La publicación se produce en un momento de renovada tensión diplomática y mientras avanza un proyecto petrolero que podría comenzar a producir entre 2027 y 2028. La empresa israelí Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration resolvieron avanzar con la extracción de hidrocarburos, con una previsión de producción de entre 55.000 y 180.000 barriles diarios. Se trata de una operación de miles de millones de dólares, que se desarrollaría sin autorización argentina y en una zona próxima a la Antártida.
El documento, denominado “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocio con las Islas Falkland”), está dirigido a compañías que quieran operar comercialmente en el archipiélago, suministrar bienes o servicios o participar de cualquier manera en el desarrollo de su economía y sus recursos naturales.
El Gobierno británico sostiene que respalda toda actividad económica que considere legítima en las islas y que promueve la participación del sector privado. También reafirma el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y aprovechar sus recursos naturales para beneficio propio, incluidos los hidrocarburos, dentro de lo que Londres considera parte de su derecho a la autodeterminación.
En ese marco, el Reino Unido vuelve a definir a las islas como un Territorio Británico de Ultramar y sostiene que no tiene dudas sobre su propia soberanía sobre el archipiélago y las áreas marítimas circundantes. La guía establece, además, que esa cuestión no será discutida salvo que los propios habitantes de las islas decidan hacerlo.
El documento también sostiene que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas se encuentran reguladas por la legislación local y de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A partir de esa posición, el Gobierno británico reafirma su respaldo a que los habitantes del archipiélago desarrollen esas actividades.
Uno de los puntos centrales de la guía está relacionado con eventuales acciones de la Argentina contra empresas que participen de proyectos en las islas. El Reino Unido reconoce que compañías y particulares podrían recibir comunicaciones de autoridades argentinas por actividades realizadas en el archipiélago o relacionadas con él, pero sostiene que la Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas, aplicar allí su legislación interna ni actuar sobre empresas o personas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con ese territorio.
La guía también recuerda que la Argentina implementó durante los gobiernos kirchneristas medidas destinadas a desalentar la participación de empresas y particulares en actividades comerciales relacionadas con las islas. El Gobierno británico sostiene que esas medidas no impidieron el desarrollo de la economía isleña y cuestiona que tribunales de terceros países puedan ejercer legítimamente jurisdicción respecto de esas disposiciones.
Ante posibles conflictos, Londres anticipa que está dispuesto a intervenir en organismos internacionales y también a actuar directamente ante las empresas que necesiten garantías. Al mismo tiempo, recomienda que las compañías o personas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales de autoridades argentinas recurran a asesoramiento jurídico independiente sobre sus situaciones particulares.
La posición británica contempla además posibles presiones sobre empresas o subsidiarias en terceros países. En esos casos, el Gobierno del Reino Unido señala que está dispuesto a expresar su posición ante las compañías que soliciten garantías respecto de sus actividades consideradas legítimas y legales relacionadas con las islas.
La nueva guía llega después de un cambio en la postura del Gobierno de Javier Milei frente a Londres y las Malvinas. En una primera etapa, la administración libertaria había impulsado un acercamiento y buscado reducir los denominados obstáculos económicos en el Atlántico Sur. En el período más reciente, en cambio, comenzó a adoptar una posición más dura, en un escenario que también está atravesado por la influencia de Donald Trump y sus cuestionamientos al gobierno laborista británico, mientras se aproximan las preparaciones para la campaña presidencial de 2027.
En su mensaje a la Nación, Milei había anticipado un endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas con actividades pesqueras y petroleras en las islas, medidas que fueron establecidas durante el kirchnerismo pero que no llegaron a aplicarse. También firmó un decreto de necesidad y urgencia relacionado con empresas y proveedores presuntamente vinculados con la economía del archipiélago y anunció el envío al Congreso de proyectos destinados a reforzar las sanciones. Hasta el momento, esas iniciativas legislativas no fueron presentadas.
La estrategia argentina incluye además medidas administrativas para dificultar la actividad de compañías vinculadas con proyectos en las islas, entre ellas la posibilidad de impedir futuros contratos en Vaca Muerta, así como acciones judiciales. En ese contexto, el fiscal Carlos Stornelli imputó este martes a varios directivos de empresas que ya habían sido alcanzadas por sanciones argentinas.
