Un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata analiza la evolución de la educación y el mercado laboral argentino y advierte sobre la dificultad que presenta el país para incrementar la proporción de personas que completan estudios superiores.
Los datos muestran que el promedio de años de educación de la población adulta pasó de 10,4 años en 2003 a 12 años en 2021. Desde entonces, sin embargo, ese indicador prácticamente no avanzó. La mejora registrada durante las primeras dos décadas del período estuvo vinculada principalmente con una mayor expansión de la educación secundaria, sin un crecimiento equivalente en la finalización de estudios terciarios y universitarios.
Actualmente, apenas el 24% de los adultos argentinos completó estudios superiores, frente al 42% registrado en los países de la OCDE. La diferencia es todavía mayor entre las generaciones más jóvenes: entre las personas de 25 a 34 años, solo el 19% alcanzó ese nivel educativo, mientras que el promedio de la OCDE llega al 48%.
La comparación regional también deja a Argentina rezagada. Entre los países considerados, Brasil registra un 24% de jóvenes con estudios superiores completos, México un 29%, Colombia un 37% y Chile un 41%. En este conjunto de 48 países, Argentina ocupa el puesto 46.
La tendencia resulta particularmente relevante porque las generaciones más recientes presentan una menor proporción de graduados universitarios que las anteriores. La tasa de graduación universitaria argentina se ubica en torno del 20%, mientras que en la OCDE se aproxima al 40%.
El problema tampoco parece limitarse a una coyuntura económica determinada. El análisis señala que la reducción de la proporción de egresados es sostenida y que comenzó incluso antes de la recesión económica. Esto apunta a un fenómeno de carácter estructural, cuyo origen se extiende a diferentes etapas del sistema educativo.
La dificultad aparece incluso antes de la llegada a la universidad. Una parte de los estudiantes alcanza la educación terciaria sin contar con las habilidades básicas necesarias para completar con éxito una carrera. En consecuencia, las dificultades acumuladas durante la primaria y la secundaria terminan repercutiendo en las posibilidades de permanencia y graduación en el nivel superior.
Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a mostrar este problema. Según los datos difundidos por la OCDE, Argentina registró un retroceso en matemática, lectura y ciencias respecto de 2022.
El escenario genera una paradoja: mientras aumentó la cantidad de jóvenes que ingresan y terminan la escuela secundaria, no se produjo una mejora equivalente en los aprendizajes adquiridos durante ese proceso.
El diagnóstico también pone el foco en la diferencia entre inclusión y calidad educativa. El aumento de la cantidad de estudiantes dentro del sistema no garantiza por sí mismo que los alumnos incorporen los conocimientos necesarios para continuar su formación. A esto se suma la falta de un crecimiento suficiente del financiamiento, en un sistema que ya presenta dificultades.
La segmentación por nivel socioeconómico constituye otro componente del problema. Las familias de ingresos medios y altos han incrementado su participación en el sistema privado, mientras que la educación pública concentra en mayor medida a sectores de menores ingresos. Esta separación también tiene consecuencias sobre las posibilidades de llegar y completar la universidad.
El abandono de los estudios superiores es significativamente mayor entre los sectores de menores ingresos. Así, aunque el acceso universitario sea formalmente irrestricto, las posibilidades de aprovecharlo no son iguales para todos los estudiantes, debido en parte a las diferencias en la preparación con la que llegan desde los niveles anteriores.
Los datos sobre permanencia universitaria reflejan esa dificultad. De cada 100 estudiantes que comienzan una carrera en Argentina, solo 23 llegan a completarla. En Chile, la proporción alcanza el 76%, mientras que en Brasil llega al 38%.
La magnitud del problema excede el ámbito educativo. Una menor cantidad de graduados implica potencialmente una fuerza laboral con menor nivel de calificación, lo que puede repercutir sobre la productividad, los ingresos y el acceso a empleos de mayor calidad.
También existen consecuencias sobre otras áreas. La educación puede influir en la salud, la calidad de vida y las decisiones económicas de las personas. A nivel agregado, una menor preparación de los trabajadores puede impactar sobre el crecimiento económico, la productividad, el sistema sanitario y, a largo plazo, el sistema previsional.
La particularidad de este déficit es que sus efectos no aparecen inmediatamente. Una crisis económica puede reflejarse rápidamente en el empleo, los salarios o el consumo, mientras que las consecuencias de un deterioro educativo pueden tardar años en hacerse visibles.
Los estudiantes que hoy atraviesan la escuela serán los trabajadores que integrarán el mercado laboral durante las próximas cuatro o cinco décadas. Por eso, las dificultades acumuladas actualmente en materia de aprendizajes y finalización de estudios superiores pueden traducirse en menores niveles de productividad y crecimiento en el futuro.
El desafío, entonces, no pasa únicamente por aumentar la cantidad de personas que ingresan y permanecen dentro del sistema educativo, sino también por lograr que completen su formación y adquieran las capacidades necesarias para desenvolverse en el mercado laboral durante las próximas décadas.
