Aunque la situación no afecta el funcionamiento administrativo del Poder Judicial, sí demora la conformación definitiva del organismo y la convocatoria a su primer plenario. Hasta el momento, ocho integrantes ya prestaron juramento ante el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo, Horacio Rosatti. Se trata de los jueces Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez, Paula Castro y Juan Manuel Culotta, además de los abogados Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene.
También están definidos los representantes del Poder Ejecutivo y del ámbito académico. El primero será el viceministro de Justicia, Santiago Viola, mientras que el segundo lugar correspondiente a las universidades continúa en disputa. La controversia enfrenta a la Universidad de Buenos Aires con el Consejo Interuniversitario Nacional y deberá resolverse en la Justicia. Para el próximo miércoles está prevista una audiencia en el juzgado federal a cargo de María Servini.
El mayor foco de conflicto, sin embargo, está en las representaciones del Congreso. En Diputados todavía deben resolverse tres lugares y los desacuerdos entre las distintas fuerzas ya tuvieron consecuencias en el funcionamiento parlamentario. Legisladores vinculados con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe ingresaron recientemente al recinto, pero se negaron a ocupar sus bancas. Después de transcurrida la media hora reglamentaria sin quórum, la Presidencia de la Cámara levantó la sesión.
Los mandatarios provinciales reclaman la tercera representación de Diputados para Provincias Unidas, espacio que reúne a gobernadores y cuenta con 18 integrantes, lo que lo convierte en la tercera fuerza de la Cámara. Su candidato es el cordobés Juan Brügge.
El PRO también disputa ese lugar y negocia con el oficialismo para conseguirlo. Su propuesta es designar a la diputada Florencia De Sensi, cercana a la conducción del bloque. En paralelo, Álvaro González, vinculado al sector de Horacio Rodríguez Larreta, busca renovar su mandato, aunque su continuidad dependerá del resultado de las negociaciones.
Las otras designaciones de Diputados ya tienen acuerdos políticos. La Libertad Avanza contará con dos representantes, además del integrante designado por el Poder Ejecutivo. Se trata de Gonzalo Roca, que ya forma parte del organismo, y Giselle Castelnuovo, ambos vinculados con la conducción nacional del oficialismo. El diputado santafesino Nicolás Mayoraz había sido mencionado como posible candidato, pero finalmente quedaría afuera, aunque la decisión todavía no fue oficializada.
Unión por la Patria, en tanto, reducirá su representación de dos consejeros a uno. El elegido es el diputado Guillermo Michel, referente del peronismo federal cercano a Sergio Massa. Con esta decisión dejarán sus lugares los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, una definición que ya fue formalizada.
En el Senado, la disputa por las cuatro bancas disponibles presenta mayores dificultades. La legislación establece que dos corresponden al bloque más numeroso y que las otras dos se distribuyen entre las siguientes fuerzas con mayor representación. El problema está en determinar cuál es actualmente la primera minoría.
A fines de octubre, el senador riojano Fernando Rejal regresó al bloque Justicialista, conducido por José Mayans. Con esa incorporación, el peronismo alcanzó los 22 integrantes y quedó por encima de La Libertad Avanza por un senador.
El oficialismo cuestiona que se tome en cuenta esa nueva composición y sostiene que debe considerarse la distribución de fuerzas existente al 1 de marzo. También interpreta el regreso de Rejal como una maniobra para conseguir una segunda representación.
La controversia recuerda un antecedente de 2022, cuando el kirchnerismo dividió su bloque parlamentario para obtener tres de las cuatro bancas disponibles. En aquella oportunidad, la Corte Suprema intervino, anuló el mecanismo utilizado y dispuso que asumiera el senador Luis Juez.
Ahora, la disputa podría dejar afuera al PRO de la representación que busca conservar. Ante la falta de acuerdo, Patricia Bullrich y José Mayans coincidieron en que la vicepresidenta Victoria Villarruel deberá resolver la cuestión mediante el decreto de designación correspondiente. La decisión todavía no fue comunicada y los sectores involucrados reconocen que el conflicto podría terminar nuevamente en los tribunales.
Aunque la distribución de los lugares sigue sin definirse, los candidatos de cada espacio ya están identificados. El peronismo propone al senador Eduardo Wado de Pedro y, en caso de obtener una segunda banca, a la riojana Florencia López. La Libertad Avanza impulsa a Nadia Márquez y Belén Montes de Oca. La UCR, por su parte, todavía debe resolver si continuará Eduardo Vischi o si designará a Maximiliano Abad.
Las disputas también alcanzaron a las representaciones de abogados y jueces, cuyos procesos electorales ya finalizaron. En el primero de esos estamentos, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía consiguió dos lugares, que quedaron para Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento. El primero está vinculado con el espacio político que conduce las negociaciones judiciales del PRO, mientras que la segunda cuenta con respaldo de sectores políticos de San Juan.