El Reino Unido también vincula su posición con la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas. La guía menciona la resolución 2065 de la Asamblea General, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y encuadra la cuestión de las Islas Malvinas dentro de una situación colonial. El antecedente es la resolución 1514, aprobada en 1960, que estableció principios generales sobre la descolonización.
Argentina mantiene todos los años una estrategia diplomática en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y consigue respaldos de distintos países para que ambas partes retomen las negociaciones pacíficas sobre la soberanía. El Gobierno británico, sin embargo, mantiene su negativa a participar de esas conversaciones. Ese respaldo internacional es considerado por Argentina como uno de los principales logros diplomáticos obtenidos desde la derrota militar de 1982.
La guía británica vuelve a sostener que las islas son administradas por el Reino Unido desde 1833, con la interrupción de 1982, y afirma que la Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago. También establece que la legislación argentina no se aplica dentro de las islas y que el Gobierno local es responsable de regular la actividad económica.
El nuevo escenario también está condicionado por las declaraciones de Donald Trump. En las últimas semanas, el ex presidente estadounidense utilizó la cuestión de las Malvinas para presionar al Gobierno británico por su nivel de compromiso económico con la OTAN y planteó que Washington podría reconsiderar su posición de neutralidad frente a la disputa.
Trump también fue consultado sobre la posibilidad de que el aumento de las tensiones entre Argentina y el Reino Unido derivara en un nuevo conflicto. En ese contexto, afirmó que probablemente Estados Unidos sería convocado para intervenir y que podría solucionar una eventual crisis.
Al referirse específicamente a las Malvinas, cuya administración británica se mantiene desde 1833 y cuya soberanía es reclamada por Argentina, Trump recordó que cuando era niño los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de que el Reino Unido volviera a actuar de la misma manera debido a los problemas internos que atraviesa actualmente.
El documento británico aparece así en un momento en que la disputa por las islas vuelve a combinar la cuestión de soberanía con intereses económicos concretos, especialmente alrededor de la actividad petrolera y pesquera, mientras ambos gobiernos profundizan posiciones diferentes sobre el desarrollo de los recursos naturales del Atlántico Sur.
La publicación se produce en un momento de renovada tensión diplomática y mientras avanza un proyecto petrolero que podría comenzar a producir entre 2027 y 2028. La empresa israelí Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration resolvieron avanzar con la extracción de hidrocarburos, con una previsión de producción de entre 55.000 y 180.000 barriles diarios. Se trata de una operación de miles de millones de dólares, que se desarrollaría sin autorización argentina y en una zona próxima a la Antártida.
El documento, denominado “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocio con las Islas Falkland”), está dirigido a compañías que quieran operar comercialmente en el archipiélago, suministrar bienes o servicios o participar de cualquier manera en el desarrollo de su economía y sus recursos naturales.
El Gobierno británico sostiene que respalda toda actividad económica que considere legítima en las islas y que promueve la participación del sector privado. También reafirma el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y aprovechar sus recursos naturales para beneficio propio, incluidos los hidrocarburos, dentro de lo que Londres considera parte de su derecho a la autodeterminación.
En ese marco, el Reino Unido vuelve a definir a las islas como un Territorio Británico de Ultramar y sostiene que no tiene dudas sobre su propia soberanía sobre el archipiélago y las áreas marítimas circundantes. La guía establece, además, que esa cuestión no será discutida salvo que los propios habitantes de las islas decidan hacerlo.
El documento también sostiene que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas se encuentran reguladas por la legislación local y de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A partir de esa posición, el Gobierno británico reafirma su respaldo a que los habitantes del archipiélago desarrollen esas actividades.
Uno de los puntos centrales de la guía está relacionado con eventuales acciones de la Argentina contra empresas que participen de proyectos en las islas. El Reino Unido reconoce que compañías y particulares podrían recibir comunicaciones de autoridades argentinas por actividades realizadas en el archipiélago o relacionadas con él, pero sostiene que la Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas, aplicar allí su legislación interna ni actuar sobre empresas o personas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con ese territorio.
La guía también recuerda que la Argentina implementó durante los gobiernos kirchneristas medidas destinadas a desalentar la participación de empresas y particulares en actividades comerciales relacionadas con las islas. El Gobierno británico sostiene que esas medidas no impidieron el desarrollo de la economía isleña y cuestiona que tribunales de terceros países puedan ejercer legítimamente jurisdicción respecto de esas disposiciones.
