El rebrote de contagios por la variante Delta y la ralentización de la inmunización en aquellos países que más avanzaron en sus campañas empujaron a varios Gobiernos y empresas a imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus a toda la población o un sector, especialmente los trabajadores de salud o los que se desarrollan una tarea frente al público.
Si bien los inoculantes que se administran de forma masiva tienen una aprobación de emergencia por los entes reguladores y la propia Organización Mundial de Salud (OMS) debido a la velocidad con lo que se realizaron los ensayos clínicos y la necesidad de una respuesta rápida ante la pandemia, demostraron una alta seguridad, eficacia y calidad que permite tomar estas medidas.
El último en hacerlo fue Estados Unidos, tal como anunció el presidente Joe Biden el jueves pasado, en una decisión que va a alcanzar a las aproximadamente cuatro millones de personas que trabajan para el Gobierno federal.
“Muchos hablan de libertad, pero la libertad también conlleva responsabilidades, así que hay que vacunarse”, enfatizó el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca y agregó: “Esto no es una cuestión entre estados republicanos o demócratas, sino una cuestión de vida o muerte”.
Decretó que millones de empleados federales deben inocularse o cumplir una serie de restricciones: llevar barbijos al trabajo, independientemente de su ubicación, mantener distanciamiento físico con otros empleados y cumplir con un requisito de pruebas de detección semanales o dos veces por semana.
Biden, además, anunció que subsidiará el pago de los días no trabajados por quienes se inmunicen y adelantó que ordenará al Pentágono que estudie la posibilidad de añadir la vacunación obligatoria para los miembros de las Fuerzas Armadas.
Una decisión similar a la del Gobierno federal con sus trabajadores fue anunciada previamente por las autoridades de California, el estado más poblado del país, donde antes del 21 de agosto todos los empleados públicos, incluyendo los del sector sanitario, deberán certificar que fueron inoculados o testearse dos veces por semana y usar tapabocas.
Nueva York hará lo mismo a partir de septiembre, en una iniciativa que alcanzará a todos los trabajadores estatales, incluidos policías, bomberos y maestros, con una línea más estricta para los profesionales de los hospitales que tendrán que inmunizarse sí o sí, sin posibilidad de elegir la opción de las pruebas semanales de coronavirus.
En el sector privado, los gigantes tecnológicos Google y Facebook exigirán que todos sus empleados que desarrollen tareas en sus instalaciones estén inmunizados, en principio en sus sedes de Estados Unidos pero con planes de extenderlo a otras regiones del mundo a medida que avancen las campañas.
El banco estadounidense Morgan Stanley y la cadena de almacenes de lujo Saks Fifth Avenue también obligarán a sus trabajadores a recibir uno de los fármacos, mientras otras grandes firmas como Twitter, Apple o Lyft, una aplicación muy popular de viajes al estilo Uber o Cabify, iban a hacer pero dieron marcha atrás con el regreso de la presencialidad por la expansión de la variante Delta.
En Europa, el país que más avanzó en este sentido es Francia, con una ley impulsada por el presidente Emmanuel Macron y aprobada por el Parlamento que contempla la inoculación obligatoria de los profesionales de la salud y de los que trabajan en contacto con personas vulnerables.
La normativa alcanza un amplio espectro de trabajadores, desde el personal de hospitales públicos y privados, hasta los de geriátricos, bomberos, psicólogos, osteópatas, entre otros, que deberán recibir las dosis antes del 15 de septiembre.
El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, admitió la posibilidad de obligar a los docentes si el porcentaje de vacunados, actualmente en el 80%, no se acerca más al 100%.
Italia, por su parte, ya impuso la inmunización sí o sí para los trabajadores en los centros de salud y farmacéuticos, y Grecia sumó a esta lista a los empleados en residencias de adultos mayores, mientras que una medida similar está en estudio también en Reino Unido ante el rebrote de casos por la transmisión comunitaria de la variante Delta.
Hungría hizo lo mismo para el personal de salud y Rusia determinó que, en las regiones con mayor circulación del virus, los empleados considerados esenciales o que por su actividad están más expuestos deben vacunarse de forma obligatoria, algo que el presidente Vladimir Putin ya descartó extender a nivel nacional.
Fuera de Europa, esta idea también se está expandiendo.
Australia decidió el mes pasado la vacunación obligatoria para el personal de residencias de mayores y empleados de hoteles, mientras que Indonesia anunció que impondrá multas a aquellos que se nieguen a recibir la inyección, algo parecido a lo que decretó Turkmenistán y Tayikistán, en donde la inoculación es obligatoria para todos los mayores de 18 años.
