El máximo tribunal programó un acuerdo extraordinario para analizar el expediente y aceleró los plazos de una causa iniciada por organizaciones civiles, comunidades mapuches y una legisladora de Río Negro. Ante la falta de consenso entre sus tres integrantes, también convocó a dos conjueces para intervenir en el proceso. Por el momento, no se estableció un horario oficial para comunicar una resolución.
El nuevo capítulo judicial llega diez días después de que la Corte revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. En aquella oportunidad, el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que consideró que la entidad que había promovido la demanda no tenía legitimación para hacerlo.
En términos prácticos, ese fallo dejó vigente el artículo del decreto que eliminó las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Sin embargo, la discusión volvió a cobrar fuerza en el Congreso, donde distintos sectores opositores incorporaron la recuperación de la normativa a su estrategia para cuestionar el decreto, una de las principales herramientas de la política de desregulación del Gobierno.
El expediente que ahora analiza la Corte presenta una diferencia respecto del anterior: los demandantes fundamentan su legitimación en derechos ambientales, territoriales y de las comunidades originarias. Una eventual medida cautelar permitiría restablecer las restricciones mientras continúa el análisis judicial sobre el fondo de la controversia.
La resolución también podría incidir en las negociaciones parlamentarias. La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre, en la que prevé debatir el rechazo del DNU 70/2023 junto con otros asuntos vinculados con la discapacidad y el endeudamiento familiar. Para reunir el quórum de 129 diputados, necesita sumar a legisladores de espacios dialoguistas y bloques provinciales.
En ese escenario, el eventual restablecimiento de la Ley de Tierras podría modificar los incentivos de algunos diputados que respaldan recuperar los límites a la extranjerización, pero no necesariamente acompañan el rechazo integral del decreto. Aunque no hay elementos que permitan atribuir ese objetivo a la actuación judicial, el momento de la decisión podría influir en las estrategias de los distintos sectores políticos.
Frente a esa posibilidad, el Gobierno prepara una alternativa legislativa. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fueron convocadas para el 14 de octubre, un día antes de la sesión opositora, con el propósito de debatir la incorporación de restricciones a la compra de tierras por extranjeros en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
La iniciativa representa un cambio respecto de la posición que el oficialismo sostuvo desde diciembre de 2023, cuando impulsó la eliminación de la Ley de Tierras y promovió su flexibilización durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta. Ahora, el Gobierno está dispuesto a discutir límites porcentuales, aunque desde el espacio libertario anticiparon su rechazo al tope de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo.
La estrategia oficial apunta a ofrecer a los bloques dialoguistas una vía alternativa para discutir la cuestión sin sumarse a la ofensiva parlamentaria contra la totalidad del DNU 70/2023. En paralelo, el Gobierno intensificó los contactos con gobernadores y diputados aliados para impedir que la oposición reúna los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión.
Desde la oposición, en tanto, sostienen que ya cuentan con más de 120 apoyos potenciales, tras incorporar a representantes de bloques provinciales y de Provincias Unidas. Sin embargo, todavía deben reunir las adhesiones suficientes para alcanzar el quórum, por lo que el desenlace judicial sobre la Ley de Tierras podría tener un peso significativo en las negociaciones.
La controversia expone un escenario en el que las decisiones judiciales y las estrategias parlamentarias avanzan en paralelo. El fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras reactivó la ofensiva opositora contra el decreto, mientras que una eventual cautelar que restablezca las restricciones podría alterar el equilibrio de cara a la sesión del 15 de octubre. La Corte todavía debe resolver la cuestión de fondo, pero sus intervenciones ya incidieron en el desarrollo del debate político en torno a una de las medidas centrales del Gobierno.
El máximo tribunal programó un acuerdo extraordinario para analizar el expediente y aceleró los plazos de una causa iniciada por organizaciones civiles, comunidades mapuches y una legisladora de Río Negro. Ante la falta de consenso entre sus tres integrantes, también convocó a dos conjueces para intervenir en el proceso. Por el momento, no se estableció un horario oficial para comunicar una resolución.
El nuevo capítulo judicial llega diez días después de que la Corte revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. En aquella oportunidad, el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que consideró que la entidad que había promovido la demanda no tenía legitimación para hacerlo.
En términos prácticos, ese fallo dejó vigente el artículo del decreto que eliminó las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Sin embargo, la discusión volvió a cobrar fuerza en el Congreso, donde distintos sectores opositores incorporaron la recuperación de la normativa a su estrategia para cuestionar el decreto, una de las principales herramientas de la política de desregulación del Gobierno.
El expediente que ahora analiza la Corte presenta una diferencia respecto del anterior: los demandantes fundamentan su legitimación en derechos ambientales, territoriales y de las comunidades originarias. Una eventual medida cautelar permitiría restablecer las restricciones mientras continúa el análisis judicial sobre el fondo de la controversia.
La resolución también podría incidir en las negociaciones parlamentarias. La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre, en la que prevé debatir el rechazo del DNU 70/2023 junto con otros asuntos vinculados con la discapacidad y el endeudamiento familiar. Para reunir el quórum de 129 diputados, necesita sumar a legisladores de espacios dialoguistas y bloques provinciales.
En ese escenario, el eventual restablecimiento de la Ley de Tierras podría modificar los incentivos de algunos diputados que respaldan recuperar los límites a la extranjerización, pero no necesariamente acompañan el rechazo integral del decreto. Aunque no hay elementos que permitan atribuir ese objetivo a la actuación judicial, el momento de la decisión podría influir en las estrategias de los distintos sectores políticos.
Frente a esa posibilidad, el Gobierno prepara una alternativa legislativa. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fueron convocadas para el 14 de octubre, un día antes de la sesión opositora, con el propósito de debatir la incorporación de restricciones a la compra de tierras por extranjeros en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
La iniciativa representa un cambio respecto de la posición que el oficialismo sostuvo desde diciembre de 2023, cuando impulsó la eliminación de la Ley de Tierras y promovió su flexibilización durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta. Ahora, el Gobierno está dispuesto a discutir límites porcentuales, aunque desde el espacio libertario anticiparon su rechazo al tope de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo.
La estrategia oficial apunta a ofrecer a los bloques dialoguistas una vía alternativa para discutir la cuestión sin sumarse a la ofensiva parlamentaria contra la totalidad del DNU 70/2023. En paralelo, el Gobierno intensificó los contactos con gobernadores y diputados aliados para impedir que la oposición reúna los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión.
Desde la oposición, en tanto, sostienen que ya cuentan con más de 120 apoyos potenciales, tras incorporar a representantes de bloques provinciales y de Provincias Unidas. Sin embargo, todavía deben reunir las adhesiones suficientes para alcanzar el quórum, por lo que el desenlace judicial sobre la Ley de Tierras podría tener un peso significativo en las negociaciones.
La controversia expone un escenario en el que las decisiones judiciales y las estrategias parlamentarias avanzan en paralelo. El fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras reactivó la ofensiva opositora contra el decreto, mientras que una eventual cautelar que restablezca las restricciones podría alterar el equilibrio de cara a la sesión del 15 de octubre. La Corte todavía debe resolver la cuestión de fondo, pero sus intervenciones ya incidieron en el desarrollo del debate político en torno a una de las medidas centrales del Gobierno.
