Con la media sanción obtenida en la sesión de este miércoles, Rogelio Frigerio logra uno de los hitos políticos más significativos de su gestión. Esta victoria se vio favorecida por la crisis que atraviesa el peronismo local. Pese a contar con mayoría en la Cámara, dos de sus miembros decidieron alinearse con el oficialismo en la votación. El proyecto ahora se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se prevé que la aprovación sea un trámite sencillo, dado que Frigerio tiene el respaldo necesario.
Una vez concluido el proceso legislativo, la cuestión pasará al ámbito judicial. El gobierno es consciente de que la nueva norma será objeto de impugnaciones en los tribunales, y que la judicatura, afectada por los cambios, podría ser receptiva a estas demandas.
Cabe recordar que Entre Ríos es una de las provincias que no transfirió su caja a la Nación en la década de 1990, debido a una cláusula constitucional que lo impide. Durante ese período, el entonces gobernador peronista Mario Moine aceptó la transferencia de los servicios de educación y salud sin solicitar compensación al Estado nacional, lo que derivó en un déficit estructural que consume cada año una porción creciente del presupuesto provincial.
El debate en el Senado estuvo a cargo de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien al finalizar la sesión declaró: “Toda reforma previsional genera debates legítimos. Por eso este proyecto fue enriquecido a través del diálogo de los legisladores con gremios, especialistas y distintos sectores de la sociedad. Respetamos las distintas posiciones, pero gobernar también implica asumir con responsabilidad las decisiones necesarias para proteger un bien colectivo y asegurar la continuidad del sistema previsional”.
Aluani también aseguró: “Nuestro objetivo es preservar un sistema que siga protegiendo derechos, tanto para quienes hoy son jubilados como para las próximas generaciones. Esta reforma busca fortalecer la Caja de Jubilaciones para garantizar un sistema solidario, previsible y sustentable”.
La propuesta impulsada por Frigerio pretende revertir la actual tendencia. La meta es alcanzar un déficit cero, un objetivo que requiere varios años de esfuerzo. Las discusiones en torno a la reforma comenzaron hace meses, comenzando por la presentación de las líneas generales a la oposición y a los sindicatos estatales. La intención era recabar sugerencias para enriquecer el texto final. Sin embargo, salvo por la UPCN, los sindicatos rechazaron los lineamientos propuestos. El Partido Justicialista adoptó una postura similar.
Cuando el Ejecutivo presentó el articulado en el Senado, se reinició una serie de consultas, pero la rigidez de postura se mantuvo, incluso tras la aceptación de cambios significativos por parte del oficialismo. Entre los ajustes realizados se decidió que la edad de jubilación no ascienda a los 68 años, estableciéndose en 65 para hombres y 60 para mujeres, y que se consideren 15 años de aportes para el cálculo del haber inicial en lugar de los 20 planificados inicialmente.
En la elección de 2025, el peronismo había asegurado el control del Senado con 8 de las 17 bancas. No obstante, su crisis llevó a la formación de un bloque unipersonal por parte de la senadora Gladys Domínguez y a la ruptura de la legisladora Nancy Miranda con la conducción de la bancada. Ambas han votado en sintonía con el oficialismo en el último tiempo.
Durante el debate, Miranda hizo una crítica reflexiva al peronismo por no haber aportado soluciones al problema previsional en los 20 años en que gobernó con mayorías en la Legislatura. Su decisión de aprobar la reforma le costará la expulsión, al igual que a Domínguez, dado que el Congreso partidario sancionó a quienes votaran con el oficialismo.
Al concluir la sesión, el Partido Justicialista emitió un comunicado en el que anunció que convocará al Tribunal de Disciplina para evaluar la conducta de ambas legisladoras.
Un dato interesante es que, aunque Miranda había respaldado en comisión el dictamen en minoría del PJ, en el recinto decidió votar a favor del proyecto del Ejecutivo.
El nuevo proyecto establece que la edad de jubilación ordinaria será de 65 años para hombres y 60 para mujeres, con un mínimo de 35 años de aportes para aquellos incluidos en los regímenes de reciprocidad. Además, contempla que, si la normativa nacional eleva estas edades, la provincia las ajustará automáticamente según criterios progresivos.
Asimismo, se establecen jubilaciones especiales para docentes, personal de salud, penitenciarios y trabajadores con discapacidad, quienes podrán acceder a jubilaciones a edades reducidas y con un mínimo de aportes de entre 20 y 25 años. Los docentes podrán seguir jubilándose a los 57 años (hombres) y 53 (mujeres), aunque deberán continuar contribuyendo de manera solidaria hasta alcanzar la edad ordinaria.
También se fijan aportes personales y patronales adicionales del 3%, con excepciones para salarios inferiores a tres millones de pesos. Por último, se establece que el déficit de la Caja de Jubilaciones deberá ser cubierto por el Estado provincial, municipios y comunas en función de la proporción que hayan generado. El texto también incluye la declaración de emergencia previsional por un período de dos años, el cual puede ser extendido por el Gobierno.
