La situación se produce en un contexto de fuerte control del gasto público y de subejecución de partidas destinadas a infraestructura. El Gobierno nacional acumuló recursos afectados específicamente a obras mientras priorizó el resultado fiscal y la colocación de fondos en instrumentos financieros.
Entre 2024 y mayo de 2026, el Estado recaudó $375.400 millones mediante el Impuesto a los Combustibles que debían destinarse a obras de infraestructura hidráulica. De ese total, ejecutó $116.000 millones. El resto fue colocado principalmente en deuda del Tesoro.
Un esquema similar afecta al Sistema Vial Integrado (Sisvial), destinado al financiamiento de la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales. En agosto, el Gobierno reconoció que una parte significativa de esos recursos no había sido aplicada a obras y que había sido utilizada para sostener el equilibrio fiscal. Una denuncia judicial estimó que los fondos retenidos o derivados hacia inversiones financieras superan el billón de pesos.
El caso de las represas santacruceñas presenta una diferencia: los recursos ya fueron transferidos desde el exterior. Los US$150 millones aportados por el China Development Bank, ICBC y Bank of China representaban unos $222.000 millones a diciembre y estaban destinados a financiar el avance de los trabajos antes de la renegociación del contrato.
El desembolso se concretó el 29 de diciembre de 2025. Desde entonces, el dinero permanece prácticamente inmovilizado en las cuentas estatales, con desembolsos mínimos destinados a gastos menores. Mientras los fondos continúan generando intereses bancarios, las obras no reciben el financiamiento previsto.
La transferencia era un paso necesario para la reanudación de los trabajos. En enero se había informado que US$136 millones habían ingresado al país, mientras que otros US$14 millones permanecían en China para la adquisición directa de maquinaria y equipamiento.
A la disponibilidad de esos recursos se sumó en marzo la finalización de la renegociación del contrato, después de una disputa económica entre el Estado y las empresas constructoras. Los reclamos incluían compensaciones por las interrupciones provocadas durante la pandemia y por daños derivados de deslizamientos registrados durante la construcción de la represa Néstor Kirchner.
Los reclamos de las constructoras superaban los US$700 millones, frente a una inversión acumulada de aproximadamente US$1.800 millones en las obras. Para resolver la disputa, Enarsa y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) acordaron modificar el contrato original.
La nueva adenda reconoció cerca de US$259,6 millones a favor de la UTE. A cambio, las constructoras aceptaron renunciar a futuros reclamos relacionados con hechos anteriores a julio de 2025, una vez que el Estado completara el pago establecido.
Con el acuerdo cerrado, el Gobierno presentó la modificación contractual como un paso clave para recuperar el ritmo de construcción. La prioridad quedó puesta en la represa Jorge Cepernic, cuyo avance se ubicaba en el 46% y cuya finalización fue estimada para 2030.
La central tendrá una capacidad prevista de 360 MW y una generación estimada de 1.860 GWh anuales para el sistema eléctrico.
Sin embargo, el financiamiento disponible todavía no se tradujo en el reinicio de los trabajos. A pesar de que existe dinero transferido y de que el contrato fue renegociado, los US$150 millones continúan sin ser aplicados al avance de las obras.
Las represas permanecen prácticamente inactivas desde fines de 2023, con tareas limitadas de mantenimiento y seguridad. La paralización también generó un problema adicional: será necesario recomponer los equipos de trabajo, ya que numerosos trabajadores abandonaron la provincia o consiguieron otras fuentes laborales durante este período.
El Gobierno había previsto que la actividad se retomara después de la veda invernal, una vez que las condiciones climáticas permitieran avanzar con las tareas. Hasta ahora, sin embargo, no se registraron movimientos significativos que indiquen una reactivación efectiva del proyecto.
La demora mantiene inmovilizados recursos destinados a una obra de infraestructura energética de gran escala, mientras el Estado continúa administrando esos fondos dentro de sus cuentas y priorizando el equilibrio de las cuentas públicas.