Ante posibles conflictos, Londres anticipa que está dispuesto a intervenir en organismos internacionales y también a actuar directamente ante las empresas que necesiten garantías. Al mismo tiempo, recomienda que las compañías o personas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales de autoridades argentinas recurran a asesoramiento jurídico independiente sobre sus situaciones particulares.
La posición británica contempla además posibles presiones sobre empresas o subsidiarias en terceros países. En esos casos, el Gobierno del Reino Unido señala que está dispuesto a expresar su posición ante las compañías que soliciten garantías respecto de sus actividades consideradas legítimas y legales relacionadas con las islas.
La nueva guía llega después de un cambio en la postura del Gobierno de Javier Milei frente a Londres y las Malvinas. En una primera etapa, la administración libertaria había impulsado un acercamiento y buscado reducir los denominados obstáculos económicos en el Atlántico Sur. En el período más reciente, en cambio, comenzó a adoptar una posición más dura, en un escenario que también está atravesado por la influencia de Donald Trump y sus cuestionamientos al gobierno laborista británico, mientras se aproximan las preparaciones para la campaña presidencial de 2027.
En su mensaje a la Nación, Milei había anticipado un endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas con actividades pesqueras y petroleras en las islas, medidas que fueron establecidas durante el kirchnerismo pero que no llegaron a aplicarse. También firmó un decreto de necesidad y urgencia relacionado con empresas y proveedores presuntamente vinculados con la economía del archipiélago y anunció el envío al Congreso de proyectos destinados a reforzar las sanciones. Hasta el momento, esas iniciativas legislativas no fueron presentadas.
La estrategia argentina incluye además medidas administrativas para dificultar la actividad de compañías vinculadas con proyectos en las islas, entre ellas la posibilidad de impedir futuros contratos en Vaca Muerta, así como acciones judiciales. En ese contexto, el fiscal Carlos Stornelli imputó este martes a varios directivos de empresas que ya habían sido alcanzadas por sanciones argentinas.
El Reino Unido también vincula su posición con la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas. La guía menciona la resolución 2065 de la Asamblea General, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y encuadra la cuestión de las Islas Malvinas dentro de una situación colonial. El antecedente es la resolución 1514, aprobada en 1960, que estableció principios generales sobre la descolonización.
Argentina mantiene todos los años una estrategia diplomática en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y consigue respaldos de distintos países para que ambas partes retomen las negociaciones pacíficas sobre la soberanía. El Gobierno británico, sin embargo, mantiene su negativa a participar de esas conversaciones. Ese respaldo internacional es considerado por Argentina como uno de los principales logros diplomáticos obtenidos desde la derrota militar de 1982.
La guía británica vuelve a sostener que las islas son administradas por el Reino Unido desde 1833, con la interrupción de 1982, y afirma que la Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago. También establece que la legislación argentina no se aplica dentro de las islas y que el Gobierno local es responsable de regular la actividad económica.
El nuevo escenario también está condicionado por las declaraciones de Donald Trump. En las últimas semanas, el ex presidente estadounidense utilizó la cuestión de las Malvinas para presionar al Gobierno británico por su nivel de compromiso económico con la OTAN y planteó que Washington podría reconsiderar su posición de neutralidad frente a la disputa.
Trump también fue consultado sobre la posibilidad de que el aumento de las tensiones entre Argentina y el Reino Unido derivara en un nuevo conflicto. En ese contexto, afirmó que probablemente Estados Unidos sería convocado para intervenir y que podría solucionar una eventual crisis.
Al referirse específicamente a las Malvinas, cuya administración británica se mantiene desde 1833 y cuya soberanía es reclamada por Argentina, Trump recordó que cuando era niño los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de que el Reino Unido volviera a actuar de la misma manera debido a los problemas internos que atraviesa actualmente.
El documento británico aparece así en un momento en que la disputa por las islas vuelve a combinar la cuestión de soberanía con intereses económicos concretos, especialmente alrededor de la actividad petrolera y pesquera, mientras ambos gobiernos profundizan posiciones diferentes sobre el desarrollo de los recursos naturales del Atlántico Sur.
