La administración británica sostuvo que el procedimiento representa un nuevo intento de afectar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas. Frente a ese planteo, la Cancillería argentina reivindicó el uso de los mecanismos jurídicos internacionales y sostuvo que la decisión responde a la disputa existente entre ambos países.
El Gobierno recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia. También mencionó la Resolución 31/49, que pidió a ambas partes evitar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación permanezca abierto.
En ese sentido, la Cancillería sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye una modificación unilateral de las condiciones existentes.
Según la posición argentina, esta cuestión fue planteada previamente por canales diplomáticos. Ante la negativa británica a retomar el diálogo, el Gobierno decidió recurrir a los mecanismos jurídicos contemplados en la Convención aplicable.
La administración de Javier Milei también cuestionó el uso del principio de libre determinación de los pueblos por parte del Reino Unido en relación con las islas y rechazó su aplicación a los habitantes actuales del territorio.
Otro de los puntos planteados por el Gobierno estuvo relacionado con el cuestionamiento británico a la confiabilidad de Argentina como socio internacional. La Cancillería rechazó esa interpretación y sostuvo que la confiabilidad de un Estado debe evaluarse a partir del cumplimiento de los compromisos que asumió.
En esa línea, afirmó que Argentina actúa de acuerdo con un tratado del que ambos países forman parte y con el principio de solución pacífica de las controversias.
El Gobierno también planteó que recurrir a un tribunal internacional constituye una vía compatible con las obligaciones internacionales asumidas por los dos Estados, frente a la posibilidad de desacreditar el mecanismo previsto para resolver las diferencias.
Por último, Argentina reiteró su disposición a retomar las negociaciones bilaterales por la Cuestión de las Islas Malvinas, en línea con los llamados realizados por las Naciones Unidas.
Mientras tanto, el Gobierno afirmó que continuará defendiendo sus derechos mediante el diálogo, la diplomacia y los mecanismos establecidos por el derecho internacional.
La administración británica sostuvo que el procedimiento representa un nuevo intento de afectar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas. Frente a ese planteo, la Cancillería argentina reivindicó el uso de los mecanismos jurídicos internacionales y sostuvo que la decisión responde a la disputa existente entre ambos países.
El Gobierno recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia. También mencionó la Resolución 31/49, que pidió a ambas partes evitar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación permanezca abierto.
En ese sentido, la Cancillería sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye una modificación unilateral de las condiciones existentes.
Según la posición argentina, esta cuestión fue planteada previamente por canales diplomáticos. Ante la negativa británica a retomar el diálogo, el Gobierno decidió recurrir a los mecanismos jurídicos contemplados en la Convención aplicable.
La administración de Javier Milei también cuestionó el uso del principio de libre determinación de los pueblos por parte del Reino Unido en relación con las islas y rechazó su aplicación a los habitantes actuales del territorio.
Otro de los puntos planteados por el Gobierno estuvo relacionado con el cuestionamiento británico a la confiabilidad de Argentina como socio internacional. La Cancillería rechazó esa interpretación y sostuvo que la confiabilidad de un Estado debe evaluarse a partir del cumplimiento de los compromisos que asumió.
En esa línea, afirmó que Argentina actúa de acuerdo con un tratado del que ambos países forman parte y con el principio de solución pacífica de las controversias.
El Gobierno también planteó que recurrir a un tribunal internacional constituye una vía compatible con las obligaciones internacionales asumidas por los dos Estados, frente a la posibilidad de desacreditar el mecanismo previsto para resolver las diferencias.
Por último, Argentina reiteró su disposición a retomar las negociaciones bilaterales por la Cuestión de las Islas Malvinas, en línea con los llamados realizados por las Naciones Unidas.
Mientras tanto, el Gobierno afirmó que continuará defendiendo sus derechos mediante el diálogo, la diplomacia y los mecanismos establecidos por el derecho internacional.
