El cambio comenzó a regir el 1° de noviembre de 2025, a partir de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. La modificación contempla un retiro progresivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como eje del sistema y establece que grandes consumidores y distribuidoras puedan establecer contratos directamente con las empresas generadoras.
Desde el sector pyme cuestionan la velocidad con la que se implementó la modificación, después de casi tres décadas de funcionamiento bajo el esquema anterior. De acuerdo con sus estimaciones, alrededor de 6.000 empresas quedaron alcanzadas por el nuevo régimen, pero solo unas 800 consiguieron formalizar contratos de abastecimiento.
La situación también afecta a las industrias que avanzaron con esos acuerdos. Según los relevamientos del sector, algunas compañías comenzaron a recibir cargos que elevan el costo final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo establecido originalmente en los contratos. Esto derivó además en controversias entre empresas por las condiciones de abastecimiento.
Los representantes de las pequeñas y medianas industrias cuestionan que los valores abonados no coincidan con lo pactado y reclaman la intervención de las autoridades. También señalan que existe una falta de información y de asistencia técnica para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas condiciones y a la complejidad del mercado energético.
El reclamo se centra además en el proceso de transición previsto por la normativa. Desde el sector sostienen que la modificación debía desarrollarse de manera gradual, ordenada y previsible, pero consideran que esos criterios no se cumplieron en la aplicación concreta del nuevo régimen.
Ante este escenario, los representantes de las pymes solicitaron al Gobierno nacional la convocatoria urgente a una mesa de diálogo que reúna a los distintos sectores involucrados. El objetivo planteado es revisar las diferencias detectadas en los costos de la energía y analizar mecanismos que permitan evitar que las dificultades derivadas del nuevo esquema profundicen los problemas financieros de las empresas industriales.
El cambio comenzó a regir el 1° de noviembre de 2025, a partir de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. La modificación contempla un retiro progresivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como eje del sistema y establece que grandes consumidores y distribuidoras puedan establecer contratos directamente con las empresas generadoras.
Desde el sector pyme cuestionan la velocidad con la que se implementó la modificación, después de casi tres décadas de funcionamiento bajo el esquema anterior. De acuerdo con sus estimaciones, alrededor de 6.000 empresas quedaron alcanzadas por el nuevo régimen, pero solo unas 800 consiguieron formalizar contratos de abastecimiento.
La situación también afecta a las industrias que avanzaron con esos acuerdos. Según los relevamientos del sector, algunas compañías comenzaron a recibir cargos que elevan el costo final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo establecido originalmente en los contratos. Esto derivó además en controversias entre empresas por las condiciones de abastecimiento.
Los representantes de las pequeñas y medianas industrias cuestionan que los valores abonados no coincidan con lo pactado y reclaman la intervención de las autoridades. También señalan que existe una falta de información y de asistencia técnica para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas condiciones y a la complejidad del mercado energético.
El reclamo se centra además en el proceso de transición previsto por la normativa. Desde el sector sostienen que la modificación debía desarrollarse de manera gradual, ordenada y previsible, pero consideran que esos criterios no se cumplieron en la aplicación concreta del nuevo régimen.
Ante este escenario, los representantes de las pymes solicitaron al Gobierno nacional la convocatoria urgente a una mesa de diálogo que reúna a los distintos sectores involucrados. El objetivo planteado es revisar las diferencias detectadas en los costos de la energía y analizar mecanismos que permitan evitar que las dificultades derivadas del nuevo esquema profundicen los problemas financieros de las empresas industriales.