Un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata analiza la evolución de la educación y el mercado laboral argentino y advierte sobre la dificultad que presenta el país para incrementar la proporción de personas que completan estudios superiores.
Los datos muestran que el promedio de años de educación de la población adulta pasó de 10,4 años en 2003 a 12 años en 2021. Desde entonces, sin embargo, ese indicador prácticamente no avanzó. La mejora registrada durante las primeras dos décadas del período estuvo vinculada principalmente con una mayor expansión de la educación secundaria, sin un crecimiento equivalente en la finalización de estudios terciarios y universitarios.
Actualmente, apenas el 24% de los adultos argentinos completó estudios superiores, frente al 42% registrado en los países de la OCDE. La diferencia es todavía mayor entre las generaciones más jóvenes: entre las personas de 25 a 34 años, solo el 19% alcanzó ese nivel educativo, mientras que el promedio de la OCDE llega al 48%.
La comparación regional también deja a Argentina rezagada. Entre los países considerados, Brasil registra un 24% de jóvenes con estudios superiores completos, México un 29%, Colombia un 37% y Chile un 41%. En este conjunto de 48 países, Argentina ocupa el puesto 46.
La tendencia resulta particularmente relevante porque las generaciones más recientes presentan una menor proporción de graduados universitarios que las anteriores. La tasa de graduación universitaria argentina se ubica en torno del 20%, mientras que en la OCDE se aproxima al 40%.
El problema tampoco parece limitarse a una coyuntura económica determinada. El análisis señala que la reducción de la proporción de egresados es sostenida y que comenzó incluso antes de la recesión económica. Esto apunta a un fenómeno de carácter estructural, cuyo origen se extiende a diferentes etapas del sistema educativo.
La dificultad aparece incluso antes de la llegada a la universidad. Una parte de los estudiantes alcanza la educación terciaria sin contar con las habilidades básicas necesarias para completar con éxito una carrera. En consecuencia, las dificultades acumuladas durante la primaria y la secundaria terminan repercutiendo en las posibilidades de permanencia y graduación en el nivel superior.
Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a mostrar este problema. Según los datos difundidos por la OCDE, Argentina registró un retroceso en matemática, lectura y ciencias respecto de 2022.
El escenario genera una paradoja: mientras aumentó la cantidad de jóvenes que ingresan y terminan la escuela secundaria, no se produjo una mejora equivalente en los aprendizajes adquiridos durante ese proceso.
El diagnóstico también pone el foco en la diferencia entre inclusión y calidad educativa. El aumento de la cantidad de estudiantes dentro del sistema no garantiza por sí mismo que los alumnos incorporen los conocimientos necesarios para continuar su formación. A esto se suma la falta de un crecimiento suficiente del financiamiento, en un sistema que ya presenta dificultades.
La segmentación por nivel socioeconómico constituye otro componente del problema. Las familias de ingresos medios y altos han incrementado su participación en el sistema privado, mientras que la educación pública concentra en mayor medida a sectores de menores ingresos. Esta separación también tiene consecuencias sobre las posibilidades de llegar y completar la universidad.
El abandono de los estudios superiores es significativamente mayor entre los sectores de menores ingresos. Así, aunque el acceso universitario sea formalmente irrestricto, las posibilidades de aprovecharlo no son iguales para todos los estudiantes, debido en parte a las diferencias en la preparación con la que llegan desde los niveles anteriores.
Los datos sobre permanencia universitaria reflejan esa dificultad. De cada 100 estudiantes que comienzan una carrera en Argentina, solo 23 llegan a completarla. En Chile, la proporción alcanza el 76%, mientras que en Brasil llega al 38%.
La magnitud del problema excede el ámbito educativo. Una menor cantidad de graduados implica potencialmente una fuerza laboral con menor nivel de calificación, lo que puede repercutir sobre la productividad, los ingresos y el acceso a empleos de mayor calidad.
También existen consecuencias sobre otras áreas. La educación puede influir en la salud, la calidad de vida y las decisiones económicas de las personas. A nivel agregado, una menor preparación de los trabajadores puede impactar sobre el crecimiento económico, la productividad, el sistema sanitario y, a largo plazo, el sistema previsional.
La particularidad de este déficit es que sus efectos no aparecen inmediatamente. Una crisis económica puede reflejarse rápidamente en el empleo, los salarios o el consumo, mientras que las consecuencias de un deterioro educativo pueden tardar años en hacerse visibles.
Los estudiantes que hoy atraviesan la escuela serán los trabajadores que integrarán el mercado laboral durante las próximas cuatro o cinco décadas. Por eso, las dificultades acumuladas actualmente en materia de aprendizajes y finalización de estudios superiores pueden traducirse en menores niveles de productividad y crecimiento en el futuro.
El desafío, entonces, no pasa únicamente por aumentar la cantidad de personas que ingresan y permanecen dentro del sistema educativo, sino también por lograr que completen su formación y adquieran las capacidades necesarias para desenvolverse en el mercado laboral durante las próximas décadas.
