Por el momento, el Gobierno no tiene previsto avanzar con nuevos nombramientos en la Corte. La posibilidad, sin embargo, continúa abierta para el futuro. Dentro del oficialismo consideran que una negociación parlamentaria destinada a cubrir las vacantes podría demandar un esfuerzo político que hoy se busca concentrar en otras iniciativas, entre ellas la suspensión de las PASO.
Actualmente, el máximo tribunal funciona con tres ministros y mantiene esa composición desde 2021. Mahiques sostuvo que el Presidente decidirá si completa las dos vacantes antes de una eventual reelección o después. También destacó que, pese a su integración reducida, el tribunal mantiene un funcionamiento que calificó como eficiente, con la intervención de conjueces cuando resulta necesario.
La reforma que impulsa el Ministerio de Justicia tiene como uno de sus principales objetivos modificar la estructura de los juzgados federales. La propuesta contempla cambios en la ley de Organización de la Justicia Federal y plantea reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py.
También se busca disminuir de 13 a 9 la cantidad de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. La reorganización podría incluir la creación de nuevos juzgados en otras jurisdicciones y, de esa manera, contribuir a reducir el número de vacantes existentes.
Para el Ejecutivo, la falta de magistrados constituye un problema estructural que se agravó durante los últimos años. En lo que va de 2023, se elevaron 218 pliegos: 151 correspondientes a jueces, 29 a fiscales, 29 a defensores y cinco listas de conjueces.
En sus primeros seis meses al frente del Ministerio de Justicia, Mahiques se convirtió en el funcionario de esa cartera que más pliegos presentó en un solo año desde la entrada en vigencia del Decreto N° 588/03, que establece el procedimiento para cubrir vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa.
Hasta el momento fueron designados 100 funcionarios, mientras que otros 111 expedientes se encuentran en trámite en el Senado y siete están pendientes de tratamiento en Presidencia. Del total de designaciones concretadas, 81 corresponden a jueces.
El Gobierno apunta a superar los registros de designaciones alcanzados en 2008, cuando se nombraron 137 funcionarios, y en 2018, con 125 designaciones. Según la evaluación oficial, las vacantes que permanecen pendientes tienen menor nivel de sensibilidad que otras designaciones que generaron recientemente mayor discusión, como las correspondientes a los camaristas Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, aprobadas por Milei mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.
Mahiques también destacó la intención del Ejecutivo de distribuir los nombramientos judiciales de manera más equilibrada entre las distintas regiones del país. El ministro sostuvo que la gestión de Milei es una de las más federales de los últimos años en materia judicial y planteó que se debe priorizar la cobertura de cargos en zonas afectadas por delitos federales.
Como ejemplo de ese desequilibrio, señaló que provincias como Salta y Misiones, afectadas por el narcotráfico, cuentan con cuatro jueces federales, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tiene doce juzgados federales correspondientes a distintos fueros.
También mencionó el caso de una jueza de La Pampa que actualmente actúa como subrogante en un juzgado de Tartagal, en Salta, como muestra de las dificultades que genera la falta de magistrados en determinadas jurisdicciones.
El esquema planteado por el Gobierno contempla eliminar cargos judiciales considerados innecesarios en algunas zonas para destinarlos a otras regiones. En ese marco, también se prevé transferir a las provincias parte de los fondos que queden disponibles por la reducción de cargos y continuar con el proceso de traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.
Mahiques cuestionó además el nivel de reconocimiento social del Poder Judicial y sostuvo que la Justicia es el poder del Estado con menor prestigio. Según su diagnóstico, las dificultades están relacionadas, entre otros factores, con la falta de infraestructura y recursos, que generan demoras en las respuestas judiciales.
Como ejemplo, mencionó el caso de un juzgado que permanece completamente vacante y debe recurrir a conjueces de otros tribunales cada vez que necesita intervenir en una causa.
En paralelo, el Gobierno continúa trabajando en el proyecto de un nuevo Código Penal para reemplazar el texto vigente desde 1921. La iniciativa original, elaborada por un equipo encabezado por Jorge Buompadre, contemplaba una reforma integral y estaba compuesta por 912 artículos.
El proyecto fue sometido posteriormente a revisiones internas y quedó reducido a una versión de aproximadamente 300 artículos, que actualmente espera una definición política para determinar si será enviada al Congreso.
