Uno de los principales puntos señalados es la situación del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a financiar este tipo de trabajos. Según la organización, el fondo se encuentra desfinanciado. El planteo no exige necesariamente mantener ese mecanismo, sino asegurar los recursos para realizar las obras mediante la herramienta que el Gobierno considere adecuada.
La propuesta fue presentada junto con Cáritas y distintos bloques parlamentarios y contempla declarar la emergencia en los barrios populares para garantizar la continuidad de las intervenciones. Según sus impulsores, más de diez bloques y cerca de 140 diputados respaldan la iniciativa.
El objetivo es sostener las obras en zonas donde las familias tienen dificultades para acceder a servicios básicos. De acuerdo con los datos expuestos, alrededor de 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con problemas de infraestructura y acceso a servicios esenciales.
La situación también impacta en la asistencia escolar. Las dificultades para transitar los accesos durante las lluvias, las conexiones eléctricas precarias y la falta de servicios básicos pueden afectar la posibilidad de que los estudiantes lleguen con normalidad a las escuelas.
El proyecto presentado ante el Congreso propone incorporar los recursos de manera gradual. Sus impulsores estiman que la inversión necesaria sería inferior al 1% del PBI y remarcan que no se plantea realizar todo el desembolso de manera inmediata.
La iniciativa ya fue presentada ante funcionarios nacionales y sus autores manifestaron su disposición a discutir modificaciones. El objetivo planteado es garantizar agua potable, electricidad segura, mejores condiciones habitacionales y accesos adecuados para que los chicos puedan concurrir a la escuela incluso durante los días de lluvia.
Uno de los principales puntos señalados es la situación del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a financiar este tipo de trabajos. Según la organización, el fondo se encuentra desfinanciado. El planteo no exige necesariamente mantener ese mecanismo, sino asegurar los recursos para realizar las obras mediante la herramienta que el Gobierno considere adecuada.
La propuesta fue presentada junto con Cáritas y distintos bloques parlamentarios y contempla declarar la emergencia en los barrios populares para garantizar la continuidad de las intervenciones. Según sus impulsores, más de diez bloques y cerca de 140 diputados respaldan la iniciativa.
El objetivo es sostener las obras en zonas donde las familias tienen dificultades para acceder a servicios básicos. De acuerdo con los datos expuestos, alrededor de 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con problemas de infraestructura y acceso a servicios esenciales.
La situación también impacta en la asistencia escolar. Las dificultades para transitar los accesos durante las lluvias, las conexiones eléctricas precarias y la falta de servicios básicos pueden afectar la posibilidad de que los estudiantes lleguen con normalidad a las escuelas.
El proyecto presentado ante el Congreso propone incorporar los recursos de manera gradual. Sus impulsores estiman que la inversión necesaria sería inferior al 1% del PBI y remarcan que no se plantea realizar todo el desembolso de manera inmediata.
La iniciativa ya fue presentada ante funcionarios nacionales y sus autores manifestaron su disposición a discutir modificaciones. El objetivo planteado es garantizar agua potable, electricidad segura, mejores condiciones habitacionales y accesos adecuados para que los chicos puedan concurrir a la escuela incluso durante los días de lluvia.
