Un estudio presentado durante el II Congreso Argentino de Créditos Hipotecarios estimó que el 31% de los hogares inquilinos del AMBA podría acceder a un crédito hipotecario considerando los criterios y las tasas vigentes en el sistema bancario. La cifra representa unos 1.133.000 hogares con capacidad de pago.
Si el cálculo se limita a los inquilinos formales con ingresos superiores al mínimo requerido por las entidades financieras, el universo se reduce a aproximadamente 556.000 hogares.
El escenario adquiere relevancia frente a la magnitud del déficit habitacional. Las estimaciones mencionadas durante el encuentro ubican en 2,5 millones la demanda potencial de viviendas nuevas en el país, mientras que la continuidad de una política de financiamiento hipotecario podría tener un impacto significativo en el AMBA.
Uno de los principales problemas señalados es que el crédito disponible actualmente se concentra fundamentalmente en la compra de propiedades existentes. El valor promedio de las escrituras realizadas con hipoteca se ubica en torno de los US$97.000, una referencia que muestra el predominio de las operaciones sobre viviendas usadas.
La construcción de unidades nuevas presenta mayores costos y plazos de finalización que pueden dificultar que una familia transfiera o sostenga el financiamiento durante el proceso. De esta manera, la expansión del crédito no necesariamente se traduce de manera inmediata en un aumento equivalente de la oferta de viviendas nuevas.
En este contexto, uno de los planteos surgidos durante el congreso apuntó a desarrollar mecanismos de securitización que permitan ampliar el financiamiento más allá del sistema bancario y recuperar alternativas de hipotecas privadas que tuvieron mayor presencia antes de la crisis de 2001.
Otro de los puntos destacados fue la necesidad de que el crédito tenga continuidad. La previsibilidad sobre la disponibilidad de préstamos durante varios años aparece como una condición para que las familias puedan tomar decisiones de largo plazo y para evitar ciclos en los que el financiamiento hipotecario aumenta y luego vuelve a reducirse.
La discusión se produce después de una medida concreta del Banco Central. La autoridad monetaria informó los resultados de la primera licitación de plazos fijos que, utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, estarán destinados a financiar nuevos créditos hipotecarios UVA.
En esa primera operación participaron 18 bancos, que presentaron 42 ofertas por un total de $258.640 millones. Finalmente se adjudicaron $200.000 millones, equivalentes al 78% del monto ofertado, mientras que cinco de las entidades participantes quedaron fuera de la colocación.
La mayor parte del dinero adjudicado quedó concentrada en el tramo de mayor plazo. El 82% de los $200.000 millones correspondió al denominado Tramo 2, con una duración de cinco años y una tasa promedio ponderada del 4,94% por encima de la inflación medida en UVA.
El 18% restante fue asignado al Tramo 1, cuyo plazo es de un año y contempla un spread del 2,67% más UVA.
El volumen de hogares que potencialmente podrían afrontar una cuota contrasta con la cantidad de créditos que se proyecta colocar. Según las estimaciones expuestas durante el encuentro, el programa del Gobierno nacional podría alcanzar entre 15.000 y 20.000 líneas activas, frente a un universo de más de 500.000 hogares formales con capacidad de pago identificada en el estudio.
El desafío planteado por el sector pasa así por ampliar y sostener el financiamiento, al mismo tiempo que se generan condiciones para que el crédito no quede limitado a las operaciones sobre viviendas usadas y pueda contribuir también a incrementar la oferta de nuevas unidades.
Un estudio presentado durante el II Congreso Argentino de Créditos Hipotecarios estimó que el 31% de los hogares inquilinos del AMBA podría acceder a un crédito hipotecario considerando los criterios y las tasas vigentes en el sistema bancario. La cifra representa unos 1.133.000 hogares con capacidad de pago.
Si el cálculo se limita a los inquilinos formales con ingresos superiores al mínimo requerido por las entidades financieras, el universo se reduce a aproximadamente 556.000 hogares.
El escenario adquiere relevancia frente a la magnitud del déficit habitacional. Las estimaciones mencionadas durante el encuentro ubican en 2,5 millones la demanda potencial de viviendas nuevas en el país, mientras que la continuidad de una política de financiamiento hipotecario podría tener un impacto significativo en el AMBA.
Uno de los principales problemas señalados es que el crédito disponible actualmente se concentra fundamentalmente en la compra de propiedades existentes. El valor promedio de las escrituras realizadas con hipoteca se ubica en torno de los US$97.000, una referencia que muestra el predominio de las operaciones sobre viviendas usadas.
La construcción de unidades nuevas presenta mayores costos y plazos de finalización que pueden dificultar que una familia transfiera o sostenga el financiamiento durante el proceso. De esta manera, la expansión del crédito no necesariamente se traduce de manera inmediata en un aumento equivalente de la oferta de viviendas nuevas.
En este contexto, uno de los planteos surgidos durante el congreso apuntó a desarrollar mecanismos de securitización que permitan ampliar el financiamiento más allá del sistema bancario y recuperar alternativas de hipotecas privadas que tuvieron mayor presencia antes de la crisis de 2001.
Otro de los puntos destacados fue la necesidad de que el crédito tenga continuidad. La previsibilidad sobre la disponibilidad de préstamos durante varios años aparece como una condición para que las familias puedan tomar decisiones de largo plazo y para evitar ciclos en los que el financiamiento hipotecario aumenta y luego vuelve a reducirse.
La discusión se produce después de una medida concreta del Banco Central. La autoridad monetaria informó los resultados de la primera licitación de plazos fijos que, utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, estarán destinados a financiar nuevos créditos hipotecarios UVA.
En esa primera operación participaron 18 bancos, que presentaron 42 ofertas por un total de $258.640 millones. Finalmente se adjudicaron $200.000 millones, equivalentes al 78% del monto ofertado, mientras que cinco de las entidades participantes quedaron fuera de la colocación.
La mayor parte del dinero adjudicado quedó concentrada en el tramo de mayor plazo. El 82% de los $200.000 millones correspondió al denominado Tramo 2, con una duración de cinco años y una tasa promedio ponderada del 4,94% por encima de la inflación medida en UVA.
El 18% restante fue asignado al Tramo 1, cuyo plazo es de un año y contempla un spread del 2,67% más UVA.
El volumen de hogares que potencialmente podrían afrontar una cuota contrasta con la cantidad de créditos que se proyecta colocar. Según las estimaciones expuestas durante el encuentro, el programa del Gobierno nacional podría alcanzar entre 15.000 y 20.000 líneas activas, frente a un universo de más de 500.000 hogares formales con capacidad de pago identificada en el estudio.
El desafío planteado por el sector pasa así por ampliar y sostener el financiamiento, al mismo tiempo que se generan condiciones para que el crédito no quede limitado a las operaciones sobre viviendas usadas y pueda contribuir también a incrementar la oferta de nuevas unidades.
