La convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto, tomó por sorpresa a varios integrantes de la Cámara alta. Algunos legisladores aseguraron que no habían recibido información anticipada sobre la decisión de retomar el tratamiento del proyecto.
Ante ese escenario, durante el fin de semana comenzaron las consultas telefónicas con los mandatarios provinciales y otros referentes del espacio político del Norte Grande. Por el momento, no existe una posición unificada y se espera que las definiciones comiencen a conocerse entre el lunes y el miércoles.
La discusión no está centralizada en el bloque Justicialista del Senado. La postura de cada legislador depende principalmente de los vínculos políticos que mantiene con el gobernador de su provincia, por lo que las negociaciones avanzan de manera individual y con diferentes niveles de participación.
En paralelo, el Gobierno nacional sostiene sus propias conversaciones con los mandatarios provinciales. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza esos contactos por fuera del ámbito parlamentario, con el objetivo de conseguir acuerdos que permitan reunir los respaldos necesarios para aprobar la reforma electoral.
En la Casa Rosada consideran que las gestiones están avanzando, aunque reconocen que los entendimientos con los gobernadores todavía deben traducirse en compromisos concretos dentro del Senado.
La participación de Massa agrega un nuevo interlocutor a las negociaciones. El exministro de Economía interviene en los contactos que mantienen los legisladores cercanos a los gobernadores y busca posicionarse como una referencia política capaz de coordinar las distintas posiciones del peronismo.
Las conversaciones no se limitan a definir qué sucederá con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También apuntan a establecer el nivel de acompañamiento que podría conseguir el Gobierno para avanzar con una reforma que volvió a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria.
Uno de los principales obstáculos es la diversidad de intereses provinciales. Los vínculos entre los senadores y sus respectivos gobernadores no son iguales en todos los distritos, por lo que la posición de un mandatario no necesariamente se traduce en el voto de los representantes de su provincia.
A esa negociación se suma la interna de La Libertad Avanza. Mientras el Gobierno asegura que los contactos con los mandatarios provinciales están dando resultados, en el sector político de Patricia Bullrich existen dudas sobre el alcance real de los acuerdos y la cantidad de votos que podrían garantizar en la Cámara alta.
Las diferencias también se trasladan al armado territorial de cara a las elecciones de 2027. Dentro del espacio libertario surgieron tensiones por la decisión de respaldar al gobernador neuquino Rolando Figueroa y dejar afuera del esquema provincial a la senadora Nadia Márquez.
De esta manera, el oficialismo enfrenta dos negociaciones simultáneas: por un lado, necesita conseguir acuerdos con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral en el Congreso; por otro, debe resolver las diferencias internas y definir su estrategia de construcción política en las provincias rumbo a 2027.
La convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto, tomó por sorpresa a varios integrantes de la Cámara alta. Algunos legisladores aseguraron que no habían recibido información anticipada sobre la decisión de retomar el tratamiento del proyecto.
Ante ese escenario, durante el fin de semana comenzaron las consultas telefónicas con los mandatarios provinciales y otros referentes del espacio político del Norte Grande. Por el momento, no existe una posición unificada y se espera que las definiciones comiencen a conocerse entre el lunes y el miércoles.
La discusión no está centralizada en el bloque Justicialista del Senado. La postura de cada legislador depende principalmente de los vínculos políticos que mantiene con el gobernador de su provincia, por lo que las negociaciones avanzan de manera individual y con diferentes niveles de participación.
En paralelo, el Gobierno nacional sostiene sus propias conversaciones con los mandatarios provinciales. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza esos contactos por fuera del ámbito parlamentario, con el objetivo de conseguir acuerdos que permitan reunir los respaldos necesarios para aprobar la reforma electoral.
En la Casa Rosada consideran que las gestiones están avanzando, aunque reconocen que los entendimientos con los gobernadores todavía deben traducirse en compromisos concretos dentro del Senado.
La participación de Massa agrega un nuevo interlocutor a las negociaciones. El exministro de Economía interviene en los contactos que mantienen los legisladores cercanos a los gobernadores y busca posicionarse como una referencia política capaz de coordinar las distintas posiciones del peronismo.
Las conversaciones no se limitan a definir qué sucederá con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También apuntan a establecer el nivel de acompañamiento que podría conseguir el Gobierno para avanzar con una reforma que volvió a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria.
Uno de los principales obstáculos es la diversidad de intereses provinciales. Los vínculos entre los senadores y sus respectivos gobernadores no son iguales en todos los distritos, por lo que la posición de un mandatario no necesariamente se traduce en el voto de los representantes de su provincia.
A esa negociación se suma la interna de La Libertad Avanza. Mientras el Gobierno asegura que los contactos con los mandatarios provinciales están dando resultados, en el sector político de Patricia Bullrich existen dudas sobre el alcance real de los acuerdos y la cantidad de votos que podrían garantizar en la Cámara alta.
Las diferencias también se trasladan al armado territorial de cara a las elecciones de 2027. Dentro del espacio libertario surgieron tensiones por la decisión de respaldar al gobernador neuquino Rolando Figueroa y dejar afuera del esquema provincial a la senadora Nadia Márquez.
De esta manera, el oficialismo enfrenta dos negociaciones simultáneas: por un lado, necesita conseguir acuerdos con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral en el Congreso; por otro, debe resolver las diferencias internas y definir su estrategia de construcción política en las provincias rumbo a 2027.













