Además de los fondos aportados por los regantes a la inspección de cauce, la investigación judicial busca determinar qué ocurrió con los materiales y otros recursos proporcionados por el municipio para la construcción y reparación de canales.
Entre los elementos mencionados en los expedientes y convenios aparecen hierro, hormigón, cemento, madera, mallas metálicas, combustibles y placas fenólicas, entre otros insumos destinados a las obras.
Según testimonios incorporados a la investigación, algunos materiales que salían del municipio no habrían llegado a los canales. La hipótesis bajo análisis sostiene que parte del hierro, el combustible y el cemento podrían haber sido vendidos fuera del circuito previsto.
El caso también contempla los pagos realizados por regantes para la construcción de canales que, según la denuncia, en algunos casos no se habrían concretado. De esta manera, la Justicia busca establecer tanto el destino de los materiales entregados por el municipio como el recorrido de los fondos cobrados a los vecinos por trabajos presuntamente no realizados.
Uno de los puntos señalados en la investigación está relacionado con la cantidad de kilómetros de canales que habrían sido construidos. Mientras desde la inspección se habría informado la realización de 32 kilómetros, la documentación oficial revisada por uno de los denunciantes registraría unos 20 kilómetros.
La investigación administrativa iniciada contra Currenti sería, según los denunciantes, solo una parte del caso. El expediente judicial también apunta a determinar qué ocurrió con los materiales proporcionados por el municipio y si existieron operaciones de comercialización por fuera de las obras para las que habían sido destinados.
Otro aspecto que deberá determinarse es la eventual responsabilidad de funcionarios y organismos encargados de la supervisión. En ese sentido, fueron mencionadas posibles responsabilidades vinculadas con la conducción del municipio de Guaymallén y con el área de Irrigación, a partir de la presunta falta de controles sobre los recursos entregados para las obras.
Además de los fondos aportados por los regantes a la inspección de cauce, la investigación judicial busca determinar qué ocurrió con los materiales y otros recursos proporcionados por el municipio para la construcción y reparación de canales.
Entre los elementos mencionados en los expedientes y convenios aparecen hierro, hormigón, cemento, madera, mallas metálicas, combustibles y placas fenólicas, entre otros insumos destinados a las obras.
Según testimonios incorporados a la investigación, algunos materiales que salían del municipio no habrían llegado a los canales. La hipótesis bajo análisis sostiene que parte del hierro, el combustible y el cemento podrían haber sido vendidos fuera del circuito previsto.
El caso también contempla los pagos realizados por regantes para la construcción de canales que, según la denuncia, en algunos casos no se habrían concretado. De esta manera, la Justicia busca establecer tanto el destino de los materiales entregados por el municipio como el recorrido de los fondos cobrados a los vecinos por trabajos presuntamente no realizados.
Uno de los puntos señalados en la investigación está relacionado con la cantidad de kilómetros de canales que habrían sido construidos. Mientras desde la inspección se habría informado la realización de 32 kilómetros, la documentación oficial revisada por uno de los denunciantes registraría unos 20 kilómetros.
La investigación administrativa iniciada contra Currenti sería, según los denunciantes, solo una parte del caso. El expediente judicial también apunta a determinar qué ocurrió con los materiales proporcionados por el municipio y si existieron operaciones de comercialización por fuera de las obras para las que habían sido destinados.
Otro aspecto que deberá determinarse es la eventual responsabilidad de funcionarios y organismos encargados de la supervisión. En ese sentido, fueron mencionadas posibles responsabilidades vinculadas con la conducción del municipio de Guaymallén y con el área de Irrigación, a partir de la presunta falta de controles sobre los recursos entregados para las obras.
