponde a Mar del Plata, donde se contabilizan 147 trabajadores vinculados con los establecimientos turísticos. De ese total, 87 son contratados y el resto pertenece a la planta permanente. La preocupación sindical se concentra especialmente en quienes dependen de la renovación de sus contratos.
Según ATE, una eventual interrupción de las actividades podría derivar en despidos entre el personal contratado y en el pase a disponibilidad de trabajadores con estabilidad. El sindicato rechaza ambas posibilidades y anticipó la realización de nuevas asambleas para definir los pasos a seguir.
Los establecimientos involucrados están principalmente en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, aunque también existen otras dependencias recreativas en distintas provincias. Para el gremio, la transferencia de estas instalaciones puede derivar en el cierre de los 13 hoteles y los dos centros recreativos, además de afectar otros servicios que formaban parte de la estructura anterior.
La administración de OSFA, en cambio, sostiene que todavía no existen decisiones definitivas sobre despidos y que varias de las situaciones laborales permanecen bajo evaluación. La definición dependerá, en cada caso, de qué resuelvan las Fuerzas Armadas sobre los inmuebles que serán transferidos.
El futuro de los hoteles constituye uno de los principales puntos de desacuerdo. ATE considera que el traspaso puede desembocar en el cierre de los establecimientos e incluso facilitar una eventual venta de los inmuebles. Las autoridades de la obra social niegan que exista un plan de privatización y sostienen que los bienes regresarán a la órbita de las Fuerzas Armadas.
El esquema previsto por el Ministerio de Defensa contempla que las instalaciones dejen de depender de la obra social y pasen nuevamente bajo responsabilidad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El objetivo es separar las prestaciones sanitarias de las actividades recreativas.
Hasta el momento, los establecimientos continúan bajo la administración del antiguo IOSFA. Desde el 1° de octubre, las Fuerzas Armadas deberán definir cómo continuará la actividad en cada lugar y cuál será el régimen laboral correspondiente.
La discusión también está vinculada con el costo de mantener los hoteles. Desde OSFA se calcula que estos establecimientos generan un déficit cercano a los $2.000 millones por año y se sostiene que esos recursos deberían concentrarse en la atención médica. El sindicato cuestiona esa evaluación y afirma que los hoteles tienen capacidad para sostenerse mediante sus propios ingresos.
La redefinición de la estructura de la obra social busca concentrar el presupuesto en la cobertura sanitaria de los integrantes de las Fuerzas Armadas. La transferencia de los activos turísticos forma parte de ese proceso, que se desarrolla en paralelo con la liquidación del IOSFA.
La situación financiera del organismo anterior constituye otro de los principales problemas de la transición. Las deudas acumuladas dificultaron el pago a prestadores médicos y provocaron interrupciones en servicios destinados a militares, retirados y sus familias. El impacto fue especialmente importante fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde numerosos afiliados dependen de prestadores privados para acceder a consultas y tratamientos.
El Ministerio de Defensa trabaja en un esquema para afrontar las obligaciones pendientes y busca regularizar la situación antes de fin de año. La estrategia contempla mecanismos estatales para atender las deudas heredadas mientras OSFA establece su propio presupuesto y define un esquema de gastos sostenible.
El diagnóstico oficial atribuye al organismo anterior un desequilibrio estructural que afectó el sistema de pagos a los prestadores. La intención de la actual administración es evitar que esas obligaciones se trasladen automáticamente a la nueva entidad encargada de brindar cobertura médica a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Dentro de esa reorganización también se analiza el funcionamiento de las 33 farmacias de la obra social, que presentan resultados deficitarios. Por ahora no existe una definición sobre su continuidad.
ATE sostiene que el Gobierno analiza cerrar esas farmacias y reemplazarlas por establecimientos privados. El sindicato también advierte sobre una posible reducción de las delegaciones que OSFA mantiene en distintas provincias. Las autoridades de la obra social no confirmaron ese escenario, aunque reconocieron que la red de servicios está siendo revisada dentro del análisis general de costos y prestaciones.
El gremio responsabilizó a las administraciones anteriores por el deterioro financiero del organismo y cuestionó particularmente la gestión del Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior. Según su planteo, la entidad había comenzado la actual administración con un excedente de $25.000 millones, mientras que actualmente atraviesa una situación financiera crítica.
La reorganización fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, que separó la cobertura médica de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad, que anteriormente estaban integradas en el IOSFA.
El antiguo instituto brindaba cobertura al personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina. A partir de la reforma se conformaron dos estructuras diferenciadas: OSFA, destinada a los integrantes de las Fuerzas Armadas, y otra obra social destinada al personal de las fuerzas federales de seguridad, que utiliza un sistema distinto mediante un convenio con una empresa privada de medicina.
La separación implicó distribuir recursos, personal y bienes y sumó complejidad al proceso de liquidación del IOSFA. Para el Ministerio de Defensa, el nuevo esquema permitirá administrar de manera diferenciada los recursos y contar con un presupuesto específico para garantizar la cobertura sanitaria.
La salida de Guzmán de la conducción de la liquidación agregó otro elemento a la transición. El funcionario fue reemplazado después de una reunión con el ministro Presti, quien había reclamado acelerar un proceso que acumulaba demoras.
Para el Gobierno, completar la liquidación resulta necesario para que OSFA pueda concentrarse exclusivamente en la cobertura médica. Antes, sin embargo, deben definirse el destino de los establecimientos turísticos, la situación de los trabajadores vinculados con ellos y la transferencia de los bienes.
En paralelo, la nueva administración debe continuar trabajando para regularizar los compromisos con los prestadores médicos. OSFA brinda actualmente cobertura a unos 330.000 afiliados de las Fuerzas Armadas, en un proceso de transición que combina la reorganización institucional con la resolución de las deudas acumuladas por el sistema anterior.
