El Ministerio de Capital Humano informó que la reunión fue establecida “conforme al cronograma oportunamente establecido” y señaló que, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Gobierno actuó “en estricto cumplimiento de la normativa y en los términos dispuestos por la Justicia”.
A partir de ese argumento, la cartera que conduce Sandra Pettovello cuestionó la medida de fuerza y sostuvo que “constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino”.
Los gremios universitarios, en cambio, mantienen sus reclamos por la recomposición de los salarios docentes y no docentes y cuestionan el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario. Para las organizaciones sindicales, la demora en la discusión salarial forma parte del conflicto que atraviesa al sector.
El paro previsto para este miércoles se inscribe en un plan de lucha que se viene desarrollando desde comienzos de año, con reclamos vinculados a la pérdida del poder adquisitivo, la actualización de los salarios y el financiamiento de las universidades nacionales.
A fines de julio, Conadu Histórica había resuelto el no inicio del segundo cuatrimestre y un cese total de actividades desde el 6 de agosto. La organización gremial reclamó entonces una recomposición salarial del 30% con cláusula gatillo y cuestionó la falta de convocatoria a la comisión paritaria.
El conflicto salarial se superpone con la discusión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que estableció mecanismos de actualización para los salarios de docentes y no docentes, además de contemplar recursos para las universidades y las becas estudiantiles.
La aplicación de la norma derivó en una disputa judicial. En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligaba al Estado a aplicar disposiciones vinculadas con el incremento salarial del personal docente y no docente, la convocatoria a paritarias y el aumento del presupuesto destinado a becas.
En paralelo, el Gobierno había alcanzado en junio un acuerdo salarial con la mayoría de las organizaciones gremiales universitarias. El entendimiento contempló una recomposición acumulada del 24,33%, distribuida en dos tramos: 21,33% sobre los salarios de mayo y otro 3% en octubre. También incluyó fondos adicionales para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos para hospitales universitarios.
Sin embargo, el acuerdo no logró cerrar el conflicto. Parte del sindicalismo universitario consideró insuficiente la recomposición frente al deterioro acumulado de los salarios y mantuvo el reclamo para recuperar poder adquisitivo.
Con el paro de este miércoles en agenda, el Gobierno pone el foco en la próxima instancia formal de negociación, prevista para el 1° de septiembre, mientras los gremios sostienen el plan de lucha y reclaman una nueva discusión sobre los salarios y el financiamiento del sistema universitario.
El Ministerio de Capital Humano informó que la reunión fue establecida “conforme al cronograma oportunamente establecido” y señaló que, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Gobierno actuó “en estricto cumplimiento de la normativa y en los términos dispuestos por la Justicia”.
A partir de ese argumento, la cartera que conduce Sandra Pettovello cuestionó la medida de fuerza y sostuvo que “constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino”.
Los gremios universitarios, en cambio, mantienen sus reclamos por la recomposición de los salarios docentes y no docentes y cuestionan el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario. Para las organizaciones sindicales, la demora en la discusión salarial forma parte del conflicto que atraviesa al sector.
El paro previsto para este miércoles se inscribe en un plan de lucha que se viene desarrollando desde comienzos de año, con reclamos vinculados a la pérdida del poder adquisitivo, la actualización de los salarios y el financiamiento de las universidades nacionales.
A fines de julio, Conadu Histórica había resuelto el no inicio del segundo cuatrimestre y un cese total de actividades desde el 6 de agosto. La organización gremial reclamó entonces una recomposición salarial del 30% con cláusula gatillo y cuestionó la falta de convocatoria a la comisión paritaria.
El conflicto salarial se superpone con la discusión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que estableció mecanismos de actualización para los salarios de docentes y no docentes, además de contemplar recursos para las universidades y las becas estudiantiles.
La aplicación de la norma derivó en una disputa judicial. En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligaba al Estado a aplicar disposiciones vinculadas con el incremento salarial del personal docente y no docente, la convocatoria a paritarias y el aumento del presupuesto destinado a becas.
En paralelo, el Gobierno había alcanzado en junio un acuerdo salarial con la mayoría de las organizaciones gremiales universitarias. El entendimiento contempló una recomposición acumulada del 24,33%, distribuida en dos tramos: 21,33% sobre los salarios de mayo y otro 3% en octubre. También incluyó fondos adicionales para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos para hospitales universitarios.
Sin embargo, el acuerdo no logró cerrar el conflicto. Parte del sindicalismo universitario consideró insuficiente la recomposición frente al deterioro acumulado de los salarios y mantuvo el reclamo para recuperar poder adquisitivo.
Con el paro de este miércoles en agenda, el Gobierno pone el foco en la próxima instancia formal de negociación, prevista para el 1° de septiembre, mientras los gremios sostienen el plan de lucha y reclaman una nueva discusión sobre los salarios y el financiamiento del sistema universitario.