Las otras dos representaciones fueron para el peronismo, que obtuvo más del 58% de los votos. Itatí Demarchi Arballo llegó mediante una lista respaldada por sectores del PJ y La Cámpora, mientras que Fernando Levene contó con el apoyo de referentes universitarios, peronistas y radicales, además del gobernador cordobés Martín Llaryora. La nómina vinculada con La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, no consiguió ninguna banca.
En la elección correspondiente a los jueces, las cuatro listas participantes obtuvieron una representación cada una. La agrupación Bordó, la más tradicional de la Asociación de Magistrados, fue la más votada con 203 sufragios, aunque perdió uno de los lugares que tenía y solamente incorporó a Marcelo Gallo Tagle.
Juan Manuel Culotta ingresó por Compromiso Judicial. La lista Celeste, que compitió dividida, consiguió dos representantes: Gabriela Vázquez y Paula Castro. La primera está vinculada con el kirchnerismo, mientras que la segunda contó con el respaldo del consejero saliente Alberto Lugones.
Por el sector académico, Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo, ya tiene asegurado uno de los lugares. La segunda representación permanece judicializada. A su vez, el Poder Ejecutivo mantiene como representante al viceministro Santiago Viola, mientras que Rosatti continuará presidiendo el organismo en su condición de titular de la Corte Suprema.
La nueva composición tendrá un papel central en la selección y eventual sanción de magistrados. El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y necesita 12 para alcanzar el quórum. Para aprobar ternas de candidatos a jueces o impulsar la acusación de un magistrado se requieren dos tercios de los consejeros presentes.
Con la totalidad de los integrantes en funciones, una decisión de ese tipo necesitaría 14 votos. Esto significa que siete consejeros podrían impedir que se alcance esa mayoría, una circunstancia que obliga a construir acuerdos entre distintos sectores políticos e institucionales.
La fragmentación de las representaciones y las diferencias entre los bloques anticipan negociaciones para cada decisión relevante. Con concursos y ternas pendientes de resolución, la nueva etapa del Consejo comenzará condicionada por los acuerdos que puedan alcanzar sus integrantes y por las disputas políticas que todavía mantienen sin definir buena parte de su composición.
Aunque la situación no afecta el funcionamiento administrativo del Poder Judicial, sí demora la conformación definitiva del organismo y la convocatoria a su primer plenario. Hasta el momento, ocho integrantes ya prestaron juramento ante el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo, Horacio Rosatti. Se trata de los jueces Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez, Paula Castro y Juan Manuel Culotta, además de los abogados Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene.
También están definidos los representantes del Poder Ejecutivo y del ámbito académico. El primero será el viceministro de Justicia, Santiago Viola, mientras que el segundo lugar correspondiente a las universidades continúa en disputa. La controversia enfrenta a la Universidad de Buenos Aires con el Consejo Interuniversitario Nacional y deberá resolverse en la Justicia. Para el próximo miércoles está prevista una audiencia en el juzgado federal a cargo de María Servini.
El mayor foco de conflicto, sin embargo, está en las representaciones del Congreso. En Diputados todavía deben resolverse tres lugares y los desacuerdos entre las distintas fuerzas ya tuvieron consecuencias en el funcionamiento parlamentario. Legisladores vinculados con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe ingresaron recientemente al recinto, pero se negaron a ocupar sus bancas. Después de transcurrida la media hora reglamentaria sin quórum, la Presidencia de la Cámara levantó la sesión.
Los mandatarios provinciales reclaman la tercera representación de Diputados para Provincias Unidas, espacio que reúne a gobernadores y cuenta con 18 integrantes, lo que lo convierte en la tercera fuerza de la Cámara. Su candidato es el cordobés Juan Brügge.
El PRO también disputa ese lugar y negocia con el oficialismo para conseguirlo. Su propuesta es designar a la diputada Florencia De Sensi, cercana a la conducción del bloque. En paralelo, Álvaro González, vinculado al sector de Horacio Rodríguez Larreta, busca renovar su mandato, aunque su continuidad dependerá del resultado de las negociaciones.
Las otras designaciones de Diputados ya tienen acuerdos políticos. La Libertad Avanza contará con dos representantes, además del integrante designado por el Poder Ejecutivo. Se trata de Gonzalo Roca, que ya forma parte del organismo, y Giselle Castelnuovo, ambos vinculados con la conducción nacional del oficialismo. El diputado santafesino Nicolás Mayoraz había sido mencionado como posible candidato, pero finalmente quedaría afuera, aunque la decisión todavía no fue oficializada.