La situación se produce en un contexto de fuerte control del gasto público y de subejecución de partidas destinadas a infraestructura. El Gobierno nacional acumuló recursos afectados específicamente a obras mientras priorizó el resultado fiscal y la colocación de fondos en instrumentos financieros.
Entre 2024 y mayo de 2026, el Estado recaudó $375.400 millones mediante el Impuesto a los Combustibles que debían destinarse a obras de infraestructura hidráulica. De ese total, ejecutó $116.000 millones. El resto fue colocado principalmente en deuda del Tesoro.
Un esquema similar afecta al Sistema Vial Integrado (Sisvial), destinado al financiamiento de la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales. En agosto, el Gobierno reconoció que una parte significativa de esos recursos no había sido aplicada a obras y que había sido utilizada para sostener el equilibrio fiscal. Una denuncia judicial estimó que los fondos retenidos o derivados hacia inversiones financieras superan el billón de pesos.
El caso de las represas santacruceñas presenta una diferencia: los recursos ya fueron transferidos desde el exterior. Los US$150 millones aportados por el China Development Bank, ICBC y Bank of China representaban unos $222.000 millones a diciembre y estaban destinados a financiar el avance de los trabajos antes de la renegociación del contrato.
El desembolso se concretó el 29 de diciembre de 2025. Desde entonces, el dinero permanece prácticamente inmovilizado en las cuentas estatales, con desembolsos mínimos destinados a gastos menores. Mientras los fondos continúan generando intereses bancarios, las obras no reciben el financiamiento previsto.
La transferencia era un paso necesario para la reanudación de los trabajos. En enero se había informado que US$136 millones habían ingresado al país, mientras que otros US$14 millones permanecían en China para la adquisición directa de maquinaria y equipamiento.
A la disponibilidad de esos recursos se sumó en marzo la finalización de la renegociación del contrato, después de una disputa económica entre el Estado y las empresas constructoras. Los reclamos incluían compensaciones por las interrupciones provocadas durante la pandemia y por daños derivados de deslizamientos registrados durante la construcción de la represa Néstor Kirchner.
Los reclamos de las constructoras superaban los US$700 millones, frente a una inversión acumulada de aproximadamente US$1.800 millones en las obras. Para resolver la disputa, Enarsa y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) acordaron modificar el contrato original.
La nueva adenda reconoció cerca de US$259,6 millones a favor de la UTE. A cambio, las constructoras aceptaron renunciar a futuros reclamos relacionados con hechos anteriores a julio de 2025, una vez que el Estado completara el pago establecido.
Con el acuerdo cerrado, el Gobierno presentó la modificación contractual como un paso clave para recuperar el ritmo de construcción. La prioridad quedó puesta en la represa Jorge Cepernic, cuyo avance se ubicaba en el 46% y cuya finalización fue estimada para 2030.
La central tendrá una capacidad prevista de 360 MW y una generación estimada de 1.860 GWh anuales para el sistema eléctrico.
Sin embargo, el financiamiento disponible todavía no se tradujo en el reinicio de los trabajos. A pesar de que existe dinero transferido y de que el contrato fue renegociado, los US$150 millones continúan sin ser aplicados al avance de las obras.
Las represas permanecen prácticamente inactivas desde fines de 2023, con tareas limitadas de mantenimiento y seguridad. La paralización también generó un problema adicional: será necesario recomponer los equipos de trabajo, ya que numerosos trabajadores abandonaron la provincia o consiguieron otras fuentes laborales durante este período.
El Gobierno había previsto que la actividad se retomara después de la veda invernal, una vez que las condiciones climáticas permitieran avanzar con las tareas. Hasta ahora, sin embargo, no se registraron movimientos significativos que indiquen una reactivación efectiva del proyecto.
La demora mantiene inmovilizados recursos destinados a una obra de infraestructura energética de gran escala, mientras el Estado continúa administrando esos fondos dentro de sus cuentas y priorizando el equilibrio de las cuentas públicas.