Con la media sanción obtenida en la sesión de este miércoles, Rogelio Frigerio logra uno de los hitos políticos más significativos de su gestión. Esta victoria se vio favorecida por la crisis que atraviesa el peronismo local. Pese a contar con mayoría en la Cámara, dos de sus miembros decidieron alinearse con el oficialismo en la votación. El proyecto ahora se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se prevé que la aprovación sea un trámite sencillo, dado que Frigerio tiene el respaldo necesario.
Una vez concluido el proceso legislativo, la cuestión pasará al ámbito judicial. El gobierno es consciente de que la nueva norma será objeto de impugnaciones en los tribunales, y que la judicatura, afectada por los cambios, podría ser receptiva a estas demandas.
Cabe recordar que Entre Ríos es una de las provincias que no transfirió su caja a la Nación en la década de 1990, debido a una cláusula constitucional que lo impide. Durante ese período, el entonces gobernador peronista Mario Moine aceptó la transferencia de los servicios de educación y salud sin solicitar compensación al Estado nacional, lo que derivó en un déficit estructural que consume cada año una porción creciente del presupuesto provincial.
El debate en el Senado estuvo a cargo de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien al finalizar la sesión declaró: “Toda reforma previsional genera debates legítimos. Por eso este proyecto fue enriquecido a través del diálogo de los legisladores con gremios, especialistas y distintos sectores de la sociedad. Respetamos las distintas posiciones, pero gobernar también implica asumir con responsabilidad las decisiones necesarias para proteger un bien colectivo y asegurar la continuidad del sistema previsional”.
Aluani también aseguró: “Nuestro objetivo es preservar un sistema que siga protegiendo derechos, tanto para quienes hoy son jubilados como para las próximas generaciones. Esta reforma busca fortalecer la Caja de Jubilaciones para garantizar un sistema solidario, previsible y sustentable”.
La propuesta impulsada por Frigerio pretende revertir la actual tendencia. La meta es alcanzar un déficit cero, un objetivo que requiere varios años de esfuerzo. Las discusiones en torno a la reforma comenzaron hace meses, comenzando por la presentación de las líneas generales a la oposición y a los sindicatos estatales. La intención era recabar sugerencias para enriquecer el texto final. Sin embargo, salvo por la UPCN, los sindicatos rechazaron los lineamientos propuestos. El Partido Justicialista adoptó una postura similar.
Cuando el Ejecutivo presentó el articulado en el Senado, se reinició una serie de consultas, pero la rigidez de postura se mantuvo, incluso tras la aceptación de cambios significativos por parte del oficialismo. Entre los ajustes realizados se decidió que la edad de jubilación no ascienda a los 68 años, estableciéndose en 65 para hombres y 60 para mujeres, y que se consideren 15 años de aportes para el cálculo del haber inicial en lugar de los 20 planificados inicialmente.
En la elección de 2025, el peronismo había asegurado el control del Senado con 8 de las 17 bancas. No obstante, su crisis llevó a la formación de un bloque unipersonal por parte de la senadora Gladys Domínguez y a la ruptura de la legisladora Nancy Miranda con la conducción de la bancada. Ambas han votado en sintonía con el oficialismo en el último tiempo.
Durante el debate, Miranda hizo una crítica reflexiva al peronismo por no haber aportado soluciones al problema previsional en los 20 años en que gobernó con mayorías en la Legislatura. Su decisión de aprobar la reforma le costará la expulsión, al igual que a Domínguez, dado que el Congreso partidario sancionó a quienes votaran con el oficialismo.
Al concluir la sesión, el Partido Justicialista emitió un comunicado en el que anunció que convocará al Tribunal de Disciplina para evaluar la conducta de ambas legisladoras.
Un dato interesante es que, aunque Miranda había respaldado en comisión el dictamen en minoría del PJ, en el recinto decidió votar a favor del proyecto del Ejecutivo.
El nuevo proyecto establece que la edad de jubilación ordinaria será de 65 años para hombres y 60 para mujeres, con un mínimo de 35 años de aportes para aquellos incluidos en los regímenes de reciprocidad. Además, contempla que, si la normativa nacional eleva estas edades, la provincia las ajustará automáticamente según criterios progresivos.
Asimismo, se establecen jubilaciones especiales para docentes, personal de salud, penitenciarios y trabajadores con discapacidad, quienes podrán acceder a jubilaciones a edades reducidas y con un mínimo de aportes de entre 20 y 25 años. Los docentes podrán seguir jubilándose a los 57 años (hombres) y 53 (mujeres), aunque deberán continuar contribuyendo de manera solidaria hasta alcanzar la edad ordinaria.
También se fijan aportes personales y patronales adicionales del 3%, con excepciones para salarios inferiores a tres millones de pesos. Por último, se establece que el déficit de la Caja de Jubilaciones deberá ser cubierto por el Estado provincial, municipios y comunas en función de la proporción que hayan generado. El texto también incluye la declaración de emergencia previsional por un período de dos años, el cual puede ser extendido por el Gobierno.
