La disposición fue firmada por el juez civil Francisco Astoul Bonorino y apunta a completar la ejecución de una sentencia que ordena devolver el inmueble a su propietaria, María Cristina Broers. La medida comprende las fracciones que no pudieron ser restituidas durante el primer operativo, realizado el 19 de agosto.
El conflicto involucra al lote pastoril 42, una propiedad de aproximadamente 625 hectáreas situada a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. El terreno permanece en disputa desde 2011 y actualmente hay integrantes de las comunidades lof Melo y lof Kinxikew, también conocida como lof Quintriqueo, en distintos sectores del predio.
Durante el procedimiento de agosto, efectivos de la Policía de Neuquén y de la unidad especial GEOP lograron recuperar la parte ocupada por la comunidad Melo, ubicada en la zona costera del lago Nahuel Huapi. Sin embargo, la intervención no pudo extenderse hasta las áreas correspondientes a la segunda y tercera tranquera, donde permanecían integrantes de la lof Kinxikew.
La presencia de menores de edad y la ausencia de funcionarios de los organismos de protección de la niñez impidieron continuar con la diligencia. Ante esa situación, el magistrado dispuso interrumpir el procedimiento y ordenar la emisión de un nuevo mandamiento para intervenir en los sectores pendientes.
La decisión generó interpretaciones contrapuestas entre las partes. Mientras la defensa de las comunidades consideró que el desalojo había quedado suspendido, la parte demandante sostuvo que se trató únicamente de una interrupción por cuestiones operativas y que la sentencia judicial continuaba vigente.
La discusión tuvo otro capítulo el 28 de agosto, cuando el juez rechazó un planteo de nulidad presentado por las comunidades contra el procedimiento. También desestimó el pedido de devolución de los bienes retirados durante el operativo e impuso las costas del incidente a quienes promovieron la presentación.
En los fundamentos, el magistrado señaló que el expediente se encontraba en la etapa de ejecución de una sentencia firme y que los argumentos presentados no justificaban invalidar las actuaciones realizadas. Además, consideró que algunos cuestionamientos relacionados con la reserva del expediente habían sido planteados fuera de término, debido a que esa cuestión ya había sido analizada y resuelta en abril de 2026.
Otro de los argumentos de la defensa apuntaba a un supuesto cambio en la titularidad del inmueble, que habría sido vendido a terceros. El planteo también fue rechazado por falta de documentación respaldatoria. En particular, el juez indicó que no se había acompañado un informe de dominio que permitiera acreditar la operación.
Asimismo, explicó que el proceso correspondía a la ejecución de una sentencia firme dictada en un juicio interdictal, por lo que no correspondía reabrir en esa instancia la discusión sobre la titularidad de las tierras.
Con esos antecedentes, el 9 de septiembre se emitió un nuevo mandamiento para avanzar sobre las fracciones que todavía no fueron restituidas. La orden dispone que los oficiales de Justicia se presenten en el lugar y procedan al desalojo de Pascual Felidoro Quintriqueo y de los demás integrantes de la lof Kinxikew que continúan ocupando el sector.
El conflicto territorial comenzó en diciembre de 2011, cuando integrantes de la comunidad Melo ingresaron al lote. Broers denunció la ocupación a comienzos de 2012 y desde entonces inició diferentes acciones judiciales para recuperar la posesión del campo.
A lo largo de los años, distintas instancias judiciales dictaron resoluciones favorables al reclamo de restitución. Sin embargo, la ejecución de esas decisiones atravesó sucesivas demoras y dificultades, que impidieron completar los procedimientos de desalojo.
Posteriormente, integrantes de la lof Kinxikew ocuparon otra parte del inmueble. Ambas comunidades sostienen que tienen derechos ancestrales sobre el territorio y cuestionan las decisiones judiciales que respaldaron el reclamo de la propietaria.
En ese marco, también impulsaron presentaciones judiciales relacionadas con la posesión de las tierras y el reconocimiento de la presunta preexistencia ancestral en la zona. Hasta el momento, esos planteos no lograron frenar la ejecución de la sentencia de restitución.
Por su parte, Broers presentó documentación registral para respaldar sus derechos sobre el inmueble, junto con comprobantes de pago de las obligaciones tributarias correspondientes.
La controversia también tuvo repercusiones políticas. La Confederación Mapuche de Neuquén denunció un «violento despojo» y cuestionó la actuación del gobierno provincial encabezado por Rolando Figueroa. Desde el sector que impulsa la restitución, en cambio, sostienen que las medidas responden al cumplimiento de decisiones judiciales vigentes.
Con el nuevo mandamiento, la Justicia volvió a activar el procedimiento para completar la recuperación del lote pastoril 42. No obstante, la falta de una fecha concreta para la intervención de los oficiales de Justicia y las fuerzas de seguridad mantiene pendiente la ejecución de la orden en el sector ocupado por la lof Kinxikew.