Unión por la Patria, en tanto, reducirá su representación de dos consejeros a uno. El elegido es el diputado Guillermo Michel, referente del peronismo federal cercano a Sergio Massa. Con esta decisión dejarán sus lugares los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, una definición que ya fue formalizada.
En el Senado, la disputa por las cuatro bancas disponibles presenta mayores dificultades. La legislación establece que dos corresponden al bloque más numeroso y que las otras dos se distribuyen entre las siguientes fuerzas con mayor representación. El problema está en determinar cuál es actualmente la primera minoría.
A fines de octubre, el senador riojano Fernando Rejal regresó al bloque Justicialista, conducido por José Mayans. Con esa incorporación, el peronismo alcanzó los 22 integrantes y quedó por encima de La Libertad Avanza por un senador.
El oficialismo cuestiona que se tome en cuenta esa nueva composición y sostiene que debe considerarse la distribución de fuerzas existente al 1 de marzo. También interpreta el regreso de Rejal como una maniobra para conseguir una segunda representación.
La controversia recuerda un antecedente de 2022, cuando el kirchnerismo dividió su bloque parlamentario para obtener tres de las cuatro bancas disponibles. En aquella oportunidad, la Corte Suprema intervino, anuló el mecanismo utilizado y dispuso que asumiera el senador Luis Juez.
Ahora, la disputa podría dejar afuera al PRO de la representación que busca conservar. Ante la falta de acuerdo, Patricia Bullrich y José Mayans coincidieron en que la vicepresidenta Victoria Villarruel deberá resolver la cuestión mediante el decreto de designación correspondiente. La decisión todavía no fue comunicada y los sectores involucrados reconocen que el conflicto podría terminar nuevamente en los tribunales.
Aunque la distribución de los lugares sigue sin definirse, los candidatos de cada espacio ya están identificados. El peronismo propone al senador Eduardo Wado de Pedro y, en caso de obtener una segunda banca, a la riojana Florencia López. La Libertad Avanza impulsa a Nadia Márquez y Belén Montes de Oca. La UCR, por su parte, todavía debe resolver si continuará Eduardo Vischi o si designará a Maximiliano Abad.
Las disputas también alcanzaron a las representaciones de abogados y jueces, cuyos procesos electorales ya finalizaron. En el primero de esos estamentos, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía consiguió dos lugares, que quedaron para Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento. El primero está vinculado con el espacio político que conduce las negociaciones judiciales del PRO, mientras que la segunda cuenta con respaldo de sectores políticos de San Juan.
Las otras dos representaciones fueron para el peronismo, que obtuvo más del 58% de los votos. Itatí Demarchi Arballo llegó mediante una lista respaldada por sectores del PJ y La Cámpora, mientras que Fernando Levene contó con el apoyo de referentes universitarios, peronistas y radicales, además del gobernador cordobés Martín Llaryora. La nómina vinculada con La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, no consiguió ninguna banca.
En la elección correspondiente a los jueces, las cuatro listas participantes obtuvieron una representación cada una. La agrupación Bordó, la más tradicional de la Asociación de Magistrados, fue la más votada con 203 sufragios, aunque perdió uno de los lugares que tenía y solamente incorporó a Marcelo Gallo Tagle.
Juan Manuel Culotta ingresó por Compromiso Judicial. La lista Celeste, que compitió dividida, consiguió dos representantes: Gabriela Vázquez y Paula Castro. La primera está vinculada con el kirchnerismo, mientras que la segunda contó con el respaldo del consejero saliente Alberto Lugones.
Por el sector académico, Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo, ya tiene asegurado uno de los lugares. La segunda representación permanece judicializada. A su vez, el Poder Ejecutivo mantiene como representante al viceministro Santiago Viola, mientras que Rosatti continuará presidiendo el organismo en su condición de titular de la Corte Suprema.
La nueva composición tendrá un papel central en la selección y eventual sanción de magistrados. El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y necesita 12 para alcanzar el quórum. Para aprobar ternas de candidatos a jueces o impulsar la acusación de un magistrado se requieren dos tercios de los consejeros presentes.
Con la totalidad de los integrantes en funciones, una decisión de ese tipo necesitaría 14 votos. Esto significa que siete consejeros podrían impedir que se alcance esa mayoría, una circunstancia que obliga a construir acuerdos entre distintos sectores políticos e institucionales.
La fragmentación de las representaciones y las diferencias entre los bloques anticipan negociaciones para cada decisión relevante. Con concursos y ternas pendientes de resolución, la nueva etapa del Consejo comenzará condicionada por los acuerdos que puedan alcanzar sus integrantes y por las disputas políticas que todavía mantienen sin definir buena parte de su composición.