Por el momento, el Gobierno no tiene previsto avanzar con nuevos nombramientos en la Corte. La posibilidad, sin embargo, continúa abierta para el futuro. Dentro del oficialismo consideran que una negociación parlamentaria destinada a cubrir las vacantes podría demandar un esfuerzo político que hoy se busca concentrar en otras iniciativas, entre ellas la suspensión de las PASO.
Actualmente, el máximo tribunal funciona con tres ministros y mantiene esa composición desde 2021. Mahiques sostuvo que el Presidente decidirá si completa las dos vacantes antes de una eventual reelección o después. También destacó que, pese a su integración reducida, el tribunal mantiene un funcionamiento que calificó como eficiente, con la intervención de conjueces cuando resulta necesario.
La reforma que impulsa el Ministerio de Justicia tiene como uno de sus principales objetivos modificar la estructura de los juzgados federales. La propuesta contempla cambios en la ley de Organización de la Justicia Federal y plantea reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py.
También se busca disminuir de 13 a 9 la cantidad de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. La reorganización podría incluir la creación de nuevos juzgados en otras jurisdicciones y, de esa manera, contribuir a reducir el número de vacantes existentes.
Para el Ejecutivo, la falta de magistrados constituye un problema estructural que se agravó durante los últimos años. En lo que va de 2023, se elevaron 218 pliegos: 151 correspondientes a jueces, 29 a fiscales, 29 a defensores y cinco listas de conjueces.
En sus primeros seis meses al frente del Ministerio de Justicia, Mahiques se convirtió en el funcionario de esa cartera que más pliegos presentó en un solo año desde la entrada en vigencia del Decreto N° 588/03, que establece el procedimiento para cubrir vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa.
Hasta el momento fueron designados 100 funcionarios, mientras que otros 111 expedientes se encuentran en trámite en el Senado y siete están pendientes de tratamiento en Presidencia. Del total de designaciones concretadas, 81 corresponden a jueces.
El Gobierno apunta a superar los registros de designaciones alcanzados en 2008, cuando se nombraron 137 funcionarios, y en 2018, con 125 designaciones. Según la evaluación oficial, las vacantes que permanecen pendientes tienen menor nivel de sensibilidad que otras designaciones que generaron recientemente mayor discusión, como las correspondientes a los camaristas Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, aprobadas por Milei mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.
Mahiques también destacó la intención del Ejecutivo de distribuir los nombramientos judiciales de manera más equilibrada entre las distintas regiones del país. El ministro sostuvo que la gestión de Milei es una de las más federales de los últimos años en materia judicial y planteó que se debe priorizar la cobertura de cargos en zonas afectadas por delitos federales.
Como ejemplo de ese desequilibrio, señaló que provincias como Salta y Misiones, afectadas por el narcotráfico, cuentan con cuatro jueces federales, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tiene doce juzgados federales correspondientes a distintos fueros.
También mencionó el caso de una jueza de La Pampa que actualmente actúa como subrogante en un juzgado de Tartagal, en Salta, como muestra de las dificultades que genera la falta de magistrados en determinadas jurisdicciones.
El esquema planteado por el Gobierno contempla eliminar cargos judiciales considerados innecesarios en algunas zonas para destinarlos a otras regiones. En ese marco, también se prevé transferir a las provincias parte de los fondos que queden disponibles por la reducción de cargos y continuar con el proceso de traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.
Mahiques cuestionó además el nivel de reconocimiento social del Poder Judicial y sostuvo que la Justicia es el poder del Estado con menor prestigio. Según su diagnóstico, las dificultades están relacionadas, entre otros factores, con la falta de infraestructura y recursos, que generan demoras en las respuestas judiciales.
Como ejemplo, mencionó el caso de un juzgado que permanece completamente vacante y debe recurrir a conjueces de otros tribunales cada vez que necesita intervenir en una causa.
En paralelo, el Gobierno continúa trabajando en el proyecto de un nuevo Código Penal para reemplazar el texto vigente desde 1921. La iniciativa original, elaborada por un equipo encabezado por Jorge Buompadre, contemplaba una reforma integral y estaba compuesta por 912 artículos.
El proyecto fue sometido posteriormente a revisiones internas y quedó reducido a una versión de aproximadamente 300 artículos, que actualmente espera una definición política para determinar si será enviada al Congreso.