La disposición fue firmada por el juez civil Francisco Astoul Bonorino y apunta a completar la ejecución de una sentencia que ordena devolver el inmueble a su propietaria, María Cristina Broers. La medida comprende las fracciones que no pudieron ser restituidas durante el primer operativo, realizado el 19 de agosto.
El conflicto involucra al lote pastoril 42, una propiedad de aproximadamente 625 hectáreas situada a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. El terreno permanece en disputa desde 2011 y actualmente hay integrantes de las comunidades lof Melo y lof Kinxikew, también conocida como lof Quintriqueo, en distintos sectores del predio.
Durante el procedimiento de agosto, efectivos de la Policía de Neuquén y de la unidad especial GEOP lograron recuperar la parte ocupada por la comunidad Melo, ubicada en la zona costera del lago Nahuel Huapi. Sin embargo, la intervención no pudo extenderse hasta las áreas correspondientes a la segunda y tercera tranquera, donde permanecían integrantes de la lof Kinxikew.
La presencia de menores de edad y la ausencia de funcionarios de los organismos de protección de la niñez impidieron continuar con la diligencia. Ante esa situación, el magistrado dispuso interrumpir el procedimiento y ordenar la emisión de un nuevo mandamiento para intervenir en los sectores pendientes.
La decisión generó interpretaciones contrapuestas entre las partes. Mientras la defensa de las comunidades consideró que el desalojo había quedado suspendido, la parte demandante sostuvo que se trató únicamente de una interrupción por cuestiones operativas y que la sentencia judicial continuaba vigente.
La discusión tuvo otro capítulo el 28 de agosto, cuando el juez rechazó un planteo de nulidad presentado por las comunidades contra el procedimiento. También desestimó el pedido de devolución de los bienes retirados durante el operativo e impuso las costas del incidente a quienes promovieron la presentación.
En los fundamentos, el magistrado señaló que el expediente se encontraba en la etapa de ejecución de una sentencia firme y que los argumentos presentados no justificaban invalidar las actuaciones realizadas. Además, consideró que algunos cuestionamientos relacionados con la reserva del expediente habían sido planteados fuera de término, debido a que esa cuestión ya había sido analizada y resuelta en abril de 2026.
Otro de los argumentos de la defensa apuntaba a un supuesto cambio en la titularidad del inmueble, que habría sido vendido a terceros. El planteo también fue rechazado por falta de documentación respaldatoria. En particular, el juez indicó que no se había acompañado un informe de dominio que permitiera acreditar la operación.
Asimismo, explicó que el proceso correspondía a la ejecución de una sentencia firme dictada en un juicio interdictal, por lo que no correspondía reabrir en esa instancia la discusión sobre la titularidad de las tierras.
Con esos antecedentes, el 9 de septiembre se emitió un nuevo mandamiento para avanzar sobre las fracciones que todavía no fueron restituidas. La orden dispone que los oficiales de Justicia se presenten en el lugar y procedan al desalojo de Pascual Felidoro Quintriqueo y de los demás integrantes de la lof Kinxikew que continúan ocupando el sector.
El conflicto territorial comenzó en diciembre de 2011, cuando integrantes de la comunidad Melo ingresaron al lote. Broers denunció la ocupación a comienzos de 2012 y desde entonces inició diferentes acciones judiciales para recuperar la posesión del campo.
A lo largo de los años, distintas instancias judiciales dictaron resoluciones favorables al reclamo de restitución. Sin embargo, la ejecución de esas decisiones atravesó sucesivas demoras y dificultades, que impidieron completar los procedimientos de desalojo.
Posteriormente, integrantes de la lof Kinxikew ocuparon otra parte del inmueble. Ambas comunidades sostienen que tienen derechos ancestrales sobre el territorio y cuestionan las decisiones judiciales que respaldaron el reclamo de la propietaria.
En ese marco, también impulsaron presentaciones judiciales relacionadas con la posesión de las tierras y el reconocimiento de la presunta preexistencia ancestral en la zona. Hasta el momento, esos planteos no lograron frenar la ejecución de la sentencia de restitución.
Por su parte, Broers presentó documentación registral para respaldar sus derechos sobre el inmueble, junto con comprobantes de pago de las obligaciones tributarias correspondientes.
La controversia también tuvo repercusiones políticas. La Confederación Mapuche de Neuquén denunció un «violento despojo» y cuestionó la actuación del gobierno provincial encabezado por Rolando Figueroa. Desde el sector que impulsa la restitución, en cambio, sostienen que las medidas responden al cumplimiento de decisiones judiciales vigentes.
Con el nuevo mandamiento, la Justicia volvió a activar el procedimiento para completar la recuperación del lote pastoril 42. No obstante, la falta de una fecha concreta para la intervención de los oficiales de Justicia y las fuerzas de seguridad mantiene pendiente la ejecución de la orden en el sector ocupado por la lof Kinxikew.
